El Futur és Ara, una plataforma formada por una docena de entidades sociales y ambientales de la que forman parte, entre otras, el movimiento Renovem-nos, Conservació.cat, Oikia o Greenpeace, ha elaborado un documento en el que reclaman al Govern un “giro ecológico” y le reprochan una decena de retrasos o incumplimientos en materia de acción climática o protección de la biodiversidad. Muchos de estos deberes pendientes se refieren a la falta de medidas para dar cumplimiento a la ley de Canvi Climàtic del año 2017.
1) Presupuestos de carbono, los pilares para la acción climática
“Los presupuestos de carbono acumulan retrasos inaceptables”, explica Sergi Nuss, portavoz de Renovem-nos. Los llamados presupuestos de carbono son un instrumento previsto en la ley de Canvi Climátic para delimitar la cantidad máxima de gases de efecto invernadero que puede emitir Catalunya en períodos quinquenales. Es así como se fija un límite riguroso y fundamentado para repartir los esfuerzos de reducción de gases entre los diversos sectores. Según la propuesta remitida por un comité de expertos, Catalunya debería recortar esas emisiones un 8% al año (desde el 2021 hasta 2035) para seguir esa senda virtuosa. ”Sin este tope de emisiones, navegar hacia la neutralidad climática es hacerlo sin una brújula”, dicen estas entidades. El Govern aún no los ha aprobado.
2) Pla Integrat d'Energía i Clima: la hoja de ruta hacia 2030
En paralelo a los presupuestos de carbono, Catalunya ha de elaborar el Pla Integrat d’Energía i Canvi Climàtic (Pineccat) para detallar las actuaciones hasta 2030 con el fin de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Sería una planificación que coordine la transición energética y climática de las políticas sectoriales (energía, transporte, industria, etc.) Bajo un mismo paraguas estratégico.
Se estima que se necesitarán 12.000 MW adicionales de energías renovables a Catalunya antes de 2030 (5.000 eólicos y 7.000 fotovoltaicos) y llegar a casi 62.000 MW renovables instalados el 2050. “Esto supone multiplicar por 18 la potencia actual, un objetivo que hoy por hoy se juzga utópico dada la lenta evolución del despliegue actual”, se indica. Esta semana el Govern ha aprobado un decreto legislativo para declarar de interés público superior la instalación de fuentes renovables, baterías e instalaciones conexas.
3) Despliegue de las renovables
El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables –Plater– debe concretar dónde y cómo se ordenan las instalaciones de nuevos parques eólicos y solares haciendo compatible un gran despliegue de las renovables con la preservación del paisaje, la biodiversidad y los usos agrícolas. Las renovables cubren un 19% de la demanda eléctrica. Se estima que este despliegue afectaría al 0,5% del territorio catalán para llegar al objetivo de 2030 (y al 2,5% para el 2050), por lo que se pide la designación de estas zonas de aceleración para las fuentes renovables y que se adjudiquen mediante subastas, según explica Sergi Nuss.
Plataformas locales y entidades ambientalistas temen que sin esta planificación se repitan conflictos territoriales como los vividos en algunos proyectos eólicos, y exigen que el despliegue se realice con participación del territorio y criterios de conservación.
Parque eólico
4) Falta el inventario de los sumideros de carbono
Sigue sin elaborarse el inventario de los sumideros de carbono, que debía estar en 2018, según la ley. Este inventario debe cuantificar la absorción de los gases de efecto invernadero que pueden retener anualmente los ecosistemas catalanes y cómo evoluciona esta potencialidad en el tiempo. Debe servir para establecer las estrategias para protegerlos y ampliarlos (mediante una gestión forestal adaptada o la restauración de humedales) y fijar la metodología para objetivar esa contribución de los bosques y otros sistemas en la consecución de la neutralidad climática.
Sin embargo, aquí de nuevo encontramos incumplimientos. Varios estudios indican que los bosques catalanes están perdiendo capacidad de absorción de CO₂ debido al cambio global. Entre 1990 y 2014, el ritmo de captura de CO₂ de los bosques disminuyó un 17%, probablemente por el envejecimiento de los bosques, sequías y otros impactos climáticos, según datos de un estudio del Creaf de 2020.
