Un grupo de expertos sobre cambio climático elegido por el Parlament ha delimitado la senda que deben seguir las diferentes actividades económicas para que Catalunya logre la neutralidad climática a mitad de siglo. Ellos han elaborado la primera propuesta sobre las emisiones máximas admisibles para contener el calentamiento, con el fin de determinar las cuotas o presupuestos de carbono disponibles hasta el 2035. Y las conclusiones son claras: las emisiones de gases invernadero deberían reducirse un 8% al año (desde el 2021 hasta 2035) para seguir esa senda virtuosa. La cifra contrasta con la disminución del 0,2% en 2022, el último año con datos disponibles.
La planificación de este grupo de expertos establece las cuotas quinquenales de emisiones de gases disponibles para no superar el umbral de subida de temperaturas peligroso o catastrófico (de 1,5 ºC por encima de la era preindustrial).
Una reducción de emisiones del 42% en 2030 y del 67% en 2035
La meta marcada es una reducción de emisiones del 42% en 2030 y del 67% en 2035 ( siempre respecto a 1990), como hitos para lograr la neutralidad climática en 2050. Los últimos años, las emisiones han permanecido estables en Catalunya, y en 2022 estaban un 4% por encima de las de 1990.
Según ese cálculo, Catalunya podrá emitir 403,2 millones de toneladas de CO2 equivalente en el período 2021-2035. Y, dado que ahora arroja a la atmósfera 40,4 millones de toneladas de CO2 eq/año (2022), eso significa que la cuota o presupuesto de carbono hasta el 2035 “se agotaría en ocho años aproximadamente” en lugar de quince.
Y por eso se necesitan recortes que comportan “políticas públicas muy ambiciosas” en materia de energía, fuentes renovables, transporte público y colectivo, fiscalidad ambiental y rehabilitación de edificios con criterios de participación que garanticen modelos de consumo racionales, dice el informe.
Jordi Solé Ollé, uno de los miembros de este grupo de expertos, resalta que “ya no podemos esperar más para actuar contra el cambio climático” y que “debemos aplicar planes de descarbonización urgentes desde este mismo año, porque tenemos el tiempo justo”.
Este investigador en Oceanografía Física y Tecnológica del Institut de Ciències del Mar (CSIC), señala que esta tarea no solo es responsabilidad de los políticos y las oenegés, sino también de todos los sectores sociales y económicos. “Esto implica hacer esfuerzos; pero son escenarios que nos llevan a buen puerto, pues suponen anticiparnos a los impactos del cambio climático”, añade.
La meta es factible y plausible. Reducir emisiones aporta grandes ventajas y efectos positivos para la sociedad; y eso se debe explicar
Lograr una reducción global del 67% de emisiones en Catalunya para el 2035 puede parecer imposible, pero Solé sostiene que esta es una meta “factible y plausible”, que encaja con la contribución que exige la ONU al norte global, que se ajusta a las metas europeas y que es congruente con “nuestra responsabilidad histórica”. “Reducir emisiones aporta grandes ventajas y efectos positivos para la sociedad; y eso se debe explicar”, aduce este ex profesor de Física Aplicada de la UPC.
La propuesta es ambiciosa, pero las acciones que se proponen son “progresivas, racionales y aplicables” para transformar el modelo energético, de transporte y demás.
Su gran argumento es que si se retrasa la acción para lograr emisiones netas cero en 2050, los esfuerzos futuros “deberán ser más rápidos, urgentes, intensos y difíciles de implementar”,
También sostiene que activar estas acciones en esta década y en la siguiente es necesario, pues “nos permitirá estar mejor preparados que en la década de 2040”, período para el que augura muchas “más incertidumbres internacionales” y en los escenarios de cambio climático.
El modelo que se emplea prescinde de las nucleares, y toma en consideración un esquema de electricidad 100% renovables (considerando las interconexiones eléctricas) y una propuesta de mayor eficiencia e intensidad de la energía. El gran problema es que “estamos electrificando los sectores de la industria y el transporte”, admite Solé.
“No basta solo con instalar renovables, sino que se requiere generalizar la electrificación; si no, se puede producir un efecto indeseado: el ‘curtailment’”, la restricción causada por un exceso de oferta o una bajada de demanda.
La propuesta exige reducciones de gases del 89% en energía, 66% en el transporte y 72% en la industria
La propuesta señala el reto de reducir las emisiones de gases un 89% en el sector de la energía, meta nada desdeñable dado el escaso avance de las renovables en Catalunya. Además, reclama centrar la acción en los sectores del transporte, la industria y la agricultura y ganadería (que deben registrar recortes de emisiones del 66%, el 72% y el 41%). En este sentido, resulta clave “poner énfasis en el transporte colectivo y en los modos de transporte más eficientes” y acelerar la reconversión de la petroquímica dentro de una estrategia para electrificar la economía.
También se propone adelantar nuevas reducciones de gases para 2040 (hasta disminuirlas un 86%), con criterios decrecentistas.
“Podríamos aprovechar la madurez del sistema para transitar hacia una economía estacionaria reduciendo aún más las emisiones”, añade Ollé. “De esta forma, además, de descarbonizar, acabaríamos con la necesidad de importar una pequeña cantidad de combustibles fósiles” que serían necesarios aun funcionando las plantas de energía renovable.
La propuesta -que tiene un valor informativo, y no vinculante- fue entregada el pasado mes de enero al presidente Salvador Illa, quien ahora deberá tenerla en cuenta antes de formular su propia propuesta definitiva, según anunció a este equipo de expertos el pasado mes de enero.
El trabajo de estos expertos es un encargo recogido en la ley catalana de Canvi Clilmàtic de 2017, si bien su constitución ha sufrido diversos retrasos, lo que alargado la elaboracióv de este trabajo.
Mandato del Parlament
Los presupuestos de carbono son un instrumento de planificación previsto en la Ley catalana de Canvi Climàtic. Por tanto, son un requisito necesario y que, independientemente del gobierno que tengamos, marcarán la dirección en términos de política climática.
Estos los autores del trabajo: Montserrat Termes, doctora en Economía, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona (UB); Frederic Ximeno, biólogo y máster en estudios territoriales y urbanísticos, director del área de Acción Climática del Área Metropolitana; Carme García Lores, licenciada en Filosofía y Letras, asesora de transición ecológica y energética del Ayuntamiento de Viladecans; Salvador Lladó Fernández, doctor en Microbiología Ambiental y Biotecnología, profesor agregado de la Facultad de Biología de la UB; Olga Margalef Marrasé, doctora en Ciencias de la Tierra, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UB e investigadora adscrita al Creaf; Jordi Solé Ollé, doctor en Física Aplicada por la Universidad Politécnica de Catalunya, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), y Marta Torres, licenciada en ingeniera industrial superior y directora del programa sobre el clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) en París
