Voltaire, que entre otros muchos talentos profesaba una sabia impertinencia y fue el inventor del articulismo ilustrado, un arte sine nobilitate que desde entonces no ha hecho más que menguar en calidad, aunque en paralelo sea abundantísimo en cantidad, sostenía que gobernar consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una determinada clase de ciudadanos para poder transferírsela a otros. È vero è ben trovato.
Despojada de toda su teatralidad, eso que ahora llaman 'el relato' en los cuarteles generales de los partidos, la política consiste –en esencia– en la aplicación selectiva de unos determinados criterios fiscales. La administración de los tributos, que obliga a gestionar recursos ajenos, era (al menos antes) uno de los signos que mejor diferenciaban a las izquierdas de las derechas.
La derecha meridional alcanzó el 'Quirinale' prometiendo unas reformas que no ha aplicado en más de un lustro
Las primeras defendían el pago obligatorio de impuestos como la mejor fórmula de redistribución social. Las segundas, en cambio, deploraban la tributación en el entendido de que no existe destino para más adecuado para los caudales propios que el que cada uno decide. Entre una posición y la contraria existe, por supuesto, una amplia tonalidad de grises y espacios intermedios. Incluyendo, claro está, el proverbial capítulo de las contradicciones.
El gobierno del PP en Andalucía va a terminar este 2024, que es su sexto año completo al frente del poder autonómico, inmerso en una de ellas e impugnando –en buena medida– la autoficción creada por Moreno Bonilla que postula el triunfo de una revolución conservadora que ni es lo primero ni se diferencia en exceso de determinadas prácticas de los gobiernos socialistas que antecedieron al PP en el Palacio de San Telmo.
La derecha meridional alcanzó el Quirinale prometiendo unas reformas que no ha aplicado en más de un lustro de hegemonía y garantizando hasta seis “rebajas masivas de impuestos” que sí ha ido activando de forma paulatina, acompañadas de la correspondiente campaña de amplificación política. Las cosas, ya se sabe, no son lo que son. Son lo que se cuenta de ellas.
Moreno Bonilla durante la presentación de su plan de rebajas fiscales
Hasta ahora la posición del PP era que rebajando los tributos se recaudaba más, cuestión bastante discutible y en ningún caso infalible. Este discurso encajaba con el marco mental de Génova –cuyo modelo es Madrid D.F.– pero debilitaba una de las grandes reclamaciones de la Junta: la infrafinanciación regional, derivada de un sistema de reparto caducado e injusto.
Un problema de fondo, de raíz histórica, que se agravaría en el caso de que se implantase el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC para crear un cupo en Catalunya, lo que significaría una merma del orden de 6.000 millones de euros al año en las transferencias estatales para sostener los servicios públicos en el Sur de España, que es receptora neta de estas ayudas.
La hoja de ruta de San Telmo prescribe desde hace algo más de un año incidir en esta cuestión de forma constante, complementándola con otras reivindicaciones relativas a la ausencia de inversiones estatales en materias socialmente muy sensibles, como la red ferroviaria, políticas como la Dependencia o las infraestructuras hidráulicas, que antes del verano obligaron a limitar los riegos agrícolas y a plantearse hasta cortes en el suministro debido a la sequía.
Los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Carolina España, en rueda de prensa de presentación de los presupuestos de la Junta para el 2024
San Telmo hablaba de la Andalucía seca como de una maldición meteorológica incrementada por la desatención crónica del Gobierno central. No le faltaba parte de razón, pero la ausencia de resultados políticos tangibles en su estrategia de denuncia constante ha hecho también que el PP andaluz comience a virar su discurso hasta el punto de empezar a contradecirse.
El gobierno andaluz va a dar luz verde a dos relevantes autoenmiendas fiscales: la reimplantación del canon del agua, que hasta mediados del pasado año San Telmo negaba que estuviera en su agenda, y el regreso (parcial) del impuesto sobre Patrimonio para las rentas superiores a los 3,7 millones de euros. Dos medidas que evidencian que el populismo tributario en Andalucía tiene un margen estrecho cuando hay que cuadrar un presupuesto.
San Telmo ha ordenado un incremento del 30% en todos los recibos domésticos de agua y hasta el 100% de tributación en el impuesto diseñado para gravar a las grandes fortunas. Ambas decisiones, además de un mentís a sí mismos, supondrán un aumento de la recaudación tributaria. El canon del agua, una idea del PSOE, comenzó a recaudarse en 2011 al amparo de la presunta ejecución de obras hidráulicas que nunca se ejecutaron, y cuyos fondos (más de 730 millones de euros) fueron destinados unilateralmente a otros fines.
Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Andalucía
Ahora puede significar hasta un 40% más en los costes del nuevo recibo del agua, con especial incidencia en el caso de las rentas más humildes, ya que se aplicará primero como una cuota fija y después irá incrementándose en función del consumo en todos los municipios de la región –785– con independencia de si cuentan o no con servicio de depuración de aguas residuales o necesitan dichas inversiones. Se trata de un impuesto universal. Sin excepciones.
De la ejecución de estas obras hidráulicas se van a beneficiar, en la mayoría de los casos, los propietarios agrarios, que son quienes necesitan recursos hídricos en mayor cantidad para garantizar su producción y mantener las exportaciones agroalimentarias. El PP podía abordarlas perfectamente con una perspectiva sectorial –cobrando más a quienes se lucrarán de estas infraestructuras– o a través de las inversiones ordinarias del presupuesto.
Pero, en lugar de usar estas fórmulas, San Telmo ha decidido que sean costeadas por toda la sociedad en su conjunto, eliminando así la supresión temporal del tributo que en su día se cuidó especialmente de difundir como “una manera de ayudar a las familias y a las empresas a paliar los efectos de la subida de precios y de la inflación”. Ambos factores, a dos años vista para las nuevas elecciones, se han convertido ahora en irrelevantes para el Quirinale.
La decisión de reimplantar el canon del agua supondrá una redistribución (inversa) de rentas que quiere disimularse con el discurso de que el Ejecutivo central tiene bloqueados hasta catorce proyectos de trasvases y embalses en Andalucía considerados de interés general.
Juan Manuel Moreno Bonilla en una imagen de su discurso de Fin de Año del 2023 en el Parque Nacional de Doñana
El dato es cierto, pero la interpretación del Quirinale rebasa lo estrictamente institucional para convertirse en partidaria, ya que, además de alertar del perjuicio que supone la no ejecución de estos proyectos para el sector agroalimentario, ha incorporado a su argumentario el factor seguridad, dando a entender que, de no acometerse dichas obras, especialmente más pantanos, puede producirse una catástrofe similar a la provocada por la gota fría en Valencia.
La mayoría de las reivindicaciones políticas de San Telmo ante la Moncloa caen en saco roto. Moncloa no es receptiva por motivos estrictamente políticos. La retórica del gobierno andaluz no obtiene resultados tangibles y, a la hora de la verdad, como va a suceder con el regreso del canon del agua, acaba teniendo un coste notable para el bolsillo de los andaluces.
El discurso del agravio de San Telmo, sin duda, es rentable en estrictos términos políticos para el PP –ninguna de las encuestas publicadas discuten una reválida de la mayoría absoluta de Moreno Bonilla– pero su incapacidad para llegar a acuerdos con el Ejecutivo central no es neutral. Tiene costes para los andaluces. Más retórica equivale a más tributos. “Los buenos impuestos no existen”, decía Churchill. Y tampoco cambian según sople el viento.