5) Impuestos a empresas y buques: la fiscalidad ambiental, en la cuneta
La ley de Canvi Climàtic de 2017 preveía desplegar instrumentos fiscales sobre el CO₂, incluyendo un impuesto a las empresas con grandes cantidades de emisiones de gases. Esta medida tenía una doble misión: por un lado, alentaría a los sectores más intensivos en carbono a reducir emisiones para ahorrar costes y por otro lado dotaría a la Generalitat de recursos adicionales para invertir en acciones climáticas (renovables, eficiencia, adaptación...)- También quedó por el camino el anunciado impuesto por las emisiones de NOx a los grandes buques que atracan en los puertos. Hasta ahora la fiscalidad del carbono ha tenido un despliegue muy limitado en Catalunya y el resultado es un vacío importante: industrias, navieras, grandes instalaciones emisoras no tienen una señal de precio autonómico por el carbono que emiten (más allá del mercado europeo de emisiones en los sectores en los que se aplica). Las entidades ecologistas denuncian esta inacción fiscal como una oportunidad perdida de alentar la descarbonización de la industria y penalizar a quienes aportan más emisiones.
6) Adaptar la legislación en materia de contaminación a los nuevos estándares
La calidad del aire en zonas como el área metropolitana de Barcelonaha estado vulnerando los límites europeos de NO₂ y partículas, con graves consecuencias para la salud pública. Tras la implantación de las zonas de bajas emisiones (exigida por esos incumplimientos) los dos últimos años los valores vigentes para NOx se han cumplido. No obstante, la Unión Europea ha endurecido los estándares de calidad del aire para acercarlos a las recomendaciones de la OMS y ha planteado objetivos más estrictos de cara a 2030. Esto obliga a actualizar la normativa y planes catalanes para cumplir con los nuevos límites de contaminación en el plazo establecido. “El mensaje de la comunidad médica está claro: respirar aire limpio no es un lujo, sino un derecho. Cumplir y superar los estándares europeos no es solo una obligación legal, sino una inversión en salud para las generaciones presentes y futuras”.
Zona de bajas emisiones en Sant Cugat
7) Retrasos y más retrasos de la Agència de la Natura
La creación de la Agència de la Natura de Catalunya, un organismo que se debe encargar de la gestión del medio natural y mejorar su financiación, ha sufrido continuos retrasos. El último ha sido provocado por la presión de Revolta Pagesa. Los acuerdos para poner fin a la movilización de la Revolta Pagesa supusieron nuevas demoras en la creación de esta institución, aprobada por el Parlament en 2020. Las entidades reclaman que se cumpla la ley “sin rebajas y que el organismo nazca con plena capacidad, y no recortado por intereses políticos”; e incluso existe el temor de que quede en manos de los sectores rurales.
8) Falta el plan de corredores biológicos
Pese al consenso técnico sobre su importancia, Catalunya todavía no dispone de un plan territorial de los corredores conectores ecológicos. La idea lleva tiempo sobre la mesa –de hecho, los planes territoriales parciales ya identificaban a grandes rasgos algunos ejes verdes a proteger– pero no se ha concretado en un instrumento normativo vinculante. Hace unos años se anunció la redacción de un borrador de Plan de Conectores que “debería estar listo hacia junio”, pero los plazos han ido pasando sin resultados públicos. Sin conectividad, el 30% de espacios protegidos perderán buena parte de su efectividad y por otra parte sin esa definición es difícil acertar en la planificación territorial.
Gallecs
9) Actualizar el plan de adaptación al cambio climático
El plan de adaptación al cambio climático del Govern recogió 312 medidas concretas para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los entornos naturales frente a los impactos climáticos. Pero “habrá que integrar los objetivos de adaptación en la planificación sectorial de cada departamento, dotar de presupuesto las medidas y realizar un seguimiento riguroso”, se indica desde Renovem-nos.
Y 10) La nueva de Biodiversidad, pendiente desde hace un decenio
Uno de los deberes pendientes es la nueva Ley de Biodiversidad y patrimonio natural de Catalunya. El objetivo de esta norma debe ser definir un marco jurídico moderno, integral y ambicioso para la conservación de la naturaleza en el país y actualizar la antigua Ley de espacios naturales de 1985. En 2014 el Gobierno ya aprobó una memoria preliminar, que apuntaba hacia una actualización de las directivas europeas. La futura ley debe definir la responsabilidad pública, el papel de la sociedad civil y el apoyo de la comunidad científica en esta labor. Además, debe garantizar que se mantienen o restauran los servicios ambientales esenciales que nos ofrecen los ecosistemas –desde la polinización hasta la protección contra inundaciones–. Catalunya, al igual que el resto del mundo, está viendo un declive acelerado de las poblaciones de especies y la degradación de hábitats
