España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales y 420 residencias de ancianos en zonas inundables. En total, han sido inventariadas 10.197 instalaciones (infraestructuras, colegios, hospitales, de suministro eléctrico…) situadas en zonas inundables con una recurrencia de 500 años. Y se estima que, de esa cantidad, el 71% corresponden a emplazamientos con un nivel de peligrosidad calificado de muy grave, un 13% grave y el 16% restante leve.
“Lo que más nos llama la atención es que sigue habiendo mucha población vulnerable en estas zonas de inundación, empezando por las residencias de ancianos, las escuelas… Es urgente que esto se solucione ya”, dice Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad.
Esta entidad ha dado a conocer el informe “Infraestructuras críticas inundables en España”, en el que se cuantifican y clasifican las instalaciones, servicios y edificios situados en zonas inundables en el país a partir de datos oficiales.
Todas estas zonas inundables han sido clasificadas hasta seleccionar e identificar las infraestructuras y equipamientos que se consideran críticos, que totalizan 4.340 instalaciones. No se han incluido emplazamientos de valor cultural o arqueológico.
Población vulnerable
De esta suma, 1.994 puntos corresponden a instalaciones sensibles para la población vulnerable: 1.126 centros escolares, 420 residencias de ancianos, 232 centros de educación infantil, 27 centros de educación especial y 189 campings.
Según los expertos, el calentamiento global hará cada vez más frecuentes, duraderas y extensas las inundaciones, expone el informe. “Y por todo ello, una de las primeras acciones de adaptación al cambio climático deben ser la protección de las poblaciones más vulnerables y de las infraestructuras críticas”, señalan las conclusiones..
Las grandes inundaciones, en combinación con la inadecuada planificación, “se han convertido en el mayor riesgo asociado al cambio climático en el país”, se indica.
Centros educativos en zonas inundables.
Centros sanitarios en zonas inundables.
Residencias de ancianos en zonas inundables.
Seguridad y ayuda
En el ámbito de la seguridad y la ayuda, se han inventariado 283 enclaves en zonas inundables: 116 cuarteles de la Guardia Civil, 114 comisarías de policías nacionales, dos ayuntamientos y 51 equipamientos de bomberos. “Los cuerpos de seguridad deben blindarse frente al riesgo de inundación para poder garantizar la pronta respuesta a las inundaciones”, explica Fernando Prieto, pues son clave preservar los centros de mando o que no queden inmovilizados los vehículos de bomberos, que en caso contrario no podrían utilizarse.
Llama la atención también que se han localizado 115 puntos relacionados con la sanidad: 112 hospitales, entre los que se encuentran 3 centros de salud, que son decisivos en los primeros momentos de una inundación.
Medio ambiente
Igualmente, ocupan estas zonas de riesgo 534 emplazamientos relacionados con el medio ambiente y la seguridad: 375 instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, 82 instalaciones radiactivas o 77 instalaciones afectadas por la directiva Seveso, dedicada a la protección de sustancias químicas, las cuales “presentan elevado riesgo de ocasionar contaminación por radiactividad o residuos tóxicos y peligrosos.
Algesemí una de las poblaciones más afectadas por la dana.
Suministros básicos y comunicaciones
El informe detecta también 1152 lugares donde se ofrecen servicios o suministros básicos e industrias, que también son centros capitales para hacer frente a los efectos de una inundación. En este capítulo se han señalado 415 subestaciones de energía, 282 instalaciones de abastecimiento e infraestructuras de agua y 455 centros industriales. Incluso, hay identificados 262 puntos fundamentales para garantizar las comunicaciones: 155 infraestructuras viarias y centros de transporte (que incluyen 4 estaciones de ferrocarril), 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos en peligro por gran inundación.
El porcentaje de infraestructuras críticas con un grado de riesgo de inundación calificado como “muy grave” (por el propio Ministerio para la Transición Ecológica) suman 7.223 instalaciones, de las cuales el 37% se sitúan en Catalunya. El resto se distribuyen por Galicia (16%), País Vasco (8%), Andalucía (7%), Castilla y León (6%), Murcia (5%), y Comunidad Valenciana y Aragón, ambas con el 4%; el resto de las regiones muestran porcentajes menores al 4%.
