“El 60 % de las presas de titularidad estatal va a necesitar acometer en el futuro más próximo actuaciones relacionadas con la seguridad hidrológico–hidráulica, con la seguridad estructural y con la mejora de las condiciones en las que se encuentran sus desagües de fondo”. Así lo indica un informe sobre las Líneas de actuaciones para la mejora de la seguridad de las presas y embalses 2023-2033 elaborado en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica, y en el cual se efectúa un crudo diagnóstico sobre la situación de seguridad de las 375 presas de titularidad estatal.
Un panorama coincidente similar presenta la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, que ha denunciado “el grave deterioro de las presas de titularidad estatal”, lo que atribuye a la precariedad de recursos y al déficit en formación de especialistas, entre otras causas. “La situación actual supone un riesgo creciente para la población, agravado por la mayor frecuencia de episodios de precipitaciones extremas”, dice la referida asociación, que reclama un incremento en la inversión de seguridad para las presas estatales.
El informe del Ministerio sobre las actuaciones necesarias de mejora señala que el 38% de las presas estatales presenta algún tipo de deficiencia en el ámbito de la seguridad hidrológica e hidráulica, tras detectarse una capacidad insuficiente para desaguar ante avenidas de distinto grado.
Además, un 42% muestra insuficiencias en los coeficientes de seguridad estructural, ya que si bien se cumplen en situaciones de avenidas normales o accidentales no ocurre lo mismo ante situaciones extremas, o existen incertidumbres sobre algunos de los factores que influyen en el comportamiento estructural.
Y, en tercer lugar, el 45% de las presas tienen carencias en los desagües de fondo, por lo cual son necesarias medidas de rehabilitación. Estos sistemas de desagües, compuertas y aliviaderos, permiten vaciar el embalse para hacer liberar agua en situaciones de emergencia (por ejemplo, ante el riesgo de rotura o avenida extraordinaria), con el fin de reducir la presión sobre la presa. Además, son también vitales para regular el nivel del agua de embalse en cada momento de año o liberar caudales ecológicos agua abajo.
Avances insuficientes
El informe resalta que la inversión a efectuar debería estar comprendida entre el 1 y el 2 % del valor patrimonial. Sin embargo, se admite que “el análisis de los datos de la inversión efectuada en los últimos 5 años (aproximadamente 100 millones de euros al año) parece encontrarse algo alejada todavía de la cifra recomendada”.
“Ha habido notables avances en materia de control de la seguridad de presas y embalses tanto en la Dirección General del Agua como en las Confederaciones Hidrográficas, pero “aún quedan algunos importantes problemas que hay que resolver”.
Carencia de equipos humanos y otras deficiencias
Y en este punto se citan diversos problemas, como la “carencia de equipos humanos” en los departamentos dedicados al control y seguridad de las presas”, “envejecimiento de las infraestructuras”, “inversiones en materia de control de la seguridad aún insuficientes” o la reducida introducción en el sector de la digitalización y las nuevas tecnologías. Otras carencias aluden a la ausencia de un régimen sancionador al ritmo bajo en la revisión de documentos de seguridad o al número insuficiente de inspecciones de seguridad a todo tipo de presas. El diagnóstico habla también del “escaso control de la pérdida de capacidad de embalse por la sedimentación”.
Vacío intergeneracional
Otros de los elementos que llama la atención se refieren a la “falta de formación de los nuevos técnicos dedicados a la explotación y a la seguridad de las presas” o la “falta de interés en el sector de las presas por parte de las nuevas generaciones de técnicos”. En otros términos, también se alude a la “existencia de un importante vacío generacional” o a la “falta de especialistas en materia de seguridad de presas”.
Los autores del documento indican que el presupuesto de las actuaciones necesarias alcanza los 4.644 millones de euros, de los cuales 1.623 millones de euros sería deseable que se dedicaran al desarrollo de las medidas hasta 2027, y el resto para dicho desarrollo durante el periodo 2028-2033.
España cuenta con 2.453 presas en explotación (destinadas a abastecer a la población, facilitar el regadío o generar energía renovable). De esta cantidad, 1300 son grandes presas, y, de ellas, 375 son de titularidad estatal.
El manifiesto de los ingenieros de caminos
El diagnóstico del documento ministerial coincide en gran medida con la posición expresada por la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (de carácter estatal). Esta entidad señala que “el grave deterioro de las presas de titularidad estatal” se deben a la precariedad de recursos, reducciones presupuestarios y falta de independencia en la gestión.
Esta entidad ha elaborado un manifiesto en el que expresa su profunda preocupación por el estado actual del parque de presas en España y por la falta de medidas que garanticen su seguridad y conservación.
“Las grandes presas tienen una media de edad de 50 años; y si no se mantienen, su deterioro desde el punto de vista estructural pone en riesgo su utilidad”, dice Jesús Contreras, miembro de la junta directiva de la referida asociación.
