La dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), el organismo de la Generalitat creado para promover el bienestar de la infancia y la adolescencia en alto riesgo de marginación social, y de este modo contribuir a su desarrollo personal, afronta estos días dos graves crisis que obligan, de manera ineludible, a revisar sus protocolos de actuación.
La primera crisis está relacionada con un caso de abusos sexuales sufridos, a partir de los doce años, y también en los sucesivos, por una niña, integrante del colectivo de 9.000 menores de edad que reciben algún tipo de tutela de la DGAIA, ya sea en sus centros o en domicilios de acogida. La petición fiscal, conocida días atrás, de 107 años de cárcel para el pederasta que violó reiteradamente a esta niña, y que luego la ofreció a otros para que también abusaran de ella, ha devuelto a la actualidad un caso que fue denunciado en el 2021, y sobre el que ahora han trascendido sórdidos detalles.
La segunda crisis es la relativa a una investigación por posible malversación que lleva a cabo la Oficina Antifrau de Catalunya, sobre una supuesta red de fraude entre entidades encargadas de conceder y controlar las prestaciones que la Generalitat ofrece a jóvenes ex-tutelados pero aun bajo el paraguas protector de la DGAIA. Esta investigación ha sido posible gracias a la denuncia de un educador social, hoy testigo protegido, que debió vencer las resistencias de sus superiores cuando les expuso las irregularidades detectadas.
Estamos ante dos casos, como apuntábamos más arriba, de notable gravedad. El sentido de un organismo como la DGAIA, creado para promover el bienestar de los menores que viven en situación precaria, queda hecho añicos cuando una de sus teóricas beneficiarias, lejos de mejorar su situación, cae en las redes de un pederasta y es sometida a todo tipo de sevicias.
Un caso de pederastia y otro de posible malversación empañan la labor del organismo
Fuentes conocedoras de dicho organismo han recordado los límites de sus competencias, al señalar que muchos acogidos en los centros de protección gozan de libertad de movimientos de entrada y salida, y que no es posible prestarles servicios de vigilancia individualizada cuando están fuera de ellos. Aun así, la sensación de fracaso es inevitable y dolorosa.
No es menos preocupante apreciar, a tenor de las declaraciones del denunciante del segundo caso, el grado de obstruccionismo que sufrió cuando comunicó a sus jefes las irregularidades percibidas en la gestión de la acogida residencial y en las prestaciones económicas a jóvenes tutelados. Ya fueran la malversación de recursos públicos, la existencia de plazas fantasma o la respuesta obtenida de superiores que, en lugar de interesarse por subsanar las irregularidades, las desdeñaron, primero, e invitaron después al denunciante –que entretanto recibió amenazas a raíz de su actitud– a abandonar el servicio. Si es lamentable que se produzcan tales hechos, más lo es todavía que traten de minimizarlos u ocultarlos quienes deberían ser los primeros interesados en corregirlos.
El buen nombre de las instituciones no es algo que se regale, sino que se edifica día a día mediante una labor esmerada e irreprochable. Su prestigio está siempre al albur de cualquier percance, aunque sea ocasional y empañe injustamente el conjunto de su labor. Por ello es obligado llegar al fondo de los casos que nos ocupan. La DGAIA no puede afrontar el futuro en condiciones si antes no limpia, cura y cicatriza sus heridas.
Estos asuntos, que tienen su recorrido judicial, son de la suficiente entidad como para que el pleno del Parlament de Catalunya acuerde la creación de una comisión de investigación específica, que permita averiguar qué ha sucedido exactamente. Junts y PP, que suman más de cincuenta escaños, anunciaron ayer que forzarán su puesta en marcha.
La Generalitat anuncia una “transformación profunda” y ejercerá como acusación popular
También el Departament de Drets Socials, del que depende la DGAIA –y que hasta la fecha se había resistido a responder preguntas, aduciendo que podía afectar a la intimidad de menores tutelados–, anunció ayer por boca de su titular, Mònica Martínez Bravo, que está ultimando una “transformación profunda” de la DGAIA para reforzar los sistemas de protección de los menores. Y, también, que la Generalitat se personará como acusación popular en el caso de la niña violada. Estos son pasos en la dirección correcta. Porque solo así se puede llegar a frenar la alarma social y a restablecer el buen nombre de la DGAIA, un organismo que, de la mano de profesionales entregados, realiza cotidianamente una labor muy delicada y encomiable.