Tomo prestado el título de este artículo de una novela memorable de Alejo Carpentier sobre un dictador. Es una alusión a la persistencia de las dictaduras en la historia de América Latina. Tomo prestado el título porque nosotros también tenemos un problema de reiteración, y no con las dictaduras, a pesar de que también hemos tenido unas cuantas, sino con la corrupción en las obras públicas, una tradición con raíces muy profundas en nuestra historia, un método para enriquecerse que se repite de forma recurrente desde hace siglos.
Hay países en los que los policías redondean el sueldo chantajeando a ciudadanos inocentes. Cuando necesitan dinero, detienen a alguien, le acusan de cualquier infracción y le amenazan con todas las calamidades imaginables si no les paga una cantidad. Por suerte, en España no padecemos este mal. También hay países en los que los jueces aceptan sobornos. No es nuestro caso. Si hay algún juez que se gana la vida así, es un caso aislado, y si alguien quiere ir de cabeza a la cárcel, que pruebe a ofrecerle dinero a algún juez. Verá qué rápido que va.
No; nuestras principales bolsas de corrupción están ubicadas en dos terrenos –nunca mejor dicho– muy concretos: la licitación de obras públicas y la recalificación de solares para la construcción. Desde el marqués de Salamanca, hace un siglo y medio, hasta Gil y Gil, la lista de personajes que se han enriquecido cultivando estas prácticas es muy larga. Son negocios que no fallan. Quien tenga curiosidad la puede satisfacer fácilmente hojeando Un pueblo traicionado, de Paul Preston (cuyo título también habría venido como anillo al dedo para encabezar estas líneas).
La corrupción es inevitable, siempre la ha habido y siempre la habrá, aquí, en Escandinavia y en la China capitalista-leninista. La diferencia es que hay lugares en los que se investiga, se descubre y se castiga y otros en los que no.
Gobernar a merced de los informes policiales y de las filtraciones puede ser un calvario
¿Se investiga y se descubre aquí? Del último caso conocido, el de Santos Cerdán, nos hemos enterado porque Koldo García tenía afición a las grabaciones, no porque las alertas internas del PSOE hayan funcionado. El sábado, el comité federal del PSOE endureció los mecanismos para prevenirla. Habrá que ver si ahora funcionan mejor.
¿Y se castiga? Hombre, hay que imaginar que sí, que los presuntos delincuentes, si las sospechas se confirman, tendrán que devolver el dinero y pagarán sus fechorías con largas estancias en la cárcel. Pero no sé si la legislación es suficientemente rigurosa.
Un hecho revelador: los títulos de Acciona, la compañía presuntamente implicada en los sobornos del trío Ábalos-Cerdán-García, no han caído en absoluto. Como dicen en inglés, it takes two to tango, para bailar el tango hacen falta dos personas. Sin una empresa constructora dispuesta a pagar, no hay políticos que cedan a la tentación.
En teoría, cuando una compañía es condenada por el pago de sobornos queda inhabilitada para presentarse a licitaciones públicas durante varios años. Como las grandes constructoras viven de las obras públicas, cabe imaginar que cuando son condenadas pierden parte de sus ingresos. Los accionistas hacen números sin esperar a la condena, calculan la posible caída de los beneficios y venden las acciones, para evitar cargar con el muerto financieramente hablando. Resultado: el valor de las acciones cae.
Pero aquí no ha ocurrido nada de esto, al menos de momento. Cuando el escándalo saltó al dominio público, el 13 de junio, las acciones de la compañía estaban a 148 euros; en el momento de escribir estas líneas están a 159. Esto significa que los accionistas no creen que el peso de la ley acabe cayendo sobre la compañía. Así de simple. Piensan que algún empleado se irá a la calle –con alguna compensación bajo mano– y listos, y que en todo caso si van mal dadas y la compañía es condenada la sentencia será recurrible hasta el Tribunal Supremo, de modo que hasta dentro de diez años no es necesario preocuparse.
Pedro Sánchez lo tendrá más complicado, porque dos de los tres sospechosos eran sus colaboradores directos y las responsabilidades políticas no son tan fáciles de eludir. Ignoro si aguantará. Con los dispositivos que quedan por explorar y con las horas y horas de conversaciones telefónicas que quedan por analizar –o por filtrar–, es muy difícil estar seguro de que no aparecerá algo que, aunque sea sacándolo de contexto, pueda obligarle a renunciar a la presidencia del Gobierno. La dimisión de António Costa en Portugal puso el listón muy alto.
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Para el PSOE no sé lo que es peor. Gobernar sin tener la iniciativa, a merced de los informes policiales y de las filtraciones que se vayan produciendo, puede ser un calvario. Si Pedro Sánchez cae, con voluntad política se pueden encontrar fórmulas para evitar la convocatoria inmediata de elecciones y salvar lo que queda de legislatura.
En cualquier caso, el asunto tiene mala solución. Convendrá que nos armemos de paciencia y que tengamos muy presente el sabio aforismo de Jaume Perich: “Los que dicen que todos los políticos son iguales suelen conformarse con los peores”. No vayamos a meterlos a todos en el mismo saco y acabemos con el peor gobierno posible.