Ncia: cuatro consultas en dos meses. (
Política
El Ayuntamiento justifica a preguntas de Compromís su existencia con el hecho de que la Policía Local ha gestionado 615 intervenciones relacionadas con llamadas por ocupaciones o entradas ilegales
La alcaldesa de València, María José Catalá, visita la Oficina Antiocupación.
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de València recibió desde mediados del mes de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 –durante dos meses y medio– cuatro solicitudes de información. En noviembre del 2025, en materia de usurpación, la oficina recibió una llamada telefónica y un correo electrónico y, ese mismo mes, en materia de morosidad en el pago del alquiler, recibió otra llamada telefónica y otro mail. Así se desprende de una respuesta del Consistorio a las preguntas del concejal de Compromís Ferran Puchades, que cuestionaba el funcionamiento de este organismo creado el año pasado por el gobierno local de PP y Vox.
En la misma respuesta a la que ha tenido acceso este periódico se justifica la creación de esta oficina con datos no de la propia oficina, sino de la policía local. Así, el Ayuntamiento apunta que no obstante lo anterior [cuatro peticiones de información en dos meses y medio], la Sala 092 [donde se centralizan las llamadas de ciudadanos a la policía local] ha gestionado 615 intervenciones relacionadas con llamadas por ocupaciones o entradas ilegales en viviendas de la ciudad de València, lo cual pone de manifiesto que existe inquietud social sobre este fenómeno, pero desconocimiento sobre las herramientas puestas a disposición de la ciudadanía”. Una manera de justificar que el problema existe, pero que la ciudadanía no conoce la existencia de la oficina.
De hecho, la respuesta acaba señalando que “con objeto de prestar un mejor servicio, la Sala 092 ya trabaja conjuntamente con la Oficina Antiocupación para canalizar a esta última la información para su gestión y seguimiento”.
El Ayuntamiento advierte que la preocupación social por este fenómeno
No es la primera pregunta de Compromís sobre este anuncio que a bombo y plantillo hizo el equipo de gobierno que preside María José Catalá en marzo del año pasado. Sin embargo, la falta de unificación de las respuestas dificulta una valoración del trabajo de dicha oficina.
En octubre del pasado año, el equipo de gobierno contestó que en los primeros meses de creación del organismo antiocupas se recibieron 87 peticiones de información: 10 correos electrónicos, 70 llamadas, tres solicitudes en la sede electrónica y cuatro personas que acudieron de forma presencial. De ellas, hay que señalar que una decena fueron de inmuebles en otras localidades y una de las preguntas de un medio de comunicación.
Con todo, respecto a las modalidades de ocupación, se matizaba que se registraron, en esos primeros meses, 18 solicitudes de información “en cuanto a la modalidad de usurpación” y una “en la modalidad de allanamiento”. Respecto a las ocupaciones por “morosidad en el pago del alquiler” (lo que PP y Vox llaman inquiocupación), la respuesta detalla que no son competencia de esta oficina.
Ese mismo día de octubre, el gobierno local respondía que desde su puesta en funcionamiento se habían ejecutado un total de 8 actuaciones, de las cuales 2 fueron gestionadas a través de la sede electrónica, 3 por correo electrónico y 3 mediante llamadas telefónicas.
Compromís cuestiona el uso de dos agentes
Ante unos números aparentemente bajos, el ejecutivo local añadía en su respuesta que la cifra a la que se ha aludido anteriormente “son aquellas ocupaciones ilegales que se han tramitado de forma directa por esta oficina, sin perjuicio de aquellas otras ocupaciones ilegales que puedan dar lugar a intervenciones de las diferentes comisarías de distrito, y de las que se tiene conocimiento por otros cauces”.
Unos números que no convencen a Compromís, que ayer denunció que la oficina ha recibido desde su creación un total de 19 solicitudes para un servicio que ocupa de manera completa la jornada de dos agentes de la policía local y de diez más de manera parcial.
