El saneamiento de las aguas residuales (necesario para evitar la contaminación de ríos, playas y reservas subterráneas) y el tratamiento de los residuos urbanos son dos de los puntos críticos de la gestión medioambiental en España. Estos son algunos de los asuntos que han motivado la apertura de diversos procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea contra España. Así se deduce del documento de la Comisión Europea en el que se revisa la aplicación de las políticas ambientales en España.
Pese a las mejoras introducidas y el uso de la financiación europea, España está experimentando “dificultades significativas para aplicar correctamente la directiva sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas”, dice el informe. Esta circunstancia ha obligado a la Comisión Europea a emprender acciones legales, lo que ha dado lugar a “sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, concluye.
Unas 450 aglomeraciones urbanas aún no cumplen con la directiva de aguas
El documento indica que unas 450 aglomeraciones urbanas aún no cumplen con la directiva de Aguas, que persigue recuperar el buen estado ecológico de los ríos. La directiva obliga a recoger o a tratar las aguas residuales de todas las zonas urbanas de más de 2.000 habitantes y exige un tratamiento aún más riguroso en las localidades de más de 10.000 habitantes (lo que supone eliminación de nitrógeno o fósforo) antes de verterlas en ríos y cuencas cuando haya riesgo de eutrofización.
La Comisión Europea tiene en curso cuatro procedimientos de infracción contra España, que abarcan las aglomeraciones urbanas que incumplen esta directiva.
En uno de los procedimientos más avanzados, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una segunda sentencia el 25 de julio de 2018, en la que impuso por primera vez en el sector medioambiental sanciones pecuniarias a España.
Otros dos procedimientos de infracción ya se encuentran ante el Tribunal de Justicia y están a la espera de la primera sentencia.
Por lo tanto, “es esencial que España adopte las medidas necesarias y ejecute sin demora los proyectos necesarios para cumplir plenamente los requisitos de la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aprovechando la financiación disponible de la UE”.
España incumple el objetivo sobre reciclado de residuos urbanos
La Comisión Europa alerta, por otra parte, de que España “debe acelerar sus avances” para lograr el cumplimiento de los objetivos europeos sobre reciclado de residuos urbanos.
España es uno de los países que incumplió el objetivo de la UE de reciclar el 50% de los desechos municipales fijado para el año 2020. Este asunto ha motivado la apertura de un expediente de infracción contra España.
España “corre un alto riesgo” además de no alcanzar los nuevos objetivos de la UE para 2025 (reciclado del 55% de residuos municipales), y de incumplir asimismo los objetivos de 2035 depositar un máximo del 10 % de residuos municipales en vertederos.
Mejora insuficiente
La tasa de preparación de los residuos urbanos para su reaprovechamiento o reciclado ha experimentado un aumento moderado en los últimos años, pues ha pasado del 29% en 2010 al 39% en 2022; pero está lejos, por tanto, del objetivo comunitario (que era del 50% para el 2020 y del 55% para el año 2025) y de la media europea (49%).
También se deben hacer esfuerzos para que todos estos desechos no acaben vertedero, pues se trata de aprovechar todas las fracciones, incluida la materia orgánica.
Vertederos ilegales
De hecho, el informe alerta de que “en España, siguen existiendo casos de vertedero ilegales o que no cumplen la normativa”. En este sentido, se indica que “la Comisión está siguiendo de cerca la situación a través de varios procedimientos de infracción” que incluyen “varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que han condenado a España”.
Una parte de estas investigaciones se centran en determinar si los emplazamientos donde se eliminan los residuos en España cumplen las normas del depósito en vertederos, y que “obligan a tratar y retirar adecuadamente la materia orgánica antes del depósito en vertederos”. En 2024, la Comisión Europea decidió incoar un procedimiento de infracción contra España.
Prueba piloto para el sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas al comercio
Recogida separada
“España también debe mejorar la eficacia del sistema de recogida separada”, especialmente en lo que se refiere a los residuos orgánicos “e incentivar la separación en origen”.
Se destaca la implantación de los impuestos para la gestión de los residuos, así como la decisión del Gobierno de implantar el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) de bebidas al comercio, una vez comprobada la insuficiente tasa de recogida separada mediante el contenedor amarillo.
