Hay personas que prefieren apartar la vista cuando su perro defeca en plena calle. Fingir que no han visto nada o confiar en que nadie los observe se ha convertido en una estrategia frecuente para eludir una obligación básica. Esta actitud, que combina comodidad y descuido, genera conflictos en la convivencia urbana y en la limpieza de las ciudades.
A pesar de que la mayoría de propietarios actúan con responsabilidad, una minoría sigue dejando los excrementos sin recoger, lo que ha llevado a numerosos ayuntamientos a endurecer las sanciones. Las autoridades locales insisten en que mantener las calles limpias no es solo una cuestión de estética, sino también de salud pública.
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Las multas se disparan en las principales ciudades españolas
En las principales ciudades españolas, las ordenanzas municipales fijan sanciones que varían notablemente. En Madrid, la actual normativa de limpieza establece que quien no recoja las deyecciones de su perro puede enfrentarse a multas de entre 751 y 1.500 euros, al considerarse una infracción grave. En Barcelona, las sanciones oscilan entre 300 y 1.803,04 euros cuando la infracción se produce en zonas sensibles, como parques infantiles.
Las ciudades medianas también se suman al endurecimiento de sanciones
En Valencia, la Ley de Bienestar Animal de la Comunidad Valenciana contempla multas de 100 a 3.000 euros, mientras que en Sevilla la penalización se sitúa entre 75 y 500 euros según la ordenanza local. En Bilbao, la cuantía va de 30,05 a 300,51 euros, y en Zaragoza las sanciones oscilan entre 50 y 750 euros. Málaga ha endurecido especialmente sus normas: las multas pueden alcanzar los 3.000 euros si además de no recoger los excrementos no se limpia el orín del animal.
En Palma de Mallorca, abandonar las heces o no diluir los orines puede costar entre 750 y 1.500 euros, cifras similares a las de Toledo, donde el incumplimiento puede llegar a esa misma cantidad. En Córdoba, la sanción va de 60 a 300 euros, mientras que en Valladolid y Vigo se sitúa en torno a los 150 euros. Otras ciudades, como San Sebastián o Cádiz, mantienen franjas entre los 50 y los 500 euros.
Aunque cada ayuntamiento regula con autonomía, la tendencia es común: endurecer las multas para frenar un comportamiento que ensucia calles y parques. Algunos municipios han introducido incluso la identificación por ADN de los animales para localizar a los infractores. Sin embargo, como indica un estudio realizado por Pipper on Tour con cifras oficiales, rara vez se aplican este tipo de sanciones, ya que de media se estima que se ponen menos de dos al mes.
La nueva Ley de Bienestar Animal ha unificado criterios y ha fijado un marco sancionador a escala nacional. El artículo 26 de la norma considera leve la infracción de no recoger los excrementos, pero prevé multas de entre 500 y 10.000 euros según la gravedad del caso. Además, obliga a los propietarios a limpiar con productos biodegradables la zona afectada.
Con esta regulación, el Estado pretende eliminar las diferencias excesivas entre municipios y reforzar el civismo urbano. En conjunto, el endurecimiento de las sanciones busca disuadir a los pocos que todavía se hacen los tontos cuando su perro hace caca, una actitud que hoy puede salir muy cara.