Barcelona acogerá hoy la vigésimo octava edición de la conferencia de presidentes, con la asistencia, en principio, de todos los mandatarios autonómicos y bajo la presidencia del rey Felipe VI. Dada la atmósfera de crispación que envuelve la política española, quizás sea en primer lugar oportuno recordar el propósito de estas conferencias, propias de los países descentralizados. Un propósito que se resume en debatir y alcanzar acuerdos beneficiosos para el funcionamiento del estado autonómico y, por tanto, para todos sus habitantes.
En esta condición de instrumento interinstitucional reside el sentido de la conferencia, que no es un órgano partidista, sino un foro de encuentro sobre asuntos que afectan al día a día colectivo, y cuya mejora puede depender precisamente del entendimiento entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos.
Hecho este recordatorio, debemos admitir que el encuentro que hoy se realizará en el Palau Reial de Pedralbes está marcado por el pesimismo. No solo porque la insomne campaña de deslegitimación del Gobierno socialista que realiza la oposición popular es poco prometedora, y porque el partido en el Gobierno, o personas relacionadas con él, incurren en conductas no debidamente aclaradas cuando parecen querer contrarrestarla, sino también porque así lo indican declaraciones específicas de responsables el Partido Popular en vísperas del encuentro.
Barcelona acoge el encuentro, presidido por el Rey, en un clima político muy enrarecido
Primero fue el amago del PP de boicotear la conferencia, lo cual, habida cuenta del dominio que ejerce en el mapa autonómico, hubiera equivalido a liquidarla. El Gobierno se avino a incluir propuestas de algunas de dichas autonomías en el programa del encuentro, algo que por cierto debería suceder en toda circunstancia. Y así se evitó el nubarrón que se cernía sobre el encuentro. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid abonó ayer de nuevo la incertidumbre al reaccionar a la decisión gubernamental de permitir el uso en la cumbre del catalán, el euskera o el gallego –lenguas oficiales en su comunidad, y patrimonio cultural que debe ser objeto de respeto, según la Constitución–, amenazando con abandonar el encuentro si ocurre tal cosa –“o me lo dicen en español o me saldré”, precisó– y calificando, muy desafortunadamente, la posibilidad de “auténtica golfada”.
Nada de lo referido en el párrafo anterior debería hacernos olvidar que en el temario de la conferencia hay cuestiones de resolución perentoria, que afectan a incontables españoles, y que hallan en esta reunión una ocasión de progreso que no conviene menospreciar. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, acude con una propuesta para paliar, que no resolver, dada la dimensión del asunto, el acuciante déficit de vivienda protegida, considerado por los españoles como el problema más grave, según reflejan los barómetros del CIS desde hace seis meses. Una propuesta que se concreta en la subida hasta los 7.000 millones de euros de las ayudas públicas, asumiendo la administración central el 60% de esa aportación y proponiendo a las autonomías hacerse cargo del 40%.
El PP debería hacer un esfuerzo de contención y acudir a la reunión con ánimo constructivo
La respuesta de los populares ha sido coherente con su habitual discurso parlamentario, pero no ha aportado esperanza a quienes sufren la carestía habitacional. Según el PP, “la vivienda no puede ser el juguete electoral de un presidente en apuros”. Aun así, sigue siendo el problema de muchos.
Creemos que el PP debería hacer un esfuerzo de contención y acudir a la conferencia de hoy con ánimo constructivo. Toda ocasión para el diálogo merece ser aprovechada. El Congreso se ha convertido, lamentablemente, en un escenario para el combate cainita, donde se zahiere al rival sesión a sesión, con toda clase de epítetos imaginables, y donde, en la práctica, eso se tiene ya por más importante que contribuir a la resolución de los problemas del país mediante las transacciones consustanciales a la actividad política.
Y, como si la cámara no fuera ya un cuadrilátero suficiente, el PP ha convocado el domingo una manifestación en Madrid para volver a expresar sin restricciones su rechazo al Ejecutivo. Está en su derecho, si considera que esa es su mejor y más productiva idea. Pero para la mayoría de los ciudadanos que esperan de la política avances sobre la marcha del país no es fácil suscribir tan constante ampliación del campo de batalla, que viene siendo estéril en lo tocante a sus objetivos, y obstruye además los procesos de gestión del país.