Torre Pacheco. Jumilla. Estas localidades murcianas han sido el escenario de dos de los episodios más lamentables del verano, caracterizados por su común componente racista. Y ambos han contado con la participación de Vox, el partido ultraderechista que dispone de 33 escaños en el Congreso, propone en su programa el retorno de los inmigrantes ilegales hacia sus países de origen, y tiene como portavoz de Emergencia Demográfica a Rocío de Meer, que cifró a principios de julio entre siete y ocho millones el número de personas de origen extranjero que habría que deportar, incluidos hijos de inmigrantes nacidos ya en España. (Fuentes de Vox desmintieron más tarde a su citada portavoz.)
En Torre Pacheco, tras la agresión a un ciudadano de 68 años cometida por un joven marroquí, agentes ultraderechistas promovieron en redes una campaña que animaba a la “cacería” de inmigrantes. Extremistas de toda España acudieron mediado julio al municipio murciano –donde la inmigración supone el 30% de la población– y durante varias noches se produjeron disturbios y agresiones a ciudadanos de la comunidad de origen marroquí, así como asaltos a algunos de sus negocios. Vox justificó tales agresiones. Solo la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional puso fin a los disturbios.
El veto a celebraciones musulmanas colisiona con el texto y el espíritu de la Constitución
Los hechos en Jumilla han sido de otro orden, pero han estado animados por la misma pulsión islamófoba. El 28 de julio se debatió en su Ayuntamiento una moción presentada por Vox para vetar que se sigan usando instalaciones deportivas municipales para la celebración de dos fiestas religiosas que la comunidad musulmana organiza desde hace años en esos espacios. El PP modificó formalmente dicha moción, pero no su espíritu, siendo finalmente aceptada. Esta concesión coincidió con la aprobación de los presupuestos municipales gracias al voto de Vox, sumado a los nueve del PP. Ayer, el líder ultraderechista Santiago Abascal abundó en el discurso no inclusivo de su partido al insistir en que debía prohibirse el uso del velo en instalaciones públicas.
Partidos como el PSOE o IU-Podemos han reprochado al PP y a Vox su discurso de cuño excluyente, que colisiona con el texto del artículo 16 de la Constitución española, mediante el que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, tanto individual como colectiva, instando a los poderes públicos a que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y a mantener relaciones de cooperación con las diferentes confesiones.
Y no fueron los únicos. La Conferencia Episcopal, cuya sensibilidad política está a menudo próxima a la del principal partido de la oposición, le afeó en esta ocasión su conducta, respaldando a la comunidad islámica, y advirtiendo que este tipo de restricciones por motivos religiosos constituyen “una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”. También la Federación de Comunidades Judías de España expresó su rechazo a las actitudes excluyentes.
El PSOE y la Conferencia Episcopal coinciden en su rechazo a la acción apoyada por el PP y Vox
Según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística, España cuenta ya con 49,3 millones de habitantes, el 20% de los cuales son de origen foráneo. Es improbable que este porcentaje vaya a disminuir en fechas próximas, puesto que el índice de crecimiento de la población española es fruto de la inmigración, y su ritmo de llegadas sigue al alza desde hace decenios, con Colombia, Marruecos y Venezuela como los tres países que ahora mismo aportan más ciudadanos de origen extranjero a España.
Siendo esta la realidad, el propósito de los políticos, y de la sociedad en general, no puede ser otro que hallar las mejores fórmulas de convivencia entre los grupos nacionales de diverso origen que ahora residen en España. La ultraderecha sueña con una España exclusivamente española, libre de influencias externas en un mundo globalizado, y para apoyar su discurso no duda, de modo grosero e indiscriminado, en identificar inmigración y delincuencia.
Es cierto que el colectivo inmigratorio, como tantos otros, incluye a delincuentes. Aunque también lo es que la ley y la justicia amparan a todos por igual, indistintamente de su procedencia o de su credo. No sorprende ya que Vox actúe como si lo ignorara. Pero sí que el PP, que legítimamente se postula como partido de Estado, se deje arrastrar, a efectos prácticos, por los extremistas y acabe validando exclusiones que violentan el ordenamiento constitucional.