La confianza en la justicia y la percepción de la honestidad en su funcionamiento resulta un pilar imprescindible de toda sociedad democrática. Es, en definitiva, la prueba del nueve que asegura la calidad de nuestro sistema. Sin embargo, los estudios sociológicos que se hacen en España ponen de manifiesto en los últimos años una desconfianza que debería preocupar no solo a los jueces, sino tanto o más a los políticos. La realidad demuestra que un sistema jurídico mal administrado o mal ejercido causa perplejidad e indignación, y acaba por confundir a los ciudadanos.
Una encuesta de Gesop para El Periódico publicada ayer ponía de manifiesto que solo una de cada tres personas cree que los jueces actúan de manera independiente en España, mientras que el 58% opina que lo hacen condicionados por los poderes económicos o políticos. Los votantes de todos los partidos sin excepción dudan de su independencia. Los de Bildu (83,4%) y Junts (81,7%) son los más desconfiados, y los menos, los partidarios del PP (50,8%). Los que declaran votar a PSOE y Vox casi empatan, con el 58,1% y 57%.
Solo uno de cada tres ciudadanos cree en la independencia de los tribunales
Uno de los errores de la clase política, particularmente de la derecha, ha sido su afán de judicializar la cosa pública para intentar laminar al Gobierno. Pero cuando los jueces no coinciden con sus intenciones, les critican sin miramientos. Esta semana hemos oído a Feijóo cuestionar la independencia del Tribunal Constitucional, diciendo que su configuración es uno de los problemas que tiene el país, poniendo en tela de juicio su objetividad por el asunto de la amnistía. La izquierda cree que un sector de la justicia está haciendo el trabajo sucio al PP. En la copa de Navidad con la prensa, Pedro Sánchez se quejó amargamente de magistrados que actúan con las cartas marcadas y que, a menudo, adelantan sentencias judiciales al PP.
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Hay jueces que tampoco ayudan a devolver la fe en una institución tan básica como los tribunales por su afán de protagonismo, por autos que no se sostienen o por algunas actitudes públicas. A lo mejor, debería ser la sociedad civil quien exigiera más seriedad a políticos y jueces para devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones.