Junts rompió el miércoles las conversaciones con el PSC para reformar la norma, aprobada en el 2018, siendo alcaldesa Ada Colau (BComú), que obliga a reservar para vivienda de protección oficial el 30% de las nuevas promociones y de las grandes rehabilitaciones de edificios en Barcelona. Dicha norma obedecía al deseo del consistorio de entonces de oponerse a la actividad de los fondos buitre, que compran edificios, rescinden los contratos a los inquilinos, reforman los pisos y los ofrecen a usuarios de mayor poder adquisitivo, agravando el problema de acceso a la vivienda.
Pero la aplicación de la norma no ha contribuido a resolver la falta de vivienda protegida sino que, por el contrario, la ha agravado. En los últimos años, la promoción privada se ha retraído de modo notorio (un 10%), desplazándose fuera de la ciudad, y el número de nuevas viviendas sociales puestas en el mercado ha sido a todas luces insuficiente. El año pasado solo fueron 12, en datos del Colegio de Arquitectos, y son 23 hasta ahora, según la concejal de urbanismo.
La principal razón aducida por Junts para dar por terminadas las conversaciones para revisar la reserva del 30% es que Jaume Collboni, alcalde y líder municipal del PSC, les parece incapaz de negociar para alcanzar un acuerdo, actúa con prepotencia y no goza de su confianza –de hecho, en el pleno, ayer, Junts apoyó una reprobación del alcalde en términos similares–.
Junts rompe la negociación con el PSC para revisar la medida que frena más que impulsa el crear vivienda
Es cierto que el alcalde no accedió en su día a satisfacer las demandas de Junts, que pedía, a cambio de apoyar la reforma de la norma, la adopción de medidas como ayudas al alquiler y la compra, reducción del 4% del IBI (los socialistas han llegado a aceptar el 2%) o reclamar a la Sareb los activos que tiene en la ciudad. Sin olvidar la flexibilización del 30%, claro está. La falta de entendimiento entre las dos partes abonó una desconfianza que ahora se ha expresado ruidosamente. Los socialistas se han mostrado sorprendidos por la ruptura de las conversaciones y siguen dispuestos a negociar.
Por su parte, los presidentes de la Associació de Constructors i Promotors y la patronal Foment criticaron ayer a ambos partidos por “parar la negociación cuando estábamos más cerca que nunca de un acuerdo”. Los culpan de “un tema de egos, partidismos o de lucha política” y les urgieron a buscar un acuerdo.
Los socialistas han intentado aproximarse a otras fuerzas para avanzar en la mencionada reforma, salvo a BComú, que afirma que no dudaría en modificar la norma, pero no para suavizar el 30%, sino para subirlo hasta el 50%. Esas otras negociaciones, recurrentes durante los últimos dos años, no han fructificado. Pero la ruptura con Junts es particularmente decepcionante, puesto que la suma de los diez concejales socialistas y los once posconvergentes supone la mayoría absoluta del Consistorio barcelonés.
Foment y constructores urgen a aparcar recelos políticos y a aliviar el problema habitacional
Collboni empuña desde hace dos años la vara de mando sin apoyos fijos, y a menudo ha sido criticado por ello (ayer, de nuevo). Su debilidad es un hecho (diez concejales de un total de 41) y su deseo de seguir gobernando en solitario, con ocasionales acuerdos con otras formaciones, no satisface a estas ni genera sinergias, sino rechazo, propiciando la ruptura de negociaciones sobre asuntos cuya solución urge, como en este caso.
Cada fuerza política del Ayuntamiento es libre de optar por la estrategia que prefiera. Pero ninguna debería anteponerla al interés colectivo, ni puede cerrar los ojos ante la gravedad del problema de acceso a la vivienda (y ahora también de permanencia en ella). Menos aún, cruzarse de brazos ante dicho problema. Del gran apoyo que tuvo la norma en el 2018, con el voto favorable de BComú, los posconvergentes, PSC, ERC y CUP –35 de los 41 concejales de entonces–, hemos pasado a una situación opuesta, en la que todos, salvo BComú, reconocen los efectos negativos del 30% y llevaron la idea de su reforma en los programas de las municipales del 2023. Programas que hasta la fecha han sido incumplidos.
El problema de la vivienda, considerado por los españoles como el más preocupante, es de una enorme complejidad y difícil solución si antes no se suscribe un pacto nacional con el que agentes públicos y privados se comprometan a redefinir las normas del juego en el sector. Comunidades como el País Vasco y Navarra avanzan ya por esa senda y su parque de vivienda empieza a acercarse a los de países europeos donde el problema es mucho menor. Entretanto, es imprescindible que las administraciones locales trabajen para paliar los efectos del problema, que no promulguen normas que complican aún más la situación, y que, en caso de haberlas promulgado, hallen consensos para derogarlas o para reducir o eliminar sus efectos indeseados. Barcelona no se puede permitir aplazar la reforma del 30% para después de las elecciones de 2027.