El mayor proyecto eólico español: una historia polémica rodeada de sospechas de corrupción
Investigación
Plataformas cívicas piden paralizar cautelarmente el despliegue del Clúster Maestrazgo, con 20 parques eólicos y 125 molinos en Teruel, mientras se aclara la investigación judicial
Un antiguo subdirector general del Ministerio para la Transición Ecológica, responsable de las autorizaciones ambientales, en el centro de las pesquisas
Zona del Maestrazgo turolense cercana al parque eólico Todolella, ya en la provincia de Castellón
Grupos ecologistas, partidos y otras organizaciones presentaron en su día decenas de denuncias contra el proyecto eólico Clúster Maestrazgo, en Teruel, integrado por 20 parques y un total de 125 aerogeneradores. La iniciativa, impulsada por la empresa aragonesa Forestalia, generó desde el primer momento una gran polémica porque sin duda iba a transformar el paisaje de esta comarca turolense.
Ante la sorpresa de muchas organizaciones, el Clúster Maestrazgo, el proyecto eólico más grande de España, supero todos los escollos administrativos, y obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable, el examen de idoneidad ecológica que efectúa el Ministerio para la Transición Ecológica, la clave para obtener todos los demás permisos (una competencia estatal cuando los parques tienen más de 50 MW; si no, es competencia de la comunidad).
Detenciones y un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica implicado
El pasado martes, una investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil condujo a la detención de seis personas (que luego fueron liberadas) en el marco de una vasta operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de este y otros proyectos eólicos y solares de la empresa Forestalia.
La Guardia Civil informó de la implicación en esta trama de una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica, al que señala por haber podido influir de manera irregular en la resolución que permitió obtener a Forestalia la declaración de impacto ambiental del Clúster Maestrazgo. Otras operaciones de esta índole están siendo investigadas.
El ex alto cargo detenido era Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica. En la operación también fue arrestado el empresario Fernando Samper, dueño de Forestalia.
La investigación persigue indagar en las posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales. Las autoridades tratan de determinar si durante la tramitación de los parques eólicos y fotovoltaicos se manipularon declaraciones de impacto ambiental (para facilitar la obtención de los permisos necesarios) a cambio de mordidas.
A lo largo de las pesquisas se han esgrimido diversas pruebas que podrían cuestionar la viabilidad de las licencias obtenidas.
Una veintena de parques eólicos y 125 molinos
La historia del Clúster Maestrazgo, considerado el proyecto eólico más grande de España (763 MW), ha estado jalonada de polémicas. El ambicioso plan de Fernando Samper fue rechazado desde el primer momento por grupos ecologistas y diversos partidos (Sumar, Podemos, Teruel Existe, Alianza Verde) que denunciaron sus impactos ambientales: la destrucción de hábitats de interés comunitario pertenecientes a la Red Natura, la enorme incidencia de las talas programadas y el impacto de las líneas eléctricas de transporte.
La iniciativa era osada y se inscribía en un plan más amplio para convertir Aragón en una gran batería verde, para envidia y admiración de las demás comunidades colindantes hacia las que se dirigiría preferentmente la energía limpia de Aragón.
El Clúster Maestrazgo incluyó un total de 20 parques eólicos, con 125 aerogeneradores, capaces de atender la demanda equivalente al consumo medio de 570.000 hogares al año. Dotado con máquinas de hasta 6,1 MW de potencia, el complejo dispondrá de torres de hasta 161 metros de altura, lo que sumado a las aspas hará que los molinos tengan más de 200 metros de altura en total.
Aprobación oficial con instalaciones en área de protecció europea
El Ministerio para la Transición Ecológica bendijo el plan y esgrimió, entre otros argumentos, que se habían “eliminado las partes del proyecto que no cumplían los criterios de viabilidad ambiental”.
La declaración de impacto ambiental excluyó 2 parques eólicos de los 22 propuestos, así como 36 aerogeneradores de los 161 inicialmente previstos.
Sin embargo, un total de 85 molinos están situados en la Red Natura 2000, catalogación que configuran los espacios situados en zonas que son hábitats de interés comunitario, y 95 están en la zona de exclusión recomendada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel presentó denuncias por el “asedio” de los parques a las aves.
“Hay parques eólicos que están a escasamente a dos kilómetros de la zona protegida para las aves, otros la están rodeando…”, explicaba su portavoz, Javier Oquendo.
