Uno de los puntos centrales del acuerdo entre PSC y ERC que hizo posible, en agosto del 2024, la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat fue la implementación de un sistema de financiación singular para Catalunya. Un año atrás, los republicanos presentaban dicho sistema como algo inspirado en el concierto económico del que disfruta el País Vasco. Pero las previsibles protestas de otras comunidades, incómodas ante la posibilidad de que Catalunya viera mejoradas en exclusiva sus condiciones fiscales, hicieron que el Gobierno central presentara la propuesta como extrapolable al resto de las autonomías. Semejante extensión de los beneficios era una manera sensata de conjurar las hipotéticas acusaciones por discriminación.
Aquellos acuerdos, que franquearon a Illa las puertas de la Generalitat, han experimentado un ritmo de cumplimiento que, según los republicanos, resulta decepcionante. Las conversaciones entre las partes han continuado desde entonces, pero se han desarrollado con discreción y sin que afloraran progresos satisfactorios para ERC. Hasta ahora, el descontento republicano ha parecido ser llevadero. Pero el lógico interés de Illa por aprobar los presupuestos catalanes ha brindado a los de ERC una nueva ocasión para presionar al Govern, señalando que, si no se logran avances tangibles hacia la prometida financiación singular, el PSC no debe esperar su voto para las cuentas, y acaso tampoco el PSOE para la aprobación de los presupuestos del Estado.
La negociación entre republicanos y socialistas progresa con discreción y cierto optimismo
Esta demora no responde, aparentemente, a la voluntad de los socialistas catalanes, que verían con buenos ojos la materialización de la financiación singular. Respondería a otros factores, entre los que destacan las resistencias que pueda hallar tal propuesta en la maquinaria de la Administración central, aun en el supuesto de que se diera con la fórmula para hacerla posible de modo satisfactorio tanto para Catalunya como para el resto de las autonomías. Y, en el lado de ERC y Comuns, obviamente, el interés para que la financiación singular prospere no es menor, como lo demostró, el pasado día 9, el blindaje que hicieron en el Parlament de Catalunya los partidos responsables de la investidura de Illa de su apuesta por la negociación del nuevo modelo de financiación... Otra cosa muy distinta es que, efectivamente, la concreción de esa fórmula para la reforma sea de notable complejidad.
Una operación de esta naturaleza, cuyo progreso requeriría, entre otras reformas, la de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, es ciertamente difícil. Pero esa no es razón para no intentar llevarla a cabo. Porque es un hecho innegable que la financiación que reciben distintas comunidades, entre ellas Catalunya, es manifiestamente mejorable. Porque los acuerdos políticos, como por ejemplo los que propiciaron la investidura de Illa, comprometen a quienes los contraen y les exigen su cumplimiento. Y porque el proceso de pacificación política en Catalunya, al que con amplia visión de futuro y de modo tan provechoso han contribuido socialistas y republicanos, parece ahora abocado a alcanzar una respuesta positiva para esta cuestión.
ERC relaciona su apoyo a las cuentas de España y Catalunya con los avances en materia de financiación
En círculos políticos se perciben, además de las dificultades venideras, notas optimistas. Illa no pierde ocasión para afirmar que es su firme intención cumplir con la palabra dada un año largo atrás. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado recientemente que había llegado ya el momento de proceder a la renovación del sistema de financiación autonómica. Otras fuentes socialistas señalan que la negociación avanza, y que es propósito de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, dejar encaminada la reforma antes de abandonar el Ejecutivo para preparar su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía, en las elecciones previstas para el año que viene; por más que, calendario en mano, todo indica que, en el mejor de los casos, podría ser quien le sucediera, y no ella, la persona encargada de rematar la labor.
Ante este horizonte no cabe sino apelar a la voluntad política de quienes deben hacer posible la reforma. Los beneficios que para Catalunya, y para el conjunto de España, han tenido los esfuerzos a favor del diálogo entre socialistas y republicanos son evidentes. El diálogo no fue por cierto sencillo cuando empezó a trenzarse. Y aunque ahora tampoco lo sea, debe afrontarse con plena confianza en sus virtudes y en la obtención de sus anhelados frutos.