Las 214.000 viviendas que el president de la Generalitat se ha marcado como objetivo responden a una necesidad imperiosa. Salvador Illa ha planteado un “acuerdo de país”, con la imprescindible colaboración de los ayuntamientos, para movilizar todo el suelo disponible, también el que está en manos privadas, para construir hasta esa cifra de nuevas viviendas en cinco años. La mitad de esa cifra sería para alquiler social. La gran duda es si esa ambiciosa meta es posible.
Para ello habría que conseguir que todos los implicados en esta tarea, desde los constructores privados hasta las administraciones, los partidos y los sindicatos, se pusieran manos a la obra y se corrigieran también los errores endémicos que frenan la construcción de viviendas. La primera condición debe ser movilizar los recursos económicos necesarios, para lo que hace falta aprobar los presupuestos de la Generalitat para este año, algo que no está ni mucho menos garantizado, puesto que ayer mismo ERC recordó al president que no los negociará si no se avanza en el acuerdo con Pedro Sánchez para una financiación singular en Catalunya.
El plan del president de la Generalitat prevé tener 214.000 nuevos pisos en ejecución en el 2030
La segunda condición es aumentar con carácter inmediato la generación de suelo urbanizable y, la tercera, la agilización de los complejos trámites administrativos municipales que bloquean o retrasan ad infinitum la concesión de licencias de edificación. Conseguido todo ello, además, estaría por ver la capacidad del propio sector de la construcción para asumir y desarrollar la enorme carga de trabajo que todo ello supondría en tan corto espacio de tiempo, en unos momentos en que las empresas adolecen de escasez de mano de obra, de maquinaria y de materiales. De entrada, se necesitaría construir unas 42.000 viviendas anuales. Ese podría ser un objetivo asumible si se tiene en cuenta, como ha dicho Illa, que ya hay unas 31.000 viviendas en marcha en el marco de las 50.000 que inicialmente prometió para el 2030 hace un año.
Durante el último año la Generalitat, según ha explicado Illa, ha radiografiado el país palmo a palmo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, para detectar todos los sectores destinados a vivienda que hay. El resultado ha sido la selección de tres bloques de actuación, en función del grado de desarrollo de sus planteamientos urbanísticos y su estado de gestión, sin que se contemplen recalificaciones de suelo. El primer bloque incluye 25 áreas de suelo con planeamiento y gestión ya aprobadas, y con tan solo obras de urbanización pendientes, donde se prevén construir 21.728 viviendas, con el objetivo de empezar a levantarlas entre el 2026 y el 2027. El segundo bloque reúne 57 áreas con el planeamiento aprobado, pero con la gestión en curso y todavía no urbanizadas ni con el proyecto de parcelación terminado, donde se calcula que se podrían construir 32.396 pisos, que se proyecta que estén disponibles como solares a partir del 2027. Finalmente, con el objetivo de iniciar la construcción entre el 2028 y el 2030, un tercer bloque movilizaría solares en 52 áreas con el planeamiento pendiente o en revisión, que podrían acoger 118.562 viviendas si se mantienen los planeamientos actuales, pero que podrían subir a las 160.000 si se modifican cálculos de densidad y edificabilidad.
El ambicioso objetivo de Illa solo se logrará con un amplio apoyo político, social y empresarial
El Govern se compromete a poner todas las facilidades para construir más y más rápido, como es el decreto que ya está en vigor, y que el Parlament debería validar definitivamente en las próximas semanas, para reducir la burocracia y los plazos de construcción a la mitad. Eso es importante porque la tramitación urbanística en terrenos pendientes de urbanización actualmente requiere más de diez años. El plan de la Generalitat contempla activar de manera inminente todos los planteamientos urbanísticos y negociar con los ayuntamientos implicados. Paralelamente, según se anunció ayer, la Generalitat ha pactado con el Gobierno central la gestión de 300 solares y 13.000 pisos de la Sareb en Catalunya.
El objetivo del president, pese a las dificultades que plantea, es ambicioso y necesario para el bienestar de la población y para la estabilidad social. Catalunya está obligada a facilitar el acceso a la vivienda a sus ciudadanos. Es la primera vez en la historia reciente que se plantea la posibilidad de conseguirlo y por ello hay que apoyar la iniciativa desde todos los frentes y con todos los medios. Pero este no es un objetivo que pueda afrontar un gobierno por sí solo. Las fuerzas políticas y sociales, las administraciones locales, las instituciones públicas y privadas y el conjunto del sector empresarial, desde la construcción al sistema bancario, tienen la responsabilidad de comprometerse a fondo en el pacto de país que propone Illa. No hacerlo truncaría las esperanzas de futuro de las nuevas generaciones y de todos los que necesitan un techo desesperadamente.