El Ministerio esgrimió que el macroproyecto no afectará al quebrantahuesos, especie en peligro de extinción. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), cuyo presidente, Gerardo Báguena. Sostenía “El proyecto invade toda el área potencia para la reintroducción del quebrantahuesos, con lo que elimina un espacio extraordinario para recuperar una de las especies más amenazadas de Europa”. Esta Fundación decidió suspender un programa de reintroducción del animal en el Maestrazgo ante “el inasumible riesgo de colisión y muerte de estos animales”, debido a los molinos previstos. Y el hallazgo del cadáver de un quebrantahuesos, el único provisto de radioseguimiento en este plan, en Luco de Bordón, en el Maestrazgo turolense pero a 40 metros de un aerogenerador sito ya en el parque perteneciente a la provincia de Castellón, hizo sonar las alarmas. Un informe de la Dirección General de Medio Natural del gobierno de Aragón ya alertaba sobre la presencia de esta especie amenazada en el entorno del futuro macroparque.
La polémica de las talas de árboles
La otra gran polémica fueron las talas que acompañaban al proyecto. Javier Prados, director de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), entidad que tomó el testigo de Forestalia financiando el plan, señaló que se ocuparán unas 140 hectáreas de bosques y que se talarán unos 98.000 árboles, mientras que sus opositores mantienen que las talas afectarían a 2 millones de pies.
¿Y qué explica que un directivo empresarial hable de talas? La declaración de impacto ambiental del Ministerio no precisaba cuántos árboles deberán ser arrancados, y solo señalaba que la reimplantación de vegetación deberá hacerse “con la misma composición, proporción y densidad” con el fin de recuperar la superficie preexistente de árboles (brezales y pinares de pinos negros endémicos).
La empresa CIP asumió el plan de compensación exigido para la reforestación y prometió replantar “un número muy superior a los árboles retirados”.
Pero la guerra de cifra no ha cesado. Y sus opositores reiteran que el Ministerio no ha evaluado la deforestación ocultada que llevaba implícita el proyecto.
Decenas de denuncias
Mientras tanto, la empresa ha anunciado el inicio de las obras para dentro de unas semanas, pero la oposición nunca ha cesado.
Las investigaciones judiciales se derivan de las denuncias presentadas por Teruel Existe en relación con la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Esta organización ha presentado decenas de denuncias contra este y muchos proyectos que obtuvieron del Ministerio para la Transición Ecológica declaraciones de impacto ambiental favorables, al considerar que no son correctas y que “son constitutivas de un posible delito medioambiental”, según explica a este diario Ernesto Romeo, portavoz de esta formación y miembro de la Plataforma 13 M.
Son denuncias tanto contra Forestalia como contra otras empresas, tanto contra decisiones evaluadas por el Ministerio o por el gobierno de Aragón, al estimar que la tramitación era irregular.
La denuncia por posible delito medioambiental en el Clúster del Maestrazgo fue en enero de 2023.
Todas estas denuncias, junto a otras relativas a otros posibles delitos que no son medioambientales, están agrupadas en unas diligencias en el juzgado número 1 de Teruel, donde se reúnen todos estos casos en actuaciones de investigación.
Llevamos años denunciando que lo que ha ocurrido en Aragón con las renovables es el Far West
“Nosotros llevamos años denunciando que lo que ha ocurrido en Aragón con las renovables es el Far West, donde todo estaba permitido, con partidos de gobierno que no hicieron la debida una ordenación territorial para planificar el despliegue e las renovables, con lo cual se extendió una alfombra roja para poder construir en cualquier zona, incluso en las más valiosas”, dice Romeo. El Partido Popular, en la campaña electoral anterior prometió que iba a efectuar esa ordenación territorial, pero “tampoco la hizo”
“Hemos denunciado tramitaciones irregulares de parques eólicos y solares, muchísimos presuntos delitos medioambientales, irregularidades, informes mal presentados, caducados, informes incompletos, incumplimientos de convenios internacionales de medio ambiente y de las leyes europeas...Y todo eso ha ido llegando a la justicia...”, añade Romeo. “Que la justicia actúe y se haga el esclarecimiento de los hechos”.
Otro elemento denunciado es que la declaración de impacto ambiental favorable aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica tiene “párrafos enteros, pegados y copiados, del propio proyecto de Forestalia”, que es tanto como decir que “la declaración de impacto ambiental la estaba haciendo la propia empresa”, denuncia Romeo.
