Hace un par de semanas, el articulista de The New York Times Thomas Friedman comparaba a Trump con el cirujano de un anuncio de la televisión americana que recibe a una paciente y le dice: “Buenos días, Brenda, pasa”. La paciente responde: “Buenos días, pero me llamo Carol, no Brenda”. “Adelante, Carol, adelante”, dice el médico. ¿Cuál es la pierna que debemos operar? ¿La derecha o la izquierda?”. “Querrá decir qué brazo”, contesta la paciente. “No importa
–responde el médico–. Todo está conectado”. “Pero oiga, ¿usted es cirujano?”, le pregunta la paciente, aterrorizada. “No, soy sagitario”, responde el médico.
El torrente de disparates, fanfarronadas y delirios como los de Gaza con los que Trump nos desconcierta a diario tiene unos hilos conductores cada vez más nítidos. Uno de ellos es destruir el orden basado en normas de los últimos 50 años. La semana pasada aprobó una orden ejecutiva que lo ilustra muy bien. En esta orden, Trump insta al Ministerio de Justicia a no aplicar la ley que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses sobornar a políticos y funcionarios en el extranjero. No es la decisión más grave que ha tomado desde que volvió al poder, ni mucho menos, pero dice mucho sobre el tipo de mundo en el que quiere que vivamos.
La ley en cuestión tiene unas características que la hacen especialmente efectiva: es una ley que establece que la responsabilidad por el pago de sobornos no es de las empresas, sino de los directivos que deciden y pagan los sobornos. Los directivos tienen buenos motivos para negarse a saltársela aunque las empresas les presionen para que mejoren la cuenta de resultados, porque si les pillan, quien irá a prisión serán ellos, no sus superiores.
Es una ley extraterritorial. Normalmente, el derecho penal solo castiga los delitos cometidos dentro del territorio de cada Estado. Un robo cometido en Zimbabue, por ejemplo, no puede ser juzgado y condenado por la justicia española, aunque el ladrón sea español. Debe ser juzgado y condenado en Zimbabue. Pero en este caso la justicia estadounidense tiene competencia para actuar contra los presuntos delincuentes aunque los hechos hayan sido cometidos en el extranjero. También tiene competencia para actuar aunque los presuntos delincuentes no sean estadounidenses, siempre que las empresas para las que trabajan tengan alguna conexión con Estados Unidos.
Si la decisión de Trump sigue adelante, las empresas dispuestas a jugar sucio harán los mejores negocios
Hasta hace treinta años, los sobornos a políticos y funcionarios en las operaciones internacionales eran muy frecuentes. Había países, como Alemania, donde incluso se podían desgravar. Ahora ya no abundan tanto. Normas similares a la estadounidense están vigentes en todos los países de la OCDE (la organización que agrupa a los países más desarrollados), junto con un convenio internacional contra la corrupción que busca asegurar una competencia limpia entre sus miembros. Gracias a esto, el número de casos que han llegado a los tribunales es considerable. Muchos hombres de negocios han sido condenados, y grandes multinacionales como Goldman Sachs, McKinsey, Total, Siemens y Ericsson han tenido que pagar sumas con muchos ceros para evitar que sus directivos terminaran entre rejas.
Los motivos de Trump para ordenar que la ley deje de aplicarse son reveladores. Según el portavoz de turno de la Casa Blanca, Trump firmó la orden ejecutiva para “detener la aplicación excesiva e imprevisible de una ley que hace que las compañías estadounidenses sean menos competitivas”, ya que “la seguridad nacional exige que América y sus empresas tengan ventajas comerciales estratégicas en todo el mundo”. Es decir, que Trump considera que la prohibición de la corrupción frena la competitividad y que conviene que las empresas estadounidenses, a fin de incrementar su presencia en el mundo, puedan ir untando políticos y funcionarios a diestro y siniestro. ¿No es edificante? Este es el concepto que Trump y su Gobierno tienen de la libre competencia y de la seguridad nacional, digno de Vito Corleone.
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El convenio de la OCDE y las leyes nacionales que castigan la corrupción en el extranjero son reflejo del progreso moral generado por el orden basado en normas que Trump quiere destruir. Por eso es tan ilustrativa esta decisión. Él prefiere la ley de la selva. Son dos mundos distintos: la civilización, que él considera wo- ke y buenista, y el Far West, que es lo que le gusta. A partir de ahora, si la orden ejecutiva de Trump sale adelante, las empresas dispuestas a jugar sucio serán las que harán los mejores negocios.
Por suerte, falta que esta orden ejecutiva surta los efectos que él espera. Durante su primer mandato ya se le pasó por la cabeza aprobarla, pero el secretario de Estado Rex Tillerson y un asesor de la Casa Blanca le disuadieron. Trump puede hacer muchas cosas. El poder de un presidente estadounidense es vastísimo. Pero no sé si puede derogar leyes y tratados internacionales de un plumazo.
Veremos qué opinan los tribunales. En cualquier caso, si yo fuera un hombre de negocios estadounidense y trabajara en el extranjero, no me fiaría mucho de la orden ejecutiva de Trump, no sea que a algún juez se le ocurra que la ley sigue vigente mientras no sea derogada por el Congreso. Hay jueces muy particulares.