Julia Chuñil es una mujer indígena mapuche de la región de Los Ríos en Chile. Como presidenta de la comunidad indígena Putregel de Máfil trabajaba para obtener la licencia oficial de sus tierras ancestrales. Sin embargo, tras haber sido objeto de numerosas amenazas por el uso de una zona forestal en disputa, desapareció. Y lleva casi un año sin paradero conocido.
Julia Chuñil sabía que corría peligro. Llevaba años diciéndoselo a su familia y amistades. A sus 72 años, vivía sola en una remota cabaña de madera junto a la selva valdiviana, en la región chilena de Los Ríos, a unos 800 km al sur de la capital, Santiago.
El bosque autóctono que rodeaba su modesta cabaña había ido desapareciendo hasta convertirse en un mosaico de plantaciones de pinos y eucaliptos. Y para Julia, esto no solo era una amenaza para la biodiversidad única de la región, sino que también ponía en peligro sus derechos ancestrales y los de su comunidad de indígenas mapuches.
Como defensora de la tierra, estaba decidida a proteger el bosque y preservar la conexión sagrada de su comunidad con la tierra y la naturaleza. Y eso fue lo que la hizo vulnerable.
El 8 de noviembre de 2024, Julia salió de casa con su perro, Cholito, en busca de unos animales extraviados. Los animales volvieron, pero a Julia y Cholito no se los ha vuelto a ver desde entonces.
Durante años, Julia había liderado las labores para reclamar los derechos sobre las tierras ancestrales de su comunidad. Era un paso esencial para garantizar los medios de vida y la autodeterminación del pueblo indígena Mapuche. Sin embargo, su posición de liderazgo como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil la convirtió en un objetivo claro. Sufrió el acoso constante de un empresario local y supuestamente le ofrecieron dinero en repetidas ocasiones para que abandonara la zona. El temor de sus familiares es que haya sido una víctima más del rosario de defensores del medio ambiente que han perdido su vida en litigios que resultan letales...
Imagen de Julia mostrada por sus familiares
Un largo rosario
Un total de 146 personas defensoras del medio ambiente, los recursos naturales o el territorio fueron asesinadas o desaparecieron en 2024 en todo el mundo. Todas estas personas fueron atacadas tras alzar la voz o tomar medidas para defender su derecho a la tierra y un medio natural sano, limpio y conservado de manera duradera, según a organización Global Witness según la organización Global Witnes. Muchas veces se trataba de intentos de oponerse a proyectos extractivos dañinos, como la minería, la tala o la agricultura industrial. Y en otras desafiaban problemas sistémicos, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la destrucción ambiental y el crimen organizado.
La minería se ha revelado como el ámbito con más litigios ambientales que resultaron letales, seguida de la tala forestal y las actividades de la agroindustria. Los proyectos de construcción de carreteras e infraestructuras, la caza ilegal y la energía hidroeléctrica también han provocado ataques mortales en 2024.
En promedio, cada semana fueron asesinadas o desaparecidas unas tres personas a lo largo de 2024. Esto eleva la cifra total a 2.253 desde que comenzamos a documentar los ataques en 2012. “Esta espantosa estadística ilustra la persistencia de la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente”, resaltan los autores del informe.
Estos ataques letales tuvieron muchas formas criminales, incluidos homicidios, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia.
Un hecho especialmente relevante es que en 2024 se documentaron cuatro desapariciones de larga duración. Estos casos ocurrieron en Filipinas, México, Honduras y Chile.
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Las cifras pueden ser superiores
Las cifras globales de este año son más bajas en comparación con 2023, cuando se registraron de 196 “bajas”, pero esto no indica que la situación de las personas defensoras esté mejorando.
Global Witness señala que el número de asesinatos y desapariciones podría ser mayor, pues “muchos ataques no se denuncian”.
Las variaciones anuales en el número total de asesinatos y desapariciones no siempre reflejan las tendencias de violencia en cada país. La falta de denuncias sigue siendo un problema a escala mundial, especialmente en Asia y África. También existen obstáculos para verificar los presuntos ataques, en particular en la documentación de casos en zonas de conflicto activo. Además, todo esto coincide con un mayor reticencias y temor entre las comunidades a pronunciarse o actuar contra quienes dañan el ambiente o el territorio.
Más allá de estos ataques, existen, además, otras formas de represalia contra quienes alzan la voz. “Las amenazas, el acoso, la criminalización y la violencia sexual han impactado la vida de muchas personas defensoras del medio ambiente”, dice Global Witness.
Países que silencian la protesta
Los ataques contra las personas defensoras parecen más frecuentes en entornos que son especialmente hostiles al activismo. De los 22 países en los que Global Witness documentó asesinatos y desapariciones el año pasado, más de la mitad son considerados países que restringen la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión de personas defensoras.
Un total del 82 % de todos los casos que documentamos en 2024 tuvieron lugar en América Latina, donde se localiza la mayor proporción de casos cada año según seguimiento que se viene efectuando desde hace más de una década. Esta violencia sigue obstaculizando gravemente la vida de las personas defensoras.
