Inelegibilidad sí, gracias
TOPSHOT - A participant hangs a poster during a gathering in support of President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen, after she was convicted of a fake jobs scheme at the EU parliament, in Marseille on April 5, 2025. Marine Le Pen was given a prison term and fine on March 31, 2025, a verdict that sparked an international echo. Le Pen said that she would use all possible legal avenues to stand in 2027 elections despite a ban on her running and hailed the promise of a speedy appeal of her criminal conviction. (Photo by Clement MAHOUDEAU / AFP)
A Marine Le Pen le ha fastidiado mucho la sentencia judicial que puede apartarla de la carrera presidencial francesa del 2027 como candidata del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN). Es comprensible que así sea. Le Pen, de 56 años, es un animal político de largo recorrido y mayor tenacidad. Se afilió con 18 años al Frente Nacional, el partido fundado por su padre, ha optado a la presidencia de Francia en los comicios del 2012, 2017 y 2022, y afrontaba los del 2027 con encuestas favorables.
También es comprensible, pero en absoluto admisible, su reacción y la de sus aliados a la sentencia del Tribunal Correccional de París, que la ha considerado responsable de malversación de fondos europeos por valor de cuatro millones de euros y la ha condenado por ello, reduciéndola a la condición de inelegible. Le Pen ha calificado esa sentencia de “decisión política” (cuando responde a un delito económico probado, y cuando hubiera sido más preciso decir que “tendrá efectos políticos”).
Abascal ha dicho que “no conseguirán callar a los franceses” (como si la caída de Le Pen comportara la exclusión del RN, cosa que no ocurrirá). Y desde el Kremlin de Putin se ha hablado de “una violación de normas democráticas” en Francia (con la autoridad moral y democrática que le adorna tras el envenenamiento, detención y muerte en prisión del líder opositor ruso).
Es igualmente incoherente que los políticos iliberales del mundo, cuyo sueño húmedo pasa por someter a la justicia, se revuelvan contra ella cuando emite determinadas sentencias. Entonces tildan de rojos a los jueces, critican sus fallos y no dudan en socavar el prestigio del estamento judicial. También es incoherente que defiendan con tanto ardor las virtudes nacionales al tiempo que cometen delitos, como si estos fueran el fundamento de aquellas, o como si tuvieran el beneplácito de todos los nacionalistas. E incluso que rechacen la inhabilitación, cuando esta debería ser la pena inmediata para todo político, de cualquier partido, que vulnera la ley y es sancionado judicialmente por ello. Inelegibilidad sí, gracias. ¿O acaso deseamos ser gobernados por delincuentes ya condenados?