Repensar la derecha

El Partido Popular celebrará su congreso en la primera semana del próximo mes de julio. La convocatoria se produce en un contexto de enorme polarización política y de acusado deterioro institucional, con un Ejecutivo cercado por múltiples problemas y con crecientes dificultades para gobernar. En este contexto, el PP ha de ofrecer a la sociedad su alternativa, no basta el antisanchismo, y para ello tendrá que definir el ideario en el que aquella se fundamenta. Además, esto es urgente por una razón adicional: el modelo institucional, político, territorial, económico y social fundado en 1978 está en crisis y se impone la necesidad de reformarlo para hacer frente a los desafíos del siglo XXI.

El centroderecha no puede, como sucedió entre el 2012 y el 2018, convertirse en el taller de reparaciones del colectivismo gubernamental, sino adoptar una estrategia de cambio soportada por una filosofía nítidamente diferente. La experiencia del marianismo es una lección de lo que sucede cuando se acepta el núcleo central de la herencia recibida de la izquierda. Aquí y ahora, no basta con sacar a la izquierda del Gobierno, sino que hay que frenar e invertir el camino andado por las Españas desde el 2004. Estas se encuentran en uno de esos momentos en los cuales las “corrientes cruzadas” de la opinión pública, en terminología de Dicey, están en su máximo; esto es, la opinión que subyace en la sociedad es confusa, vaga y caótica.

Ese escenario es sin duda complicado, pero crea las condiciones adecuadas para plantear una alternativa de ruptura con el colectivismo en la Vieja Piel de Toro. La polarización existente refleja la quiebra del statu quo que ha dominado el panorama durante, al menos, las últimas dos décadas. El colectivismo vegetariano, la socialdemocracia, está agotado. Ha sido abandonado por el propio PSOE, cuya única seña de identidad es conservar el poder, y es rechazado por la derecha cañí.

Aunque la oferta de ambas no sea la adecuada y conveniente para abordar los problemas de las Españas, su coincidencia en el diagnóstico (el agotamiento del modelo socialdemócrata) es acertada. Ante ese panorama, el centroderecha ha de enarbolar la ban­dera de la libertad arriada y olvidada durante demasiado tiempo como eje de su ideario.

De entrada ha de diseñar una estrategia orientada a limitar el poder del Estado para interferir en la vida, en la libertad y en la propiedad de los individuos. Ello implica, entre otras cosas, comprometerse a recuperar y fortalecer las instituciones básicas de la democracia liberal y a mantener la ley, el orden y hacer cumplir los contratos. Esas funciones esenciales han sido y son incumplidas de manera sistemática por un Gobierno para quien la igual libertad ante la ley ha de ser y merece­ ser sacrificada en función de sus intereses ideológicos, políticos y elec­torales.

Por eso es preciso restaurar la igualdad ante la ley, el reconocimiento de los mismos derechos a todos los individuos y hacer de su protección una tarea esencial de los poderes estatales. Además, ahí radica la fuerza del Estado, su capacidad de ser inclusivo, de lograr la adhesión de los ciudadanos a las reglas del juego, de minimizar las presiones corporativas de todo tipo y los intentos de imponer desde los gobiernos una visión partidista e ideológica de la vida o de la civitas.

Es también la senda para quienes desean preservar determinados ideales tradicionales cuyo sustento ha de ser la libre adhesión de los individuos, no la coerción estatal. Un Estado de todos ha de ser beligerante contra cualquier modo de opresión y de privilegio.

El PP debería plantearse una política destinada a que la libre competencia y el sistema de precios puedan operar con eficacia. La competencia en los mercados es el mejor instrumento para acabar con los privilegios, para premiar el talento y el esfuerzo, para proteger y mejorar las condiciones de vida de los consumidores, de los trabajadores y, en especial, de los españoles con menor nivel de renta. Todo el mundo, salvo los grupos protegidos por las regulaciones del Gobierno, se beneficia de un orden competitivo.

Hay que garantizar el acceso de todos los españoles a una serie de servicios básicos: educación, sanidad, etcétera. Ahora bien, ello no implica la provisión monopolística de estos servicios por los poderes públicos. De igual modo, el diseño de las políticas para combatir la pobreza ha de evitar su transformación en un modo de vida permanente, lo que exige temporalidad y condicionalidad en las ayudas. Ello supone realizar una revisión o una reforma de los programas del Estado de bienestar para hacerlo más eficiente y porque, además, es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Hay asimismo que formular una estrategia presupuestaria y fiscal destinada a convertir el equilibrio de las cuentas públicas en una regla de oro y reducir el binomio déficit-deuda pública mediante un recorte del gasto público, que permita rebajar una fiscalidad excesiva penalizadora del trabajo, el ahorro y la inversión. La carga fiscal soportada por los contribuyentes de las Españas no solamente mina la creación de riqueza y erosiona su nivel de vida sino que reduce la libertad. Además, el tamaño del Estado es demasiado grande e ineficiente; detrae recursos crecientes de las familias y de las empresas. El Estado se ha convertido en el amo en vez de ser súbdito de los ciudadanos.

Sin duda, estas ideas no son un programa, pero sí sugieren algunas de las grandes líneas que deberían inspirar el ideario del centroderecha en esta hora de las Españas. ¿Es posible? Solo los dioses lo ­saben.