El último movimiento de la organización ecologista Depana–SEO Birdlife no es una amenaza más en el Baix Llobregat. Es la ocupación total del espacio científico, técnico y político que dejó abandonado hace muchos años la Generalitat de Catalunya. Los sucesivos ejecutivos autonómicos a lo largo de los años han hecho una dejación de funciones escandalosa en su deber de estudiar la evolución de las poblaciones de aves, hábitats y su relación con el territorio, y proporcionar estadísticas oficiales fiables, actualizadas e incontestables, de manera que cualquier interesado pudiera acceder a una información de calidad y no sesgada como la que procede del ecologismo más radical.
Llevamos más de cuatro años en el proceso de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea al Estado miembro para tomar las medidas estrictamente necesarias, detalladas en la carta, para cumplir con las medidas compensatorias acordadas en la primera ampliación del aeropuerto de El Prat en el año 2002. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una segunda ampliación sin saber de manera precisa qué ha pasado con las aves, por qué se han reducido las poblaciones en un 80% de aves esteparias y un 91% de las especies protegidas y cuál es el mejor modelo científico-técnico para hacer compatible la infraestructura, un sector agroalimentario competitivo en la zona y una biodiversidad rica y amplia.
La desaparición de la Administración permite a organizaciones de parte como Depana–SEO Birdlife ser la única fuente de datos y, dada su relación privilegiada con los servicios de Medio Ambiente de la Comisión Europea, marcar la posición y dar por “buenos” los datos sin haber ni siquiera contrastado mínimamente su rigor técnico. En este sentido, los ecologistas se han apoderado de uno de los estándares básicos de las Directivas europeas como es la “evidencia científica más reciente”. Lo hacen no porque sean los mejores científicos para hacerlo. Es, pura y simplemente, por incomparecencia de la Administración.
Concretamente, el “agujero del sistema” que mejor ocupan es la determinación de la IBA (el inventario de las aves que son objeto de protección) donde las organizaciones ecologistas nunca proporcionan ni la metodología ni la fuente última de los datos. Se hace desde la más estricta opacidad sin posibilidad de contraste alguno. Esta realidad, reconocida explícitamente por el Tribunal de Justicia de la UE, en la sentencia de 28 de junio de 2007, conduce a una pregunta muy obvia: ¿para qué estamos pagando a centenares de técnicos en el Departament de Territori bajo el paraguas de Jordi Sargatal o en el Ministerio de Transición Ecológica con Hugo Morán si no hacen lo mínimo exigible como es proveer los datos y la información de qué está pasando con las especies protegidas?
Es posible rebatir las IBAs, siempre que se respeten los criterios ornitológicos establecidos en el artículo 4 de la Directiva Aves. Pero los Estados miembros o no respetan los criterios o ni se plantean discutirlas. Este último caso es el nuestro. Tenemos que saber que las IBAs diseñadas por los ecologistas en los últimos años no son el único criterio válido en sede judicial, dado que no tienen validez jurídica.
Al igual que la Comisión Europea tiene un contrato con SEO Birdlife para la designación de las IBAs, los Gobiernos tienen la capacidad sobrada de poder hacerlo con la credibilidad necesaria sin tener que recurrir a instancias de parte. Otra cuestión, no menor, será dilucidar los conflictos de interés y la dinámica viciada de los últimos años entre los funcionarios de la Comisión o de los diferentes Gobiernos y las organizaciones ecologistas. Por transparencia y por evitar el sectarismo dominante en el mundo conservacionista será necesario introducir luz y taquígrafos en esta relación por exigencia del Parlamento Europeo.
Ante la cuenta atrás para recibir un expediente sancionador cuantioso contra el Estado, es urgente que el Govern cumpla con su deber estudiando y publicando una estadística oficial (que no esté viciada por las observaciones de parte) que sea la IBA actualizada y, con ello, seguir el proceso de elaboración del Plan de Gestión de la ZEPA aprobada en 2006. Sólo con datos fiables y contrastables se puede ir a Bruselas a cerrar la carta de emplazamiento, cambiar por completo el modelo de gestión de los espacios protegidos y blindarse ante los riesgos judiciales futuros por las infraestructuras que se acojan a la excepción del artículo 6 de la Directiva Hábitats.
De lo contrario, el Govern debe saber (y así lo hemos hecho llegar durante estos años) que la ampliación de El Prat o de otras infraestructuras vitales para Catalunya penden de un muy delgado hilo porque siempre habrá un grupo ecologista dispuesto a denunciar por delito ecológico con unos datos que han producido ellos mismos y sobre los que no hay capacidad de rebatir.
Por mucho que estas personas formen parte de las organizaciones políticas que sostienen parlamentariamente al Govern, éste debe tomar la bandera del rigor, tener la ambición de pisar tierra firme a la hora de plantear algo tan serio como invertir miles de millones en una infraestructura para que no se enquiste un contencioso durante años, nada más que dos décadas como ocurrió con la primera ampliación.