Dos de las reformas urbanas más relevantes impulsadas bajo el mandato de la alcaldesa Ada Colau, como son las calles transformadas en ejes verdes, y en particular la de Consell de Cent, y la nueva Via Laietana, han propiciado acciones judiciales en las que el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido sucesivos varapalos.
La Vanguardia publicó ayer que el juzgado contencioso-administrativo número 14 de la ciudad había emitido una sentencia que estimaba el recurso presentado por la asociación de ejes comerciales Barcelona Oberta contra el acuerdo de la comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento que en su día dio luz verde a la reforma de Via Laietana, “por no ser conforme a derecho”. Al decir de la magistrada, la actuación sobre la arteria que une el Eixample con el Port Vell (y, por tanto, tiene una función vial de accesibilidad metropolitana, que no solo local o de barrio) se realizó mediante un proyecto de obra ordinaria, pese a comportar modificaciones del Plan General Metropolitano (PGM) que hubieran requerido otro tipo de acuerdos y autorizaciones. Esta noticia llega tan solo dos semanas después de que el Ayuntamiento actual inaugurara la reforma, tras varios años de molestas obras.
La alteración del PGM sin los permisos adecuados es también la razón que esgrimió Barcelona Oberta para denunciar la reforma de Consell de Cent, en un proceso judicial que se inició en septiembre del 2023, y que ha generado recursos y sigue todavía pendiente de resolución.
La justicia señala que las obras de Consell de Cent y Via Laietana se hicieron sin los permisos adecuados
Las maneras expeditivas de la administración Colau sobre una materia tan sensible como es el urbanismo en Barcelona se fundaron en la convicción de que es conveniente pacificar el tráfico rodado, tanto para que la ciudad prime la atención a los peatones como para reducir las emisiones de gases nocivos. Se trata de dos objetivos con los que es difícil estar en desacuerdo. Otra cosa son los atajos seguidos para alcanzarlos.
Cualquier barcelonés que haya hecho reformas en su domicilio particular sabe que el Ayuntamiento debe antes expender los permisos pertinentes, y que con uno de obras menores no se deben acometer otras mayores, puesto que, en caso de enterarse, será el propio Ayuntamiento el que procederá a paralizarlas. El Consistorio, huelga decirlo, debería ser siempre el primero en actuar conforme a la ley. No puede ser de otro modo. De lo contrario, acaban dándose situaciones como las descritas, en las que obras con objetivos plausibles generan disputas legales que en alguna medida las deslegitiman y que podrían comportar, a la postre, su reversión.
El sentido común nos dice que esta última opción no debe ser la elegida. Porque las inversiones realizadas para llevar a cabo estas obras se han contado por decenas y decenas de millones de euros, y sería muy insensato echarlas por la borda. En eso estarán probablemente de acuerdo incluso quienes consideran que la reforma ha perjudicado de un modo u otro sus intereses. Ahora bien, el qué no justifica el cómo cuando este incurre en conductas que la justicia rechaza.
El Ayuntamiento debe hallar el camino para atender las sentencias sin revertir las reformas
La cuestión es ahora ir pensando por qué vías se van a resolver estos contenciosos cuando se agoten los recursos; sobre todo, si al agotarse prevalece la sentencia de que las obras no se realizaron conforme a derecho. En nuestra edición de hoy informamos de que la Sindicatura de Greuges se ha prestado a mediar en el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento con la entidad Barcelona Oberta. Es un primer paso interesante, puesto que el propósito en esta coyuntura no puede ser otro que hallar un punto de encuentro que permita respetar la sentencia judicial sin tener que revertir la obras. Ahí está el quid de la cuestión. Ambas partes tienen que mostrar cierta flexibilidad en pos del acuerdo.
Fuentes municipales señalan que seguirán litigando, pero aceptan también la posibilidad de introducir “ajustes” en la Via Laietana que satisfagan, en alguna medida, a quienes critican su remodelación. Son reformas que –digámoslo todo– en el caso de Consell de Cent tienen un nivel de uso y aprecio ciudadano elevado. Pero que dados los permisos inadecuados que las posibilitaron, exigen al Ayuntamiento una respuesta satisfactoria. Ada Colau ya no empuña el bastón de mando. Su lugar lo ocupa el socialista Jaume Collboni, que fue teniente de alcalde de la líder de BComú y llegó a expresar alguna reticencia a sus planes de reforma. Pero que ahora debe liderar una respuesta municipal respetuosa con el fallo judicial.