Ayer se celebró en el Congreso el pleno extraordinario previo al parón veraniego, calificado en medios políticos como “pleno escoba”, puesto que el Gobierno quiso con él sacar adelante siete medidas de vario alcance. Entre ellas destacaban tres decretos ley, relativos a la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales; la normativa para reforzar urgentemente el sistema eléctrico, a fin de evitar un nuevo apagón general como el del pasado abril; y la declaración de diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.
Tanto por su condición de instrumento y reacción gubernamental tras el apagón, como por las consecuencias económicas que para el sector podía tener su rechazo, el decreto ley sobre la red eléctrica era el de mayor relieve político. Dichas consecuencias van desde los 3.000 millones de euros que quizás se pierdan en el ámbito de las renovables a corto plazo hasta una potencial pérdida de inversión para el sector, a medio y largo plazo, que una consultora ha cifrado en 200.000 millones de euros. Por estos y otros motivos, las grandes compañías eléctricas han presionado al PP para que permitiera, al menos con su abstención, que la norma obtuviera luz verde.
Pero no fue así. De poco sirvieron las exhortaciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a los grupos parlamentarios para que actuaran con “sensatez y sentido común”. O que Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, subrayara el consenso social, “desde los grupos ecologistas hasta las empresas”, que había reunido el decreto ley.
El PP, Vox, Podemos –“nuestros votos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico”–, Junts –que no perdona la demora en la aplicación de la ley de Amnistía– y BNG tumbaron con su voto negativo el decreto ley para mejorar el sistema eléctrico. De estas formaciones, probablemente era el PP la que tenía menos discrepancias con el redactado de la norma. De hecho, ya ha anunciado que impulsará su propia ley al respecto. Pero en su decisión pesó más el deseo de dar un nuevo golpe al Gobierno de Pedro Sánchez que contribuir a mejorar un sistema que, como se vio en abril, no es fiable, ni lo será mientras no se acometan reformas.
PP, Vox, Junts, Podemos y BNG tumban el decreto ley del Gobierno ideado para evitar otro apagón
Tras una temporada política muy agitada, salpicada por casos de corrupción tan lamentables como los de Santos Cerdán o Cristóbal Montoro, lesivos para socialistas y populares, el pleno de ayer tenía algo de esa photo finish que determina al ganador y al perdedor de la competición. Por ello, la estrategia política del PP, muy agresiva a lo largo de todo el curso, podía acabar teniendo más peso, al decidir el voto o la abstención, que su posición ideológica ante los temas abordados.
El balance que cabe hacer del pleno extraordinario celebrado ayer ofrece un claro motivo de reflexión a los dos grandes partidos españoles. El PP debe reconsiderar si el rechazo a una medida gubernamental con la que a grandes rasgos está de acuerdo, y cuya necesidad no cuestiona, envía a sus votantes, tan damnificados por el apagón como el resto de los españoles, el mensaje correcto.
Por su parte, el Gobierno de coalición, y en particular el PSOE, que es su partido mayoritario, debe darse cuenta de que son necesarios cambios en profundidad si de veras aspira a completar la legislatura. Y –más difícil todavía– si aspira a completarla con los apoyos imprescindibles para sacar adelante las leyes que impulsa y, de manera muy especial, los presupuestos, todavía en el alero y sin respaldos asegurados.
No le pediremos al PSOE que convenza al PP de la pertinencia de sus políticas, puesto que eso parece ahora más allá de lo imaginable. Pero sí que dé a los ciudadanos pruebas de que su proyecto es viable, y no un esfuerzo supuestamente heroico pero inútil, dada, además de la inclemente oposición, su debilidad parlamentaria y la volubilidad de algunos socios de investidura que, por una parte no secundan una moción de censura para tumbar al Gobierno pero, por otra, le dejan en la estacada cuando más los necesita.
Los populares priman la imagen de un Ejecutivo derrotado sobre la urgente mejora de la red eléctrica
Aunque en el pleno se aprobaron las otras normas a debate (la actualización de las entregas a cuenta a las autonomías, la reforma del reglamento del Congreso que permitirá contener a los agitadores ultras que, disfrazados de periodistas, revientan las ruedas de prensa, etcétera), la imagen con la que el Gobierno se bajó del cuadrilátero –en eso se ha convertido el Congreso– era la buscada por el PP: la imagen de un derrotado.