Isabel Díaz Ayuso dice que destinará 500.000 euros al año para los hombres víctimas de violencia sexual, la misma cifra que dedica a las mujeres. Resulta insólito que la presidenta de la Comunidad de Madrid dedique la misma cantidad a combatir las agresiones sexuales que sufren los hombres y las que sufren las mujeres porque, solo teniendo en cuenta lo que revelan los medios de comunicación, es evidente que ellas sufren esa violencia en una proporción muchísimo mayor que ellos.
Consultar estadísticas sobre este tipo de delitos no es fácil porque los datos están dispersos y son incompletos. Cierto que no debe de resultar sencillo confeccionarlas. En primer lugar, porque muy a menudo las agresiones no llegan a salir a la luz. Según un estudio sobre la percepción de la violencia sexual de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o falta de confianza en el sistema judicial.
Se considera que solo entre el 11% y 20% de las mujeres que han sufrido violencia sexual presentan denuncia formal. Y en el caso de los hombres, se estima que la tasa de silencio es también muy alta. En segundo lugar, porque quien suele recoger los datos es Interior y para ello se basa en las denuncias. En el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual de la Secretaría de Estado para la Seguridad, al definir la metodología utilizada, explica que para su cómputo se tienen en cuenta los hechos de los que han tenido conocimiento una serie de cuerpos policiales, que cita. Dicho de otro modo, si la víctima no ha dado parte en sede policial, la agresión no existe.
Bien es verdad que el Ministerio de Igualdad, la Conselleria d’Igualtat de Catalunya y algunos observatorios, gubernamentales o independientes, elaboran informes bajo el paraguas genérico de “violencia machista”, dentro de los cuales se halla la violencia sexual, pero los datos no se desglosan de forma sistemática pese a ser esta una categoría especialmente grave y con dinámicas propias.
Ni la Conselleria de Salut ni el Ministerio de Sanidad tienen estadísticas fiables sobre las víctimas
Una de esas dinámicas propias son los efectos sobre la salud, física y sobre todo mental. Según el artículo Sexual assault victimization and psychopathology publicado en National Library of Medicine: “Los resultados indican que las personas que han sido agredidas sexualmente presentan (…) un mayor riesgo de todas las formas de psicopatología evaluadas, y asociaciones más sólidas para el estrés postraumático y la conducta suicida”. No podemos olvidar el reciente suicidio de la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de Inglaterra por abusos sexuales, cuya familia atribuye a esas violaciones su pérdida de ganas de vivir. Los efectos sobre la salud mental son un dato muy relevante.
Así que una esperaría encontrar estadísticas fiables en la Conselleria de Salut y en el Ministerio de Sanidad, que podrían recabarlas en los hospitales, pero no las hay. Y, sin embargo, es a los hospitales adonde van la mayoría de las víctimas, incluso las que, luego, no van a denunciar. En este sentido, destaca (y tal vez no hay otro) el hospital Clínic de Barcelona, que sistematiza y publica cifras concretas sobre los casos que atiende.
En su informe Violencia sexual atendida en el área de urgencias del hospital Clínic de Barcelona, elaborado por la comisión de Violencia Machista y Salud, explica que atendió 784 casos de agresiones sexuales durante el 2024, un 15,6% más que en el 2023; de ellas, el 87% de las víctimas fueron mujeres y el 13% hombres. Y hasta ahora el 100% de los agresores eran hombres, aunque actualmente ha descendido al 99,9% porque se ha detectado alguna mujer en agresiones grupales. Y las agresiones grupales representan el 11% del total.
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Lamentablemente, a pesar de que la mayoría de los organismos citados hasta aquí cuentan con protocolos para abordar la violencia sexual, no producen datos significativos en cuanto a los problemas de salud derivados. Es un contrasentido plantear procedimientos sin saber qué está ocurriendo y sin tener datos fiables, contrastados y representativos de todo el territorio. Necesitamos políticas públicas que exijan a los hospitales la elaboración de informes anuales en la línea de los del hospital Clínic de Barcelona.