Hoy se reunirá en Barcelona la comisión bilateral Generalitat-Estado con el propósito de avanzar hacia la concreción de un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya. Así lo prevé el pacto alcanzado por PSC y ERC el año pasado a cambio del apoyo republicano para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Las delegaciones estarán encabezadas por Albert Dalmau, conseller de la Presidència, y por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Como era de prever, esta reunión ha levantado en España recelos políticos, principalmente en el PP, y también en numerosos gobiernos autonómicos que observan con reservas la bilateralidad del acuerdo y temen ver sus intereses perjudicados o, al menos, no atendidos en la misma medida que los catalanes, en el supuesto que de la reunión de hoy salgan algunas medidas tangibles para Catalunya.
El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su paso por Barcelona el viernes, admitió que Catalunya necesita una mejor financiación, para acto seguido añadir que esta solo podía obtenerse previa negociación y acuerdo con el resto de las comunidades. A su entender, si el PP llega a gobernar, “nos vamos a poner de acuerdo sin necesidad de un pacto en contra de todo el país”.
Generalitat y Estado se reúnen hoy para avanzar hacia el cumplimiento de los pactos PSC-ERC
Aunque apreciables, por lo que tienen de reconocimiento explícito de la deficiente financiación de Catalunya, las palabras de Feijóo suponen un rechazo del modelo de financiación singular, pese a ofrecer menos garantías de atención a la reivindicación catalana que el pacto PSC-ERC, por más que no esté todavía claro su desarrollo. El líder conservador marca la línea de oposición de los barones de su partido que se han manifestado en contra del contenido del acuerdo que se oficializará hoy en el Palau de la Generalitat. También en el PSOE hay reticencias, como la habitual del socialista Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que rechazó todo acuerdo que vulnere el “principio de igualdad” entre autonomías. Un argumento que no se emplea a la hora de asumir sin ningún tipo de reticencia la convivencia del régimen común de financiación con el sistema foral del País Vasco y Navarra, donde el principio de igualdad ya no rige.
Para apaciguar las críticas, la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado reiteradamente garantizando que “nunca, jamás, el Gobierno va a promover ningún acuerdo que suponga un agravio territorial”.
Como en tantas encrucijadas políticas, en las que deben satisfacerse intereses contrapuestos, cuando no irreconciliables, también en este caso habrá que hacer equilibrios y avanzar con tino. Un paso adelante demasiado impetuoso puede producir efectos indeseados y paralizar el proceso. La negociación, que iniciaron PSC y ERC, está ahora en manos de la Generalitat y el Estado, y se desarrolla bajo la inquisitiva mirada de otros agentes políticos españoles. Por no mencionar que su progreso definitivo comportaría una reforma de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de otras dos normas, tarea parlamentaria de considerable dificultad.
Feijóo reconoce que Catalunya sufre déficit de financiación, pero rechaza el modelo acordado
Sin embargo, nada de esto puede hacernos olvidar dos hechos incontesta- bles: la infrafinanciación estructural catalana –una rémora que arrastran igualmente otras comunidades, como la valenciana o la andaluza– y, también, los acuerdos suscritos por PSC y ERC, que como tales están para cumplirse.
Es posible que la reunión de hoy se salde con un avance menor, con un preacuerdo sin concreción económica, pero que marque el inicio del camino hacia la financiación singular; y que, por tanto, quede aún lejos de la materialización de todo el pacto suscrito el año pasado, que pasa por dar al Govern la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos obtenidos en Catalunya, vieja reivindicación del nacionalismo catalán. Pero, aun así, este sería un avance en la buena línea. En tal caso, los negociadores deberían proseguir con su labor, en un marco de retrasos acumulados, en el que la reforma del sistema general de financiación autonómica lleva más de un decenio pendiente.
El enrarecido clima político español no engrasa las negociaciones. Pero los acuerdos, como decíamos, deben respetarse. De la destreza de los negociadores depende que ese cumplimiento se concrete antes o después en Catalunya. Y también –y más importante para el resto de España– que propicie otros para otras comunidades. No sería la primera vez que un avance catalán abre vía a los de otras autonomías.