El informe ordena de las instalaciones e infraestructuras con un riesgo calificado de “muy grave” según una clasificación para las seis categorías, con el siguiente resultado: un 56% de todas ellas pertenecen al grupo de incidencia sobre la población vulnerable (ancianos, niños, educación especial, campings..), un 17% al área de medio ambiente (depuradoras, instalaciones radiactivas afectadas por la directiva Seveso), un 13% al área de servicios y suministros básicos e industria, un 9% al grupo de seguridad y ayuda (parques de bomberos, comisarías de policías, guardias civiles...) y un 3% respectivamente al ámbito de transporte y de salud.
En este trabajo se han señalado un total las 2.673 instalaciones e infraestructuras críticas sujetas a un riesgo grave en zonas de inundación en las que el Observatorio considera que se debería centrar el trabajo más intensamente y con ese orden de prioridad establecido en el listado.
Período de retorno de 500 años ¿Qué es?
El informe ha utilizado datos del Ministerio para la Transición Ecológica asociados al segundo ciclo de planificación hidrológica y toma en consideración un periodo de retorno de 500 años. Esto esto, que un suceso de esa magnitud ocurrirá una vez cada 500 años. Pero esto no significa que sea imposible que ocurran dos sucesos en años consecutivos, pues es un promedio a largo plazo. Un evento de esa magnitud (1/500) tiene un unn 0,2% de probabilidad de que se dé. “La elección del periodo de 500 años se justifica porque en la dana de 2024 registrada en Valencia se constató que las superficies inundadas situadas fuera de la lámina preestablecida para el período de retorno de 500 años sumaron 16.000 hectáreas”, explica Fernando Prieto.
Recomendaciones
Entre sus recomendaciones, el documento incluye un decálogo de acciones prioritarias, como el establecimiento de sistemas de alerta temprana o la implantación de una etiqueta para calificar las edificaciones e infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones, así como llevar a cabo planes para ejecutar la protección, incluido el alejamiento de la superficie urbana de la zonas de riesgo más elevado.
También se reclama paralizar las nuevas edificaciones en estas áreas y revisar los planes urbanísticos ya aprobados para impedir la construcción en las zonas de riesgo.
Igualmente, se juzga prioritario la sustitución y adaptación con protecciones para las instalaciones más críticas (hospitales, plantas de abastecimiento, depuración, alcantarillado, telecomunicaciones, vías de comunicación, subestaciones, redes de energía, hospitales...).
Se pide que los planes obligatorios de riesgo de inundación se hagan con participación pública y que las soluciones están adaptadas al medio natural y a la naturaleza.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía en la Universidad de Alicante y experto en ordenación del territorio (que no ha participado en este estudio) considera que debería ser obligatorio que los compradores de una vivienda sean informados de la situación de riesgo de inundación en que puede encontrarse una vivienda, “para no comprar a ciegas”.
Olcina también cree que debería revisar todo el planeamiento urbanístico en zonas de riesgo potencial de inundaciones anterior a 2000. Y estima que se debería introducir una modificación legal de la ley estatal del Suelo que permita “el desalojo de las áreas de mayor nivel de riesgo de inundación con un cambio de ubicación de viviendas previo acuerdo entre Administración y propietarios”.
“Deberían establecerse zonas de actuación prioritaria contra las inundaciones, que serían aquellas zonas cartografiadas como de alto riesgo y en las que ya se sabe que se han producido inundaciones con graves daños y víctimas humanas”, señala. En esas zonas se deberían habilitar mecanismos de reconstrucción para evitar la ocupación de sótanos y plantas bajas, y proceder al desalojo cuando son inmuebles antiguos, siempre con políticas de consenso entre propietarios y administraciones, con un papel clave de los ayuntamientos”, añade.s
