El acceso a la vivienda digna y asequible es una necesidad real y urgente. Sin embargo, las políticas adoptadas sólo teniendo en cuenta la opinión de pseudosindicatos, han generado un goteo normativo precipitado de graves consecuencias jurídicas, sociales y económicas. La aprobación de leyes por vía de urgencia, sin un análisis técnico cuidadoso y sin consenso, ha provocado una normativa fragmentada y con contradicciones entre el ámbito autonómico y estatal.
El concepto de “gran tenedor” es un ejemplo. Utilizado más como arma política con definiciones diversas y poco claras que como figura jurídica bien acotada, genera inseguridad y desacuerdo. La inseguridad sin duda favorece la contracción de la oferta y empeora el acceso a la vivienda en alquiler.
Escaparate de una inmobiliaria con pisos de alquiler
El marco legal actual es incierto: la actualización de rentas, prórrogas contractuales o limitaciones de alquiler son fuente constante de dudas. Desde el Colegio detectamos un notable incremento de consultas de los colegiados ante tanta inseguridad. Por si fuera poco, algunos pseudosindicatos, utilizan esta confusión, en mi opinión en un claro fraude de ley, para forzar a los propietarios a prórrogas de contratos previos a la Ley 12/2023 sin ninguna cobertura legal para exigirlo, obligando a la judicialización del conflicto para dirimirlo.
Inmersos en una narrativa que enfrenta sistemáticamente a propietarios e inquilinos, parecen políticas más enfocadas a poner fin al derecho de propiedad que al favorecer la oferta de vivienda asequible. ¿Con qué clave se entienden si no las multas desproporcionadas a propietarios de hasta 900.000 € o la equiparación de los grandes fondos de inversión con los particulares con pocos inmuebles, pero con las mismas exigencias legales, mientras, paralelamente, a menudo gozan de impunidad las prácticas abusivas de ciertos inquilinos, como subarrendamientos u ocupaciones, que generan total desprotección de los propietarios?.
Las medidas de contención de rentas, lejos de frenar el encarecimiento de rentas, ha reducido la oferta de alquiler y está incentivando prácticas como la “tácita reconducción”, debilitando la estabilidad de los inquilinos, por no hablar de la paralización de la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación en un parque ya de por sí muy envejecido. La limitación de precios y las condiciones para repercutir mejoras las hacen inviables, favoreciendo aún más el deterioro del parque inmobiliario.
El derecho de tanteo y retracto, ampliado a posteriores transmisiones, dificultará las operaciones de compra y frenará inversiones. Y la voluntad de aplicar las mismas limitaciones a los alquileres de diferente uso de vivienda pone en riesgo una oferta necesaria (temporales, habitaciones), que responde a necesidades laborales, académicas o médicas.
Ante este panorama, desde el Colegio de Administradores de Fincas reclamamos:
Una colaboración franca entre sector público, privado y social para conseguir medidas legales estables y duraderas con auténtica vocación de favorecer la oferta de vivienda.
Sólo con diálogo y pacto entre todos los agentes públicos, privados y sociales, y con suficiente y sostenida dotación presupuestaria en el tiempo, se podrá garantizar el derecho a la vivienda asequible sin destruir el derecho a la propiedad y reconstruir la confianza perdida.