El aumento de las redadas y las deportaciones de inmigrantes fueron dos promesas estrella de la campaña electoral de Donald Trump, pero tras seis meses en el cargo, el mandatario se ha estrellado parcialmente en su cometido, y las medidas pueden tener el efecto contrario al deseado por el presidente, mientras la opinión pública estadounidense cada vez es más favorable a la presencia de inmigrantes en el país.
El presidente comenzó a implementar medidas para completar el viraje migratorio del Gobierno desde su primer día en el cargo. Decretó un “estado de emergencia”, ha enviado miles de tropas a la frontera y ha utilizado una ley fraguada en tiempos de guerra. Medidas todas no solo para detener el ingreso de nuevos flujos migratorios irregulares por la frontera sur a EE.UU., sino también para devolver a sus países de origen a millones de inmigrantes.
No importa que sean personas la inmensa mayoría de las cuales han cometido el único delito de estar en el país en situación administrativa irregular y que muchas de ellas lleven años trabajando en las tareas que el estadounidense medio se niega a realizar por sus bajos salarios. Para Trump, son todos delincuentes peligrosos, criminales o enfermos mentales que deben ser expulsados, y por ello no ha dudado incluso en movilizar al ejército y utilizar métodos inhumanos que han causado malestar en una parte de la opinión pública.
Sus últimas medidas para desarrollar esa política han visto la luz estos últimos días. El Gobierno ha empezado a deportar con vuelos a migrantes recluidos en el nuevo centro de detención Alligator Alcatraz, inaugurado el pasado día 3 en una vieja pista aérea entre los Everglades de Florida y con una capacidad para 2.000 detenidos, ampliable a 4.000. En paralelo, la Administración Trump ha anunciado que enviará 608 millones de dólares a los estados para que construyan más centros de detención de migrantes. Y el jueves presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York por sus políticas migratorias, acusándola de “obstruir” la aplicación de la ley federal, y para presionar a las llamadas “ciudades santuario”.
Las redadas de migrantes en EE.UU. pueden acabar teniendo el efecto opuesto al que Trump busca
Son medidas que cada vez desagradan a un número mayor de estadounidenses. Según un último sondeo de Gallup, el porcentaje de ciudadanos que respalda reducir el número de inmigrantes ha caído al 30%, cuando hace un año era el 55%. Una gran mayoría de los encuestados (el 79%) opina que la inmigración es buena para el país. Muchos estadounidenses han visto como las redadas indiscriminadas han hecho desaparecer por miedo a ser deportados a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo.
Pero es que las medidas drásticas del presidente contra la inmigración podrían tener el efecto contrario al que pretende. Muchas empresas estadounidenses tienen ahora más problemas para encontrar trabajadores, por lo que su negocio se resiente. La política de deportaciones masivas amenaza también con reducir los salarios de la mayoría de los trabajadores, erosionar el producto interior bruto y disparar el ya enorme déficit presupuestario del Gobierno federal. La mano de obra está bajando, y un menor mercado laboral disminuye la capacidad de producir bienes y servicios, los hace más costosos y origina una mayor inflación.
Los trabajadores menos cualificados, a veces sin permiso, desempeñan un papel fundamental en sectores como la construcción, la restauración, la manufactura y los cuidados sociosanitarios. Y aún más en la agricultura, en especial en estados como California, donde la Casa Blanca desplegó a la Guardia Nacional para proteger y asegurar las redadas contra inmigrantes. Pero poco después, la presión política obligó a Trump a dejar fuera de esas redadas a los trabajadores del campo y de la hostelería, imprescindibles para que esos sectores productivos puedan seguir funcionando.
La escalada en las operaciones de inmigración ha generado tensiones entre los objetivos políticos de deportación masiva y las necesidades económicas de industrias que dependen para su funcionamiento de trabajadores inmigrantes. La decisión de pausar las redadas en sectores específicos sugiere un reconocimiento por parte de la Administración republicana de que la política migratoria debe equilibrarse con consideraciones económicas y electorales.
La falta de trabajadores encarece la producción, y la opinión pública es más favorable a los inmigrantes
La apuesta de Trump parece consistir en seguir adelante con algo que su base apoya firmemente –y él mismo: en su viaje a Escocia de este fin de semana, ha declarado que “la inmigración está matando a Europa”– y, quizás incluso, tentar a sus oponentes políticos a ir demasiado lejos al defender a personas que están en el país de forma ilegal. Las cifras, por el momento, no indican que Trump esté cumpliendo la promesa central de su campaña de expulsar a millones de personas que están ilegalmente en el país.