Indígenas y los campesinos son los más afectados
Los pueblos indígenas y los campesinos son los más afectados, pues en en cada categoría han sido asesinadas o desaparecidas 45 personas defensoras en 2024.
En África, se contabilizaron nueve asesinatos en 2024 (el 6 % del total), mientras que 16 asesinatos (el 11 %) ocurrieron en Asia. El acceso a la información sigue siendo un gran reto para nosotros en ambas regiones.
Colombia sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para personas defensoras del ambiente y el territorio, ya que un tercio de todos los ataques letales documentados en el mundo en 2024 tuvieron lugar en este país. Se dieron 48 asesinatos, frente a 79 casos de 2023.
La tremenda situación de Colombia
El problema tiene su origen en que, tras el Acuerdo de Paz de 2016, buena parte el país registra actividades ilegales en zonas con escasa presencia del Estado (regiones antes controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.) Las actividades van desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal y afectan a zonas ricas en biodiversidad (Cauca, Nariño y Putumayo).
Muchos pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes (que viven cerca de grupos armados o de zonas en conflicto) temen denunciar los daños ambientales infligidos por las industrias extractivas, especialmente las personas defensoras que operan cerca de grupos armados y dentro de zonas de conflicto. “Los desplazamientos forzosos y el miedo a la violencia propician una cultura del silencio, lo que debilita aún más los movimientos territoriales, ambientales e indígenas”, dice la oenegé.
Las disputas por la tierra siguen impulsando la violencia en Colombia: 20 de los asesinados en 2024 eran campesinos y 19 personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas, incluidos 13 miembros de la comunidad Nasa en la región del Cauca. Al menos seis de estas personas de Nasa eran guardias indígenas o formaban parte de las autoridades indígenas destinadas a proteger su territorio y sus derechos sobre la tierra.
En México se han documentado 18 asesinatos y una desaparición, y nueve se dieron en la región fronteriza de Chiapas. Las personas defensoras se han visto inmersos en las disputas territoriales entre grupos armados y sindicatos del crimen organizado han aumentado que buscan controlar los ricos recursos naturales de la zona. En 2024, siete integrantes de una familia fueron masacrados tras denunciar la presencia del crimen organizado y cuestionar los intentos de controlar las operaciones mineras en la región.
En Brasil se han documentados 12 asesinatos en 2024 (13 menos que en 2023) mientras que Filipinas tuvo el mayor número de asesinatos y desapariciones de larga duración en Asia, con ocho casos en 2024
En 2024, alrededor de un tercio de las personas asesinadas o desaparecidas en todo el mundo eran indígenas o afrodescendientes (48 y 2, respectivamente), mientras que otro tercio eran campesinas (54). En total, el 10 % eran mujeres (13 asesinada y una desaparecida),cinco de ellas en México.
“La violencia no solo afecta a las personas defensoras de manera individual, sino que también puede dirigirse contra familias, comunidades y organizaciones enteras, a menudo en un intento deliberado de infundir terror, intimidar y silenciar”, añade el informe. En 2024 documentamos 14 asesinatos de personas que se vieron involucradas en ataques contra personas defensoras, a menudo familiares que estaban presentes durante la agresión. Dos de ellas eran niños.
Los niveles de impunidad siguen siendo elevados
Otro elemento que caracteriza esta situación es que “los niveles de impunidad siguen siendo elevados”. Las familias de las personas defensoras asesinadas o desaparecidas o quienes escapan a estos ataques “rara vez ven a sus atacantes ante la justicia”. Si tienen suerte, el autor directo, normalmente un asesino a sueldo contratado, será detenido y juzgado
“Muchos de estos autores intelectuales escapan al enjuiciamiento, a menudo debido a la incapacidad del Estado para investigarlos e identificarlos” .En Colombia, un país con un número constantemente alto de asesinatos, solo el 5,2 % de los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos desde 2002 se han resuelto en los tribunales.
La falta de una recopilación adecuada de pruebas como parte del proceso judicial normal también dificulta descubrir las causas subyacentes de los asesinatos y las desapariciones. Sin embargo, hemos podido relacionar los asesinatos con ciertos intereses empresariales.
La minería, fuente de conflictos
La minería se ha revelado como el ámbito con más con más litigios letales (al menos 29 casos), seguido por la tala forestal (8) y las actividades de la agroindustria (4). Los proyectos de construcción de carreteras e infraestructuras, la caza ilegal y la energía hidroeléctrica también han provocado ataques mortales en 2024.
Poco menos de un tercio de todos los casos que registramos el año pasado estaban relacionados con el crimen organizado. Las organizaciones delictivas y las economías ilegales relacionadas prosperan en todo el mundo, socavando el estado de derecho, poniendo en riesgo a las personas defensoras y amenazando ecosistemas clave.38 En lugares como la Amazonia, están provocando violaciones de los derechos humanos, deforestación y corrupción institucional.39
Los Estados también son perpetradores activos de la violencia, con fuerzas armadas, policía y otras entidades gubernamentales vinculadas a 17 asesinatos. La investigación de las represalias contra personas defensoras se complica aún más por las frecuentes conexiones entre el crimen organizado, el Gobierno y los intereses empresariales