“Este envejecimiento exige actuaciones constantes de mantenimiento, modernización y control que hoy no se están realizando con la intensidad necesaria”, dice el manifiesto.
El 30% precisa refuerzos estructurales
En base a estudios de 2021 del propio Ministerio, se resalta que “el 75% de las presas requiere estudios complementarios de seguridad”, “el 30% (114) precisa refuerzos estructurales” y “el 50% requiere rehabilitación de desagües de fondo” (pues a veces quedan bloqueados por sedimentos o estropeados por otras causas). Estos dos elementos los reúne la presa de Forata (en Yátova, en la Confederació del Xúcar), que estuvo a punto de verse superada por los aguaceros de hace un año.
La presa de Forata (Valencia), que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), estuvo “al borde del colapso” durante la dana de octubre de 2024, según los ingenieros. Un fallo estructural habría liberado una avenida que habría afectado a más de 110.000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí.
Actualmente, Forata no cuenta con plan de emergencia implantado y carece de sirenas, señalización de evacuación y protocolos activos. “El caso de Forata simboliza la vulnerabilidad del sistema”, comentó Jesús Contreras
Los ingenieros sostienen que en la última década, la inversión pública en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 57%, lo que ha provocado que solo se haya ejecutado el 29% de lo previsto en los planes hidrológicos y de gestión de riesgos de inundaciones.
¿Faltan recursos?
Contreras sostiene que “el problema es la escasez de medios” y la “descapitalización de las confederaciones hidrográficas”. Según su interpretación, en los presupuestos del Ministerio de 2023, de los 577 millones de inversión, solo 16 millones se destinaron a seguridad de las presas frente a los 150 millones en restauración natural de los cauces. Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (responsables de la explotación, mantenimiento y mejora de la seguridad) señala que “desde 2023 se han destinado 172,4 millones de euros a inversiones en conservación y mejora de la seguridad, que han beneficiado a todos los embalses y presas del Estado, en mayor o menor medida”.
El 75% de los planes de emergencia sin implantar
El manifiesto aludido indica además, que como consecuencia de las deficiencias graves de seguridad, “miles de ciudadanos viven en áreas como de riesgo sin planes de emergencia implantados”. Jesús Contreras informó que solo un 25% de las presas estatales de categoría A (algo más de 300), las de mayor riesgo, tienen completamente implantados los planes de emergencia. “Están redactados, pero el 75% no los tienen implantados”, dijo a este diario. Los protocolos de emergencia para estas presas determinan cuatro niveles, del 0 al 3, el último de los cuales comporta el anuncio de la rotura y aviso a la población (evacuación de colegios, refugios en zonas altas…). El nivel de implantación de los planes de emergencia es “bajísimo” pese a que ser obligatorios desde una directriz dada en 1994 tras la rotura de la presa de Tous en 1982.
Los riesgos de rotura
Duras críticas de los ingenieros ante la falta de medios económicos y profesioales
“No queremos alarmar a la sociedad, pero sí preocupar...” José Trigeros, presidente de la Asociación de Ingenieros, explicó (al iniciarse la jornada sobre seguridad de las presas, en la que se presentó el manifiesto) que el riesgo de rotura de presas es cierto “si no se toman medidas”, Y también denunció el escaso nivel de cumplimiento presupuestario en las confederaciones hidrográficas, cifrado en un 25%. “Exigimos que se cumplan los presupuestos planificados; esto es un desastre”, enfatizó. Se estima que la reducción de personal en las confederaciones hidrográficas ha sido cifrado en un 11% en cuatro años (“un 25% menos que antes”, dijo Trigeros).
“La Dirección General del Agua no invierte ni en capital económico ni en capital humano”, añadió el presidente de esta asociación, quien pidió que “el agua vuelva a un ministerio inversor”, con lo que vino a expresar la sensación de marginación que tienen los ingenieros de Caminos. “Nuestros complementos específicos son tres veces inferiores a los de los inspectores de Hacienda”, repitió. En sus críticas aludió también a que “de los 9 presidentes de confederaciones hidrográficas solo 5 son ingenieros de caminos”.
“Falta de independencia”
Jesús Contreras resalta, además, la “falta de independencia” en la supervisión, pues “la misma Administración (estatal) responsable de la vigilancia de la seguridad es la titular de un porcentaje muy alto de grandes presas”. Todo lo cual “se traduce en un control ineficaz sobre sus propias infraestructuras”.
Otra derivada, según el manifiesto, son las “carencias graves en recursos humanos cualificados, por la pérdida de profesionales técnicos en puestos clave”.
La Asociación Caminos reclama, en suma, “la puesta en marcha inmediata de un plan integral de conservación y seguridad de presas, que incluya un incremento sustancial de la inversión en mantenimiento, modernización e implantación de planes de emergencia”. También piden un consejo de seguridad de presas independiente y la “reinstauración del servicio de vigilancia de presas, dotado de medios técnicos y humanos cualificados, para garantizar un control permanente y eficaz de estas infraestructuras críticas”.
