Aquellos que sienten odio por la mujer (

En las últimas semanas, la Comunidad Valenciana ha vuelto a ocupar titulares por varios casos de violencia de género que han dejado una profunda indignación social. En Xilxes (Castellón), una mujer fue presuntamente asesinada por su expareja, quien habría incumplido una orden de alejamiento. En el mismo hecho, su hija menor también perdió la vida. Días antes, en Benicàssim, una enfermera fue apuñalada por su expareja dentro de su propio centro de trabajo.

Estos casos, junto con otros asesinatos confirmados en España en este inicio de 2026, muestran que no estamos frente a hechos aislados. Lo que vemos es la manifestación de un problema profundo que persiste, incluso con un marco legal amplio y con juzgados especializados.

La repetición de estos crímenes obliga a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué, aun con leyes avanzadas y mecanismos judiciales específicos, no se logra evitar que ocurran estos desenlaces? La respuesta no es sencilla, pero pasa por reconocer que la violencia de género no es únicamente un asunto penal. Es, ante todo, el reflejo de desigualdades que siguen arraigadas en la estructura social.

Hablar de una “solución” implica entender que no se trata solo de castigar delitos. La violencia de género está vinculada a dinámicas de poder, a patrones culturales que se transmiten generación tras generación y a una desigualdad que muchas veces se normaliza en lo cotidiano. Desde esta perspectiva, el Derecho es indispensable, pero por sí solo no basta. Necesita formar parte de una estrategia más amplia que actúe antes, durante y después de que la violencia se manifieste.

Esto supone construir un sistema verdaderamente integral. Por un lado, está la prevención: intervenir desde la educación y los procesos de socialización para desmontar la idea de que el control, la dominación o la violencia simbólica son aceptables. Por otro lado, la atención y protección a las víctimas, garantizando apoyo social, sanitario, jurídico y económico real y accesible. Y, finalmente, la respuesta penal, que sanciona las conductas y protege cuando el daño ya se ha producido.

En este entramado, la coordinación institucional resulta clave. No basta con que actúe solo el sistema judicial. Es necesaria la participación articulada de administraciones públicas, servicios sociales, escuelas, personal sanitario, fuerzas de seguridad y órganos judiciales. La violencia de género no admite respuestas fragmentadas; requiere una intervención constante, preventiva y protectora.

Otro punto central es la protección efectiva de las víctimas. No se trata únicamente de perseguir al agresor, sino de garantizar condiciones reales de seguridad, autonomía y recuperación. Muchas veces, la dependencia económica o emocional se convierte en un obstáculo para romper el ciclo de violencia. Por eso, el acceso a información clara, asesoría jurídica gratuita, medidas laborales y apoyos económicos no es un complemento: es parte esencial de la solución.

También es importante cuestionar la idea de que la denuncia o el castigo penal, por sí solos, puedan erradicar el problema. La experiencia demuestra que el proceso judicial suele intervenir cuando el daño ya ocurrió. Además, muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o sensación de desprotección. El Derecho cumple una función necesaria, sancionar, disuadir y proteger en el corto plazo, pero no puede transformar por sí mismo las causas estructurales de la violencia.

Debido a esto, el remedio auténtico requiere un cambio social de gran calado. Conlleva examinar los patrones culturales que justifican la inequidad, reformular los métodos de enseñanza y consolidar la paridad efectiva entre varones y mujeres en cada esfera: la formativa, la profesional, la doméstica y la representativa. Se trata de un camino extenso que demanda estrategias estatales continuas, involucramiento de las instituciones y una intervención dinámica de la ciudadanía.

En este contexto, el Derecho no es el único instrumento, sino una pieza dentro de un esfuerzo más amplio. Su papel es indispensable para proteger y sancionar, pero no puede sustituir la prevención ni la educación. De hecho, el éxito no debería medirse por el número de condenas, sino por la capacidad de evitar que la violencia llegue a producirse.

En consecuencia, la respuesta no puede reducirse a más leyes o penas más severas. Se necesita un enfoque multidimensional: educación en igualdad desde edades tempranas, sensibilización constante, detección temprana de riesgos, protección integral y coordinación efectiva entre instituciones, junto con un sistema penal especializado que actúe cuando lo anterior ha fallado.

Solo desde esta visión integral será posible avanzar hacia una sociedad donde la violencia de género deje de ser un fenómeno estructural. La clave no está únicamente en castigar al agresor, sino en impedir que la violencia se genere, se normalice y se repita. La solución, en el fondo, es social, cultural y política, no solo jurídica. Son vitales, que las políticas de seguridad y control de la criminalidad en este contexto se mantengan a largo plazo. Sin consenso político y social no abra solución.