No se crean ustedes que no valoro muy mucho las fiestas señaladas de las comunidades autónomas cuando lean este artículo. Las valoro y como me siento en la obligación moral de valorarlas a todas por igual sin diferenciar en su importancia para sus conciudadanos, espero que no parezca que relativizo esa importancia si les digo también, que me parece muy mal la instrumentalización que ha hecho Junts per Catalunya de su imprescindible voto para aprobar según qué leyes o decretos forzando al Gobierno a pedir la suspensión del pleno del Congreso el próximo 11 de setiembre, Dia de Catalunya ( la Diada).
Con la suspensión del pleno el Gobierno quería evitar una derrota en la votación en caso de que los diputados de Junts repitiesen su maniobra del año pasado cuando, en medio de la sesión plenaria, se marcharon del Congreso ausentándose de las votaciones programadas para aquel día.
Vaya por delante que estoy totalmente a favor de hacer todo lo que se pueda para la aprobación, en su caso, del decreto que amplía el permiso por nacimiento y cuidado de hijos que estaba previsto votarse el próximo 11 de setiembre y que, por lo tanto, creo que el Gobierno ha hecho bien modificando calendarios para poder aprobar un decreto que beneficiará, si finalmente es aprobado, a todas las familias españolas.
Ahora bien, si alguien entiende como razonable la demanda que ha hecho el partido secesionista y la posterior propuesta del PSOE a la mesa del Congreso para que se suspenda la actividad legislativa del Congreso de los diputados el 11 de setiembre, deberíamos estar también todos de acuerdo en que por ejemplo el 28 de febrero (Dia de Andalucia), el 17 de mayo (Dia Das Letras Galegas), el 9 de octubre (Dia de la Comunitat Valenciana), el 1 de marzo (Dia de Baleares), el 31 de mayo (Dia de Castilla- La Mancha) o el 8 de setiembre (Día de Extremadura), por poner algunos ejemplos, se suspendan también la actividad y votaciones del Congreso por deferencia y atención a las sensibilidades de los diputados que han sido elegidos por esa comunidad autónoma.
Cuando un diputado asume el acta que le avala como tal adquiere los derechos y deberes propios de la función que va a ejercer durante la legislatura y se compromete ( mal que les pese a algunos ) ante la Constitución desempeñando sus responsabilidades como legislador o legisladora y aceptando el mandato de los ciudadanos. Asume también la disposición para actuar en su nombre en el ámbito legislativo, garantizando sus derechos e intereses y a partir de ese momento, el nuevo o nueva diputada debe contribuir plenamente ( importante ese “plenamente”) en los trabajos del Congreso, presentando propuestas, legislando, y vigilando la acción del Gobierno. Es decir la persona en cuestión se integra formalmente en la cámara, participando en las sesiones (importante ese “participando”) programadas, en las diversas actividades que permiten al poder legislativo cumplir sus funciones y cobrando por todo ese trabajo el sueldo ( nada menor) que le corresponde.
Mi sorpresa aquí no es que el PSOE pida que se suspenda el pleno y avanzar votaciones para asegurarse el apoyo de Junts per Catalunya para aprobar cuestiones tan trascendentes para la mejora de la vida de los ciudadanos como el decreto de familia. No. Mi sorpresa, llámenme ingenua, es que de nuevo el partido independentista prescinde de la responsabilidad política y empatía necesaria para consolidar derechos de la ciudadanía ( también la catalana) y daba por hecha su no asistencia al Pleno del Congreso un 11 de setiembre ( si no se hubiese modificado el calendario) , priorizando y anteponiendo de nuevo unos intereses partidistas y folclóricos amputados de sensibilidades de solidaridad y mejora.
Quizás deberíamos recordar para evitar espejismos de políticas para el bien común de catalanes, extremeños, salmantinos o de quienes sean, que la diputada Miriam Nogueras nos advirtió que sus ansias políticas nada tienen que ver con la mejora de calidad de vida y prestaciones sociales de todos que harían más fácil la vida también a padres y madres catalanes.