El debate sobre la inmigración debe reorientarse con urgencia por razones de interés económico y social. Hay que partir de un hecho incontestable: la necesitamos. La necesitamos y, además, es positiva para la economía en general, para la industria, para la construcción, para la agricultura y para la cobertura de múltiples servicios, desde la hostelería, la asistencia para la dependencia, la limpieza o el comercio hasta la sanidad, entre muchos otros. Pero, además, la llegada de inmigrantes es fundamental para poder garantizar el sistema de pensiones en el futuro, ya que la natalidad en España ha caído en picado, muy por debajo del nivel de sustitución. El Banco de España, en este sentido, estima que se necesitan 24 millones de nuevos inmigrantes –casi la mitad de la población actual– desde ahora hasta el 2053 para cubrir el vacío demográfico del país. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) afirma que la inmigración debería incrementarse en un millón de personas por año. Pero todavía no llegamos a esta cifra. Desde la pandemia, la población inmigrante crece a un ritmo de 600.000 personas anuales.
Asumida la realidad de que España necesita la inmigración, el debate sobre ella debería dejar de ser un arma política arrojadiza para convertirse en una cuestión de Estado que suscite el consenso político, económico y social. El objetivo principal debe ser, desde ahora mismo, estudiar, estructurar y poner en marcha los medios adecuados para garantizar la mejor integración posible –en todos los ámbitos– de los extranjeros que llegan a nuestro país, bien sea legalmente o de forma irregular. Es igual como haya sido su llegada porque, al final, prácticamente todos se quedan aquí. De ahí la necesidad de ir regularizando a los inmigrantes irregulares, para poder afrontar los problemas con realismo, al tiempo que se intenta aumentar los controles para evitar la inmigración ilegal.
El debate sobre los inmigrantes debe partir de que son imprescindibles para el bienestar del país
Una adecuada política migratoria que tenga por objetivo la correcta integración de los inmigrantes es necesaria para garantizar un modelo de convivencia en paz, armonía y progreso. Cómo hacerlo de la mejor forma debe ser el debate y no otro, y en él deberían participar todas las instituciones políticas, económicas y sociales de este país. Lo contrario puede abocarnos a una situación de inestabilidad social muy grave a medio plazo. En este sentido, un pacto de Estado sobre la inmigración, que aunase el máximo de criterios, sería necesario en estos momentos.
Hasta la fecha, la llegada de inmigrantes, pese a problemas puntuales, ha dado un importante impulso al producto interior bruto (PIB), ha sido muy positiva para la economía española y es uno de los grandes factores que hacen que sea una de las que más crecen de toda la Unión Europea. Según el Banco de España, entre el 2022 y el 2024, el ritmo medio de avance anual del PIB per cápita en España fue del 2,9%, y la aportación media directa de la población extranjera se situaría entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales. Dicho en otras palabras: un 25% del crecimiento de la riqueza que ha tenido lugar en el país en los tres últimos ejercicios se debe a la contribución de los trabajadores nacidos fuera de nuestras fronteras.
El gran desafío pasa por mejorar los procesos de integración social, económica y cultural
En el mercado laboral se ha pasado de unos dos millones de afiliados extranjeros en el 2019 a los casi 3,1 millones en la actualidad. Otros cálculos estiman que, de hecho, representan el 23% de la población ocupada. Destaca que el 90% del empleo nuevo creado desde enero del 2024 hasta marzo del 2025 ha sido ocupado por inmigrantes. Ello impulsa el aumento del consumo, que es uno de los motores de la economía, de la recaudación fiscal y de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es importante destacar que, según diversos estudios, la llegada de inmigrantes no tiene impacto negativo en el trabajo de los nativos ni los ha perjudicado. Ha tenido un efecto de complementariedad.
El importante impacto de la inmigración en la economía, sin embargo, no basta para evitar que una parte de la población reciba este cambio del paisaje humano con inquietud y desasosiego. Y que la extrema derecha lo aproveche para culpar a los extranjeros de los problemas de la falta de vivienda, la saturación de los servicios sanitarios o el aumento de la criminalidad. El impulso de una política de integración más eficaz que la actual, en cualquier caso, debe ir acompañado de un aumento de los presupuestos públicos destinados a este fin y para reforzar el conjunto de los servicios públicos, tanto educativos como sanitarios, de transporte o de vivienda, en consonancia con el aumento de la población. La inmigración, en el estado actual de la economía española, debe verse como un apoyo decisivo al progreso y bienestar de la población, y, en este sentido, debe reorientarse el debate sobre ella.