Concretamente, la ley de Residuos de 2022 establecía como meta que para el año 2023 se tenía que lograr la recogida separada del 70% de los envases de bebidas para el año 2023; sin embargo, los datos finales mostraron que solo se logró una recogida separada del 41,3%, por lo cual “el Ministerio concluyó que debía implantarse un sistema de depósito, devolución y retorno de envases” (SDDR) de bebidas al comercio. La ambiciosa meta es que esa recogida separada alcance el 90% en el 2029.
España tiene un déficit de inversión para cumplir los objetivos medioambientales de la Unión Europea de 10.800 millones de euros al año, alrededor del 0,81 % del PIB nacional, superior a la media de la UE de 0,77 %, según las estimaciones de informe,
Flamencos en el delta del Ebro.
El Ejecutivo pide “rigor” para combatir la polución y planes efectivos para proteger la aturaleza
Bruselas pide que las nuevas medidas para reducir la contaminación del aire en Barcelona y Madrid se apliquen “con rigor”. Tras una condena en 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al superarse los valores límie anuales de NO2 en la capital catalana y en la española, la Comisión Europea reconoce que las autoridades “están adoptando nuevas medidas” para reducir las emisiones de los coches, si bien ya avisa de que estas medidas deben “aplicarse con rigor”. “Este asunto sigue abierto y la Comisión está evaluando las medidas adoptadas por España para cumplir la sentencia”, se señala. Los dos últimos años, la concentración de NO2 se ha mantenido por debajo del nivel anual en ambas conurbaciones. Si embargo en 2023 se registraron superaciones de los valores límite fijados por la directiva de calidad del aire para las partículas PM10 en Avilès y enn Vic.
Las últimas estimaciones anuales disponibles (para 2022) de la Agencia Europea de Medio Ambiente sosstienen que en España las partículas finas PM2.5 ocasionan cada año 18.500 muertes; el NO2, 5.500 muertes, y el ozono, 6.100.
El documento igualmente hace recomendaciones en materia de protección de la naturaleza y en este punto reclama la aprobación de medidas de conservación específicas para los espacios de la red Natura 2000 y la adopción de planes de gestión para lograr su aplicación efectiva. El informe se limita a mencionar el procedimiento de infracción abierto en España por las compensaciones pendientes por la primera ampliación del aeropuerto de El Prat, que afectó a espacios protegidos por la red Natura 2000. El informe indica también que está en curso un procedimiento de infracción contra España en relación a la falta de notificación de los mapas estratégicos de ruido y la adopción de planes de acción contra el ruido.
El Ejecutivo comunitario también reclama a España un aumento de los impuestos medioambientales en 2025 para cumplir con los objetivos de la UE.
Ligera mejoría en las aguas superficiales, y ligero empeoramiento de las reservas subterráneas
Por otra parte, el documento también evalúa el grado de cumplimiento de la directiva marco de Aguas, cuyo objetivo es lograr la recuperación ecológica de ríos, lagunas y reservas subterráneas, y para lo cual los países disponen de sus respectivos planes hidrológicos de cuenca.
El análisis elaborado para redactar el tercer plan hidrológico (2022-2027) concluye que el estado ecológico de las aguas superficiales (ríos, lagos, lagunas…) “solo ha mejorado ligeramente desde los segundos planes hidrológicos de cuenca” (2015-2021). Solo un 58% de esas masas de agua presentan un buen estado de conservación. Por su parte, “el estado químico sigue siendo prácticamente el mismo, aunque con cierta mejora, pues el 90% de las masas de agua superficiales tienen un buen estado de conservación”.
Las presiones más significativas y los focos más importantes de contaminación proceden de la agricultura (nutrientes) y de las propias aguas residuales urbanas, así como los cambios morfológicos que alteran los hábitats. Por su parte, la contaminación química procede básicamente de vertidos de metales (níquel, cadmio, mercurio y plomo) y plaguicidas (clorpirifos, hexaclorociclohexano…), y, en menor medida, de sustancias ubicuas, persistentes o bioacumulables y tóxicas, como mercurio y PFOS.
El informe señala que “las masas de agua subterráneas se ha deteriorado ligeramente desde los segundos planes hidrológicos de cuenca”, aunque un 75% de ellas presentan un buen estado cuantitativo. La captación excesiva de agua o la intrusión salina son dos de las causas de ese empeoramiento. No obstante, el estado químico de esas masas de agua subterráneas, ha mejorado “ligeramente”-
