Sostenía Wilde (Oscar) que detrás de un moralista lo que se esconde es un hipócrita colosal. No se trata de una regla exacta, pero, al menos en lides políticas, podríamos decir que la descripción se aproxima bastante a ese cóctel de disimulo y descaro que exige el juego del poder. Al mismo tiempo que Feijóo abría esta semana el melón de la renovación en Génova, su principal socio orgánico, el presidente de la Junta de Andalucía, con quien ha compartido sus secretos durante esta Feria de Abril, anunció que la administración autonómica volverá a personarse como “perjudicada” en la causa de los ERE, pendiente de un hipotético recurso ante las instituciones europeas tras la orden de obediencia debida del Tribunal Constitucional.
La respuesta de la Audiencia de Sevilla, que fue quien condenó en primera instancia a los altos cargos del PSOE andaluz por los delitos de prevaricación y, en algunos casos, de malversación, ha puesto en un aprieto a la mayoría gubernamental del Tribunal Constitucional y a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, que ya se consideraban amnistiados por este caso de corrupción sin haber llegado siquiera a solicitar dicha medida de gracia.
Sin embargo, no supone una sorpresa. Difícilmente los magistrados de Sevilla, tras recibir el reproche por escrito de una parte de los jueces del Constitucional, que afirman en su fallo que la Audiencia no respetó los derechos fundamentales de los encausados, iban a dejar de usar el único mecanismo legal existente a su alcance –elevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea– para defender su criterio y, de paso, su prestigio, que consideran mancillado.
San Telmo ha visto en este movimiento, que reabre un escándalo que el PSOE andaluz ya daba por cerrado, una oportunidad política a un año escaso –si no hay adelanto electoral– para los próximos comicios regionales, previstos para mediados de 2026. Moreno Bonilla hizo su anuncio este lunes antes del Comité Ejecutivo del PP, en Madrid. Horas antes de que expirase el plazo que la Audiencia se había dado a sí misma para resolver sobre la medida.
Susana Díaz junto a Griñán y Chaves en el 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla en 2024
El viraje de San Telmo busca dotar de mayor sustento institucional el posible recurso de la Audiencia ante la justicia europea, que, de otra forma, se limitaría a una controversia entre jueces, al no tener voz propia la institución afectada por el reparto de las ayudas irregulares.
Además de jurídico, el móvil último de la Junta es esencialmente político. Y tiene un punto sorprendente, pues contrasta con la abulia mostrada hasta ahora por la derecha en Andalucía desde que se condenase a la cúpula del PSOE por el desvío de 680 millones de euros en una sentencia ratificada por el Supremo y corregida –sólo a medias– por el Constitucional.
Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE
Los socialistas no tardaron en invocar la socorrida tesis del lawfare y equipararon el amparo del tribunal que preside Cándido Conde Pumpido en favor de los políticos del PSOE con una absolución total. Ninguno de estos dos supuestos se corresponde con la realidad de las cosas.
La causa de los ERE responde a hechos delictivos (no a creencias ni a filiaciones políticas) y el Constitucional no absuelve exactamente a los condenados. Lo que hace es indicarle a la Audiencia de Sevilla que emita nuevas sentencias acordes a su controvertida interpretación.
La Junta estuvo como acusación en la causa general de los ERE –al margen del PP, que también está personado como partido político– hasta que Susana Díaz, para impedir que los condenados, entre ellos sus antecesores, tuvieran de asumir fianzas millonarias que hacían peligrar su patrimonio particular, ordenó a los servicios jurídicos de la Junta que desistieran.
El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y Moreno Bonilla en el Parlamento de Andalucía
La medida libró a los dirigentes del PSOE de tener que indemnizar por sus delitos, limitando el castigo a penas de cárcel para los condenados por malversación –en el caso de Griñán no llegó a cumplirse– y de inhabilitación para los culpables de prevaricación (Chaves y otros).
