Ola de calor en máximos, pavorosos incendios sin control en la parte occidental de España (Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura), así como en Portugal, avivados por el fuerte viento, y peligro extremo de fuego también en el resto de la geografía ibérica durante estos días de temperaturas tórridas, con otros incendios en Andalucía y Valencia. Este es el impacto del cambio climático en el ecuador del mes de agosto de este año, que ya se contabiliza como el más cálido desde que hay registros meteorológicos. El balance de daños de esta semana acumula tres muertos, decenas de heridos graves por quemaduras, numerosos vecinos desalojados de sus viviendas en diversas localidades, carreteras cortadas y más de cien mil hectáreas devoradas por el fuego.
A la vista de la catástrofe forestal que sufre España, y que afecta también en diferente medida a otros países del sur de Europa, como Grecia, Portugal, Italia y Francia, pueden extraerse varias lecciones. La primera es que las fuertes olas de calor, con temperaturas extremas, y las sequías han venido para quedarse. Serán más habituales en los meses de verano y, además, también serán más largas, según advierten los expertos climáticos. El calentamiento de la atmósfera y el sol abrasador secan los bosques, elevan hasta el máximo el riesgo de incendios forestales y, una vez se han producido, convierten en mucho más peligrosa la evolución de las llamas. Se habla ya de una nueva generación de incendios forestales –la sexta– que se caracteriza por tener una alta capacidad destructiva. La gran cantidad de combustible vegetal que se quema por metro cuadrado, debido al mal estado de los bosques, forma columnas de fuego convectivas, muy potentes, que se comportan como un tornado de llamas que se expanden y propagan en todas direcciones, creando a su vez nuevos focos de incendios que se propagan en el entorno de forma impredecible. Este hecho complica mucho las labores de extinción.
Hay que redoblar los esfuerzos de todos para apagar los incendios que queman media España
Como se ha dicho desde siempre, los fuegos del verano deben apagarse en invierno. La segunda lección es que el cambio climático convierte esta teoría en una urgente necesidad. La virulencia que alcanzan los incendios hace más necesaria que nunca la aplicación de políticas forestales de prevención, con el adecuado cuidado de los bosques en otoño e invierno, para limpiarlos de maleza y establecer cortafuegos. Esta política forestal de prevención debe complementarse con el apoyo al mundo rural y a las explotaciones agrarias y ganaderas, cuyas zonas de cultivo y de pasto han actuado tradicionalmente como barreras a la expansión de la masa forestal y por tanto del fuego. No es causalidad, en este sentido, que las comarcas en las que actualmente arden los bosques se encuentren entre las más despobladas y abandonadas.
La tercera lección que hay que extraer, en función de todo ello, es que hay que aumentar considerablemente los presupuestos públicos autonómicos destinados a la prevención y extinción de los incendios forestales, ya que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para ello. La tendencia de los últimos años ha sido, equivocadamente, la contraria. El resultado es que la mayoría de las comunidades no disponen de los medios necesarios, ni técnicos ni humanos, para hacer frente a un riesgo de incendios cada vez más frecuente. Esta falta de medios se ha puesto en evidencia estos días, especialmente en la falta de personal especializado. Los bomberos forestales de varias autonomías han denunciado esta situación, así como los bajos sueldos que cobran y la precariedad de sus contratos. En algunas de las autonomías afectadas por el fuego, el servicio de prevención de incendios forestales está subcontratado a empresas privadas. Ello dificulta la coordinación ante catástrofes de envergadura como las actuales. Es evidente que hay que exigir a todas las comunidades autónomas la necesaria atención política y económica a la prevención de los incendios forestales, ya que los bosques son un bien colectivo.
Faltan más medios y mejor coordinación para la protección de la riqueza forestal del país
España es un territorio amenazado por un elevado riesgo de desertificación, según testifican diversos estudios científicos. La conservación de los bosques y la recuperación de la vida rural es el principal objetivo para combatir ese riesgo. Habría que impulsar un pacto de Estado, como piden algunos sectores, para definir un plan colectivo de actuación enfocado en la defensa y protección de la riqueza forestal que comprometiera a todos los partidos políticos, administraciones públicas y agentes privados. En ese consenso y en esa coordinación habría que trabajar en lugar de convertir las llamas actuales en un nuevo incendio político que nada soluciona.
Lo más urgente y necesario ahora, en cualquier caso, es arrimar el hombro y redoblar los esfuerzos sobre el terreno para apagar los numerosos y peligrosos fuegos que arden en el país.