Abortar es un derecho regulado por la legislación española. Una normativa orgánica de febrero del 2023, que modificó la llamada ley del Aborto del 2010, reconoce este derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo a petición propia hasta la semana 14 de gestación, y hasta la semana 22 si se aprecia riesgo para la salud de la madre o malformaciones fetales graves. Hablamos de un derecho asimismo aplicable a las menores de 16 o 17 años, que pueden abortar sin consentimiento parental.
La interrupción del embarazo no es plato de gusto para ninguna mujer. Cuando deciden abortar, por razones de salud, económicas o de otra índole, las mujeres se adentran en un proceso traumático. No es una decisión que se tome a la ligera, frívolamente, sino tras sopesar muy detenidamente sus consecuencias, también las que comporta no tomarla. La buena noticia es que quienes concluyen que el aborto resulta ser, en determinados casos, la opción menos mala, disponen en nuestro país del amparo legal necesario para afrontarlo. Lo cual no significa, obviamente, que ninguna mujer se deba sentir obligada a abortar. Se trata, sencillamente, de que quienes lo decidan puedan hacerlo con garantías sanitarias.
No siempre fue así. Bajo el franquismo, el aborto no estaba regulado y, de facto, constituía un factor discriminatorio más. Quienes disponían de recursos podían buscarlo, bien en centros privados que ofrecían algunas garantías o bien fuera de nuestro país. Las que no disponían de tales recursos se veían forzadas a recurrir a servicios irregulares y clandestinos, no exentos de riesgos.
Todo lo cual pertenece, en buena medida, al pasado, y hay motivos para alegrarse por ello. De manera que lo que se considera un progreso colectivo no debería estar en riesgo de reversión ni, en ningún caso, ser utilizado como un argumento en la contienda política. Pues bien, esto es lo que ha vuelto a ocurrir en España en las últimas semanas. Desde que, a principios de mes, el consistorio de Madrid obligara a los centros municipales a informar sobre un supuesto “síndrome postaborto” –algo que no reconoce la comunidad científica, pero sí la ultraderecha–, se han sucedido manifestaciones diversas al respecto, algunas de ellas tendentes a coartar la libertad de las mujeres que deciden abortar.
Algunas conquistas sociales deberían quedar fuera de la refriega política cotidiana
La presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo poco afortunada al conminar a las mujeres en este grave trance a que “se vaya a abortar a otro lado”. Y PSOE y Sumar, los dos partidos de la coalición de Gobierno, llegaron a pactar un acuerdo para blindar el aborto en la Constitución, no sin antes exhibir sus diferencias al respecto.
En este debate sobre el aborto, en el que se ha registrado más precipitación que tino, se han producido enfrentamientos innecesarios, entre partidos o internos, soflamas y también correcciones de rumbo. Puede parecer, en un clima político tan tenso como el español, que todo eso forma parte de la normalidad. Pero no debería ser así. Y menos cuando se utiliza como arma arrojadiza un asunto tan sensible.
Lo hemos apuntado más arriba e insistimos ahora. La española es una sociedad madura que, en muy pocos decenios, ha corregido los excesos y las carencias del franquismo hasta dotarse de una legislación que protege las libertades y, entre ellas, lógicamente, las de las mujeres. El camino no ha sido fácil. Pero se ha recorrido. Y el corpus legal español, en lo tocante a derechos y libertades, figura hoy entre los más avanzados del mundo.
Todo ello constituye un motivo de satisfacción. Pero no cabe olvidar que estos avances son el fruto de intensas luchas sociales y que volver al pasado no debería ser en ningún caso un objetivo. Sería aconsejable, por tanto, una reflexión colectiva que ayudara a todos a recordar que los avances sociales pueden ser beneficiosos para todos los ciudadanos y, particularmente en este caso, ciudadanas. Y, por tanto, que está fuera de lugar usarlos como un elemento más en un debate político encarnizado y nulamente productivo.
Los partidos tienen que moderar sus ímpetus al abordar progresos que interesan a la mayoría
Muchos de los temas de fricción en la arena política de nuestros días están más guiados por el mero afán de erosionar al rival que por el de lograr progresos comunitarios. Esto ya es de por sí lamentable. Pero más lo es todavía que tales debates puedan acabar repercutiendo negativamente en derechos conquistados trabajosamente y que ahora defienden, con mayor o menor intensidad, la gran mayoría de los partidos.