“El Ministerio oculta la gran cantidad de hectáreas que va a deforestar la empresa porque la empresa lo ha ocultado en su proyecto”, dice. Romeo ha explicado que ha habido testimonios de funcionarios del Ministerio que ante la UCO han señalado que “no hubo evaluación ambiental”.
Forestalia ha sido la única compañía que ha planteado llevar a cabo proyectos eólicos en el Maestrazgo, una comarca a la que renunciaron las otras empresas de sector, valorando un temido y previsible rechazo, dado la importancia geológica de este lugar (alberga el Geoparque Mundial de la Unesco), señala Romero, convencido de que la empresa estaba segura que le iban a autorizar el proyecto.
Polémicas líneas eléctrica de evacuación
También se apunta que el proyecto de la línea de Matarraña (dentro del frustrado proyecto para llevar energía verde de Catalunya) obtuvo un “trato preferente”. El expediente de Forestalia se presentó un año más tarde que el Capital Green Energy (con el que muchos aerogeneradores coincidían en muchos espacios), pero Forestalia obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable dos años antes que esa otra empresa obtuviera, además, una declaración ambiental negativa. “Y todo ello pese a que la posición de los aerogeneradores era la misma; si esto no es para investigar que venga Dios y lo vea”.
Las líneas de evacuación planificadas para la conexión hacia las comunidades vecinas generaron malestar en los gobiernos de la Comunidad de Valencia hde Catalunya.
Estas líneas de alta tensión asociadas a los proyectos eólicos deben ser aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica cuando atraviesan varias comunidades, pero estas deben emitir informes preceptivos, que son vinculantes para evaluar el impacto en su territorio al atravesarlo (patrimonio cultural, de medio ambiente…).
En el caso de la línea de evacuación del Maestrazgo, hacia Castellón, el gobierno de la Comunidad Valenciana emitió un informe ambiental negativo. Y en esta tesitura y, dada la discordancia entre administraciones (el Ministerio la apoyaba y la comunidad autónoma la rechazaba), debió intervenir el Consejo de Ministros, quien tomó una decisión única y extraordinario a favor del proyecto haciendo uso de la prerrogativa del Gobierno de poder inclinar la balanza en este tipo de discrepancias entre instancias administratvas. “El consejo de ministros decidió que siguiera para adelante el proyecto eólico más grande de España sobre una zona de la Red Natura y en un área de exclusión, pisoteando el informe de la Comunidad Valenciana”, añade.
En el caso de las líneas de alta tensión que debían comunicar los parques de Aragón con la región de Barcelona (la través de la MAT Valmuel-Begues) el gobierno de ERC emitió tres informativos sobre biodiversidad negativos, pero eso (incomprensiblemente y para desesperación de gobierno catalán de ERC) no cerró el expediente ministerial de la polémica línea. El archivo MAT Valmuel-Begues sólo llegó con el contundente rechazo del gobierno de Salvador Illa a esta polémica línea.
Otro elemento que diversas entidades han cuestionado es el modus operandi del negocio de Forestalia, que se ha centrado especialmente en conseguir las autorizaciones para luego vender los proyectos.
Piden paralizar todo el proyecto de manera cautelar
En este contexto, diversas organizaciones (Plataforma 13 M, Teruel Existe o Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel) han pedido la paralización y la investigación de los proyectos de la comunidad aragonesa
La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, esa propuesta de paralización cautelar del Clúster Maestrazgo hasta que concluyan las investigaciones y los procedimientos judiciales actualmente en curso que afectan a su tramitación administrativa. La petición ha sido trasladada a través de una carta en la que se solicita que no se autorice el inicio de las obras.
Con esta medida, pretenden aportar a la ministra “el mayor número posible de argumentos” ante la gravedad de los hechos que se investigan, revelados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.
El proyecto, impulsado inicialmente por Forestalia pero actualmente en manos del fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), se encuentra pendiente de resolución judicial en distintos tribunales.
Maraña de recursos
En concreto, existen cinco recursos contencioso-administrativos interpuestos por su tramitación, admitidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También hay cuatro denuncias presentadas en los juzgados de Zaragoza y Teruel por organizaciones políticas y por la propia plataforma de las que tres han sido admitidas a trámite y una está pendiente de admisión.