Moreno Bonilla intenta deshacer esta medida mediante una personación ex novo. ¿Por qué ahora, casi a última hora, y no antes? La derecha meridional llegó al Quirinale de San Telmo en diciembre de 2018. Hace ya casi siete años. Lleva dos legislaturas en el poder y goza en el Parlamento meridional de una mayoría absolutísima. Ha tenido todo a su favor para hacerlo.
Y, sin embargo, hasta ahora había evitado hacer cualquier anuncio de esta clase y tampoco se planteaba un movimiento procesal de alcance para dejar sin efecto el escudo patrimonial ideado por Susana Díaz en 2016 con objeto de proteger económicamente a los condenados del PSOE, al retirar a la Junta como “perjudicada” en la causa, maniatando así a la Fiscalía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Sin entrar en el trasfondo del asunto –solicitar al Tribunal de la UE que juzgue si el Constitucional se ha extralimitado en sus competencias, que en teoría deben circunscribirse a la casación, dado que la vía judicial ordinaria se agota en el Supremo, es evidente que Moreno Bonilla quiere mantener activo el caso por interés electoral. Necesita reavivar los ERE.
Los argumentos para justificar su decisión, que puede no ser tenida en consideración por la Audiencia de Sevilla, como ya ha ocurrido con anterioridad, han estado a disposición del PP durante más de un lustro, sin que el partido conservador los esgrimiese en foro legal alguno.
En la calle San Fernando de Sevilla –sede de la dirección regional del PP– el caso ERE se consideraba, tras la sentencia de 2019, una cuestión amortizada. De ella no se podían extraer nuevos rendimientos políticos. Esto explica que la derecha fuera remisa a solicitar el ingreso en prisión del expresidente Griñán cuando los jueces le preguntaron su parecer al respecto.
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Se había decidido no hacer más sangre, tras las condenas, para no aparecer ante los electores socialistas que en 2022 prestaron su voto al PP –los estudios demoscópicos registraron una transferencia de sufragios del orden del 14%– como una derecha inmisericorde y revanchista.
Desde que el PP preside la Junta el entusiasmo por recuperar el dinero malversado ha sido escaso. Incluso aunque, además de las vías legales ordinarias, el Supremo haya establecido que, a pesar del criterio del Constitucional, cuando las subvenciones entregadas sin control a las empresas implicadas se hayan apartado de los “fines públicos” estaríamos ante delitos no cubiertos por la ley de presupuestos, que es el principio maestro al que se acoge el TC.
La consejería de Presidencia de la Junta, dirigida por Elías Bendodo primero y después por Antonio Sanz, un hombre de Javier Arenas, no ha tenido como prioridad la restitución de los dineros de los ERE. Moreno Bonilla afirma ahora que la Junta tiene “la obligación” de recuperar los fondos malversados, pero obvia que tal imperativo rige desde el principio.
El grueso dinero no ha aparecido. La Junta ha seguido pagando con absoluta normalidad la jubilación a los trabajadores beneficiados por los ERE durante estos siete años –cosa que los socialistas no dejan de recordar, como si fuera un argumento que diluyera su responsabilidad– y apenas ha conseguido, como consecuencia de la acción del Tribunal de Cuentas y de la Justicia, el reintegro de 27 de los 680 millones de euros malversados. Una cifra ridícula.
San Telmo está presente en cada una de las casi cien piezas particulares –una por cada subvención, donde el montante en disputa asciende a 135 millones de euros– que todavía están juzgándose o se encuentran pendientes de juicio. Pero en los años en los ha dispuesto del aval del Supremo –esto es: antes de la sentencia del Constitucional– su interés por acelerar las reclamaciones por la vía del reintegro ordinario o en el ámbito la jurisdicción civil ha sido sospechosamente discreto.
Tampoco se personó como “perjudicada” ante el TC, lo que dejó vía libre al tribunal que preside Conde Pumpido para dar un viraje súbito al caso. Sencillamente: no pensaron que pudiera suceder. Tiempo para personarse han tenido de sobra. Voluntad, no mucha. Lo que el presidente de la Junta hace con la resurrección de los ERE es enmendar su pasividad. Es una excusatio non petita. Y, como nos enseñan los clásicos, equivale a una acusatio manifiesta.