Más de 50 organizaciones de la sociedad civil han expresado su temor de que el Ministerio de Transportes quiera subsidiar la energía fósil con dinero del Fondo Social del Clima. Estas entidades, agrupadas en dos grandes alianzas cívicas, han denunciado además el retraso que acumula la elaboración del Plan Social del Clima que debe aprobar el Gobierno. La normativa europea prevé la redacción de este plan social para facilitar las inversiones dirigidas a los hogares vulnerables, a las pequeñas empresas con dificultades y a los usuarios de transporte con menor poder adquisitivo ante el previsible aumento del coste de la energía.
La creación de este Plan Social del Clima surge de la necesidad de facilitar la transición justa a determinados sectores que pueden verse afectados por medidas futuras que comportarán encarecimiento de la energía.
La UE incluyó el transporte por carretera y los edificios en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (para un nuevo ciclo). Este hecho implica un incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028, lo que explica la necesidad de este plan social.
Retraso en la presentación
El plan debería entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2026, de acuerdo con lo establecido en la normativa europea. Previamente, España debería haber presentado a la Comisión Europea un borrador (a más tardar el 30 de junio de 2025); oportuna, pero dicha fecha ha sido ampliamente excedida.
El proceso de elaboración del Plan Social para el Clima debe ser capitaneado por el Ministerio para la Transición Ecológica con la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
“Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica ni siquiera ha sacado todavía a información pública el borrador de dicho plan, como es preceptivo legalmente”, explica Carlos Bravo, uno de los portavoces de estas entidades.
Poca transparencia
A finales de febrero de 2025 -más de medio año después de que el reglamento entrara en vigor- el Ministerio abrió durante un mes una consulta pública y el 8 de mayo de 2025 realizó una jornada con la realización de varios talleres participativos. Sin embargo, las conclusiones no se ha hecho público tras más de medio año desde su celebración.
“Pese a la activa implicación de varias de las entidades, el Ministerio para la Transición Ecológica, tampoco ha proporcionado a estas entidades el informe de conclusiones del citado proceso participativo.
El reglamento europeo exige que cada Estado miembro garantice que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación del proyecto y se asegurará de que el público sea informado, recuerdan estas entidades.
Las inversiones del Fondo Social para el Clima deben permitir a los ciudadanos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo, mientras que las ayudas directas a la renta mitigarán los posibles efectos negativos a corto plazo. El citado fondo puede financiar inversiones en eficiencia energética y renovación de edificios, calefacción y refrigeración limpias así como movilidad y transporte con cero o bajas emisiones, incluido el transporte público; o proporcionar ayudas directas temporales a los ingresos de los hogares vulnerables.
Una derivada de la política climática
El impulso al Fondo Social para el Clima se deriva de las medidas de la Unión Europea aprobadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático.
La UE incluyó el transporte por carretera y los edificios en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (conocido como ETS2). Este hecho implica un incremento de los precios del combustible para el transporte por carretera y la calefacción a partir de 2028, lo que explica la necesidad de este plan social.
Para minimizar el impacto de esta medida en los grupos más vulnerables (en hogares, usuarios del transporte y microempresas), especialmente los afectados por la pobreza energética o la pobreza en el transporte, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (FSC) para el periodo 2026-2032 que contará con 65.000 millones de euros.
Unos 9.000 millones de euros para España
A España le corresponde un 10,52% de esa cantidad. Además, los Estados miembros tienen la obligación de contribuir, con cargo a sus propios presupuestos, con un mínimo adicional del 25% del importe que le corresponda. En total, el Fondo Social para el Clima en España contará con alrededor de 9.000 millones de euros.
Ese dinero permitirá a los ciudadanos de esos grupos vulnerables renovar sus viviendas, adoptar tecnologías energéticamente eficientes y acceder a energías renovables y medios de transporte sostenibles. Esto reducirá su dependencia de los combustibles fósiles a medio y largo plazo. La normativa permite que también se pueden considerar ayudas directas a la renta, temporales y limitadas.
Para que los Estados miembros puedan usar el dinero del Fondo Social para el Clima tienen primero que elaborar un Plan Social para el Clima con una serie de medidas para ayudar a esos usuarios vulnerables, las cuales deberán ponerse en marcha en 2026.
Preocupa la posición del Ministerio de Transportes
Sin embargo, estas organizaciones han podido conocer que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible “está planteando medidas que no están correctamente alineadas con los criterios del Reglamento europeo del Fondo Social para el Clima”.
Varias de las medidas que está proponiendo “no estarían orientadas a beneficiar a los usuarios y microempresas vulnerables del transporte, sino a grandes empresas del sector o a subsidiar la compra de combustibles fósiles, lo que es claramente contrario al Reglamento, que exige medidas que ayuden a los usuarios vulnerables a reducir su dependencia de dichos combustibles”.
