Ayer, en el transcurso de un solemne acto celebrado en la sede del Institut d’Estudis Catalans (IEC), se escenificó la aprobación del Pacte Nacional per la Llengua. Dicho documento, de 138 páginas, plantea una serie de objetivos para el año 2030, entre los que destaca la incorporación de 600.000 nuevos catalanohablantes. Y dispone para ello de una dotación económica que en el primer año alcanzará los 256 millones de euros y en los sucesivos, hasta llegar a final del decenio, será como mínimo de 200 millones anuales, siempre con el objetivo de defender la lengua catalana, en ámbitos tan diversos como el de su enseñanza específica, el de la educación en general, el del sector audiovisual o el de la promoción de la lectura, entre otros.
El pacto tiene su ya lejano origen en los primeros compases de la presidencia de Pere Aragonès, y cuenta con un respaldo social mayoritario, en el que se integran partidos como el PSC, ERC y Comuns, pero también entidades inequívocamente comprometidas con el catalán como Òmnium Cultural o la Plataforma per la Llengua (ambas, pese a expresar ciertas reservas en los últimos días), además de agentes económicos como las patronales Foment del Treball o Pimec y los sindicatos CC.OO., UGT o la Unió de Pagesos.
PSC, ERC, Comuns y entidades de todo tipo suscriben el Pacte Nacional per la Llengua
Ni PP ni Vox han dado su respaldo a este Pacte Nacional per la Llengua. Ayer lo criticaron con dureza, tachándolo de “autoritarismo lingüístico”, lo cual no constituyó una novedad. Sí lo fue, por el contrario, que Junts y la CUP, dos formaciones de cuño independentista, faltaran a su costumbre y negaran el apoyo a un instrumento cuyo objetivo manifiesto es la defensa del catalán. Puede entenderse que los antisistema rechazaran el pacto alegando que venía de la mano del Estado, algo que a su criterio lo contaminaría y haría inaceptable. Pero las razones aportadas por Junts no resultaron particularmente convincentes. Los de Carles Puigdemont denunciaron la, a su entender, escasa ambición del documento, y subordinaron su aprobación a conocer la respuesta del Tribunal Constitucional –que quizás no sea inminente, según han advertido fuentes de dicha institución– sobre el 25% de las horas lectivas en castellano, y también al pronunciamiento de la Unión Europea sobre la oficialidad y el empleo del catalán en los organismos comunitarios. Son unos argumentos que podríamos calificar de livianos y circunstanciales, pese a lo cual pesarían más en el ánimo de los posconvergentes que los esenciales; es decir, el respaldo colectivo de los catalanes al Pacte Nacional como instrumento de defensa de su
lengua. La política de peix al cove , que identificó a la CiU de Jordi Pujol –presente ayer en el acto del IEC, en lo que pudo interpretarse como un desacuerdo con la actual dirección de Junts–, parece estar ya en desuso.
Como sugería ayer algún dirigente de ERC, el catalán no puede permanecer a la espera porque determinados partidos han decidido apostar por el tacticismo. La situación de la lengua catalana es delicada y por ello no debería extrañar a nadie que desde la Administración pública se tomen medidas urgentes para protegerla. Según una encuesta de la Generalitat divulgada en la segunda mitad del pasado mes de febrero, únicamente el 32,6% de la población de Catalunya de 15 o más años tiene el catalán como lengua habitual única (lo que supone 3,5 puntos menos que hace siete años), mientras que el 46,5% de las personas residentes en nuestra comunidad emplean el castellano como lengua habitual.
Junts y la CUP aportan la nota disonante al negarse a firmar el documento
En semejante coyuntura, no hay tiempo que perder ni, en consecuencia, esperas pertinentes. Consideramos, pues, acertado que el Govern de la Generalitat de Catalunya, ahora encabezado por el socialista Salvador Illa, tome las medidas que estime convenientes para hacer frente al retroceso de la lengua del país. Y también lo sería que los partidos que reivindican su obediencia catalanista le secundaran sin poner trabas.
Es incoherente por parte de Junts convertir en causa mayor la oficialidad del catalán en la UE –donde los beneficios para la expansión del esta lengua serían, quizás, más simbólicos que numerosos– y en paralelo negarse a firmar este Pacte Nacional per la Llengua, que se propone trabajar por ganar 600.000 catalanohablantes en un lustro. Los pactos nacionales, que buscan el bien colectivo e inevitablemente incluyen al rival, producen anticuerpos a algunos. Es oportuno recordarles que lo que no suma puede acabar restando.