La sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictado una medida cautelarísima, que momentáneamente evita el derribo del Club de Mar de Sitges, instado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Demarcación de Costas. La Fiscalía y el Ministerio disponen de tres días para recurrir la resolución del tribunal catalán.
La ofensiva judicial iniciada por el Club de Mar de Sitges procede al margen de las reuniones que tanto la Federació Catalana de Vela como la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) mantienen con todos los grupos políticos, tanto en el Parlament, como en el Congreso de los Diputados.
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Por su parte, el Ayuntamiento de Sitges, que preside la republicana Aurora Carbonell, ha iniciado un incidente de ejecución en el procedimiento judicial ante el TSJC y ha enviado un requerimiento a la Demarcación de Costas donde se solicita formalmente el cese de la actuación prevista para el día 2 de junio.
En paralelo, la alcaldesa ha anunciado que trabajan en una moción conjunta de todos los grupos municipales para instar a la Generalitat a que agilice la tramitación del equipamiento socio-deportivo como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) una catalogación superior a la local que ostenta actualmente.
Mientras, liderado por el grupo parlamentario de Junts en el Congreso, se debate la necesidad de modificar la Ley de Costas, para permitir la actividad deportiva reglada de los clubes náuticos ubicados en las playas. De este modo podría eludirse los hasta ahora siete requerimientos inminentes de derribo, a los que seguirían otro medio centenar de instalaciones.
