Financiación: Valencia no puede esperar
Durante más de una década, la financiación autonómica ha sido objeto de anuncios, informes y mesas de negociación que nunca terminaban de traducirse en decisiones reales. Demasiados debates técnicos interminables han servido como excusa para aplazar soluciones que ya estaban plenamente justificadas con datos empíricos. Como trasladé en su momento a la entonces ministra Nadia Calviño, el problema valenciano no necesita más diagnósticos ni nuevas comisiones de expertos: necesita voluntad política y decisiones valientes.
La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana no es una percepción subjetiva ni una reivindicación partidista. Es una realidad acreditada de forma reiterada por informes independientes, análisis académicos y estudios económicos de instituciones de distinto signo. A igualdad de competencias, los valencianos reciben menos recursos por habitante que la media nacional. Esa anomalía estructural ha obligado a la Generalitat a endeudarse año tras año simplemente para garantizar servicios públicos básicos en condiciones similares al resto de España.
El resultado es una paradoja difícil de justificar: una comunidad dinámica, abierta, exportadora y con un potente tejido empresarial aparece simultáneamente como una de las más endeudadas del país. No por gastar más ni por gestionar peor, sino por recibir sistemáticamente menos recursos. El problema, por tanto, nunca ha sido el gasto; ha sido un sistema que ha penalizado estructuralmente a los ciudadanos valencianos.
Sin embargo, el verdadero bloqueo no ha sido técnico, sino político. Durante años, las posiciones partidistas han condicionado cualquier avance real. Los debates sobre financiación autonómica se han desarrollado y siguen haciendolo, mirando más a Génova o a Ferraz que a las necesidades reales de los ciudadanos. Esa dependencia del debate central ha impedido acuerdos que eran evidentes desde el punto de vista económico. Ni siquiera fuerzas políticas que han hecho bandera de una mayor autonomía, como Compromís, han sido capaces de transformar esa reivindicación en soluciones efectivas que corrigieran la infrafinanciación.
La Comunitat Valenciana ha quedado atrapada entre equilibrios nacionales y cálculos electorales ajenos a su realidad. Y, sin embargo, pocas cuestiones están tan justificadas como esta para ocupar un lugar prioritario en el debate nacional. No hablamos de privilegios territoriales ni de excepciones, sino de equidad básica entre ciudadanos españoles. Numerosos estudios coinciden sin matices: el actual modelo sitúa de forma sistemática a la Comunitat Valenciana por debajo de la media de financiación.
Resulta innegable que la iniciativa vigente apareció tras una notificación del Gobierno central en el ámbito de pactos políticos con Esquerra Republicana. Sin embargo, por esa misma razón la Comunitat Valenciana no está obligada a colocarse de entrada en la oposición. Lo que nuestra vivencia ha confirmado es que si no podemos, desde esta Comunidad, plantear discusiones de ámbito nacional y encabezar respuestas propias, otras zonas toman ese lugar y establecen el calendario. La financiación autonómica requiere dejar de ser una disputa influenciada por el autor de la idea para convertirse en un intercambio sobre lo que ayuda de verdad a los ciudadanos valencianos.
En este contexto, la propuesta del Gobierno central para avanzar hacia una reforma del sistema debe analizarse desde el interés general y no desde la confrontación política. Es una propuesta mejorable, sin duda, pero supone algo que durante años parecía imposible: el reconocimiento implícito de la infrafinanciación histórica valenciana. Y ese reconocimiento abre una oportunidad real para empezar a corregir una injusticia estructural.
Decir sí a una propuesta que mejora la posición valenciana no significa renunciar a seguir exigiendo más. Significa actuar con responsabilidad institucional. Rechazar avances por cálculo político solo prolongaría un modelo que todos —sin excepción— reconocen como insuficiente e injusto.
La reforma avanza además hacia criterios más ligados a la realidad de prestación de servicios públicos: población ajustada, crecimiento demográfico o presión sobre sanidad y educación. Estos factores reflejan con mayor precisión la situación de una comunidad que ha crecido por encima de la media nacional y que soporta una elevada demanda de servicios públicos sin disponer de financiación equivalente.
Ahora bien, cualquier solución seria debe abordar también el problema acumulado durante años. Tal y como ha señalado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), una parte sustancial de la deuda autonómica valenciana tiene su origen directo en la infrafinanciación estructural. No es deuda derivada de decisiones discrecionales, sino consecuencia de un sistema injusto. Por ello, la condonación parcial o la reestructuración de esa deuda no constituye un privilegio, sino una corrección necesaria de una anomalía histórica.
Sin ese ajuste, incluso un nuevo modelo de financiación nacería condicionado por una carga financiera que seguiría limitando la capacidad inversora y el desarrollo futuro de la Comunitat Valenciana. Resolver la financiación sin abordar la deuda sería, en realidad, dejar el problema a medio camino.
Desde una perspectiva económica y empresarial, una Generalitat financieramente equilibrada significa estabilidad institucional, mayor capacidad inversora y un entorno más atractivo para la inversión. La financiación autonómica no es solo un debate institucional; es un elemento clave para la competitividad territorial, la generación de empleo y el crecimiento económico.
La Generalitat Valenciana debería, por tanto, liderar una posición constructiva y firme: apoyar una propuesta que mejora objetivamente la situación actual, exigir garantías de convergencia real hacia la media y situar definitivamente el problema valenciano en el centro del debate nacional. Durante demasiado tiempo se ha aceptado una posición periférica en una discusión que afecta directamente al bienestar de millones de ciudadanos.
La Comunitat Valenciana ha demostrado históricamente capacidad de consenso cuando se trata de defender intereses comunes. Hoy existe una oportunidad real, respaldada por evidencia empírica y por estudios de múltiples instituciones, para empezar a corregir una desigualdad ampliamente reconocida.
El futuro de la Comunitat Valenciana empezará a cambiar el día que dejemos de reaccionar negativamente a los debates nacionales y empecemos a liderarlos”
La verdadera cuestión ya no es si el sistema actual es injusto —eso nadie lo discute—, sino si estamos dispuestos a actuar cuando se abre una ventana de solución. Y en este momento, decir sí, no es alinearse con un gobierno u otro; es alinearse con los ciudadanos valencianos y con su derecho a una financiación justa tras demasiados años de espera.
El futuro de la Comunitat Valenciana empezará a cambiar el día que dejemos de reaccionar negativamente a los debates nacionales y empecemos a liderarlos.