El consejo editorial de The New York Times es un órgano que actúa de manera independiente respecto a la redacción del diario. Está compuesto por un grupo selecto de periodistas cuyas posturas –según afirma el propio Times – “se fundamentan en la experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores establecidos desde hace tiempo”. La opinión de este órgano suele captar el interés de muchos lectores, por ser más directa que los artículos de las páginas Op-Ed del diario.
El pasado fin de semana, bajo el título “Trump deshonra la justicia estadounidense”, el consejo editorial arremetió contra el presidente Donald Trump por utilizar “el sistema legal como arma para cumplir sus venganzas personales”. El texto se centraba en el enjuiciamiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por el pago de una hipoteca, y del exdirector del FBI James Comey por haber investigado a Trump.
Resulta llamativo que ambos procesos comenzaran pocos días después de que Trump publicara en redes sociales: “¡Me hicieron impeachment dos veces y me acusaron cinco veces por nada! ¡Se debe hacer justicia, ahora mismo!”.
Quienes pensaron que el sistema judicial estadounidense detendría a Trump se equivocaban
Un fiscal concluyó que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra James y Comey, y Trump forzó su renuncia. Inmediatamente después, la fiscal general –la polémica Pam Bondi– nombró a otra fiscal, Lindsey Halligan, quien sí procedió a encausar a ambos.
Oponerse a Trump, desde este lunes entronizado en Israel, tiene un precio. Y quienes pensaron que el sistema judicial estadounidense lo detendría se equivocaban. Desde el caso Watergate, el poder judicial en Estados Unidos se había mantenido al margen de las decisiones del poder político. Esa independencia garantizaba la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes.
Lee tambiénGaza llega a la encrucijada
Ahora que la ira de Trump se dirige hacia el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson –por oponerse al despliegue militar en su estado y ciudad–, el consejo editorial del Times recuerda el soborno de 50.000 dólares aceptado por Tom Homan, responsable de política fronteriza de la Administración Trump, y que nunca fue investigado.
Sin justicia no hay democracia, y si la ley la impone el más fuerte, la situación es peligrosa. Se habla mucho del posible desenlace de la crisis política americana en una guerra civil. Es una hipótesis dramática y muy lejana, pero lo que sí es cierto es que hoy, cuando la justicia y la Constitución han pasado a un segundo plano, Estados Unidos está inmerso en una guerra social.