Un fracaso remediable

La obligación de reservar para pisos protegidos un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones que se realizan en Barcelona nació en el primer mandato de la alcaldesa Ada Colau como una bienintencionada tentativa de incrementar la producción de vivienda social. Sin embargo, los pobres resultados obtenidos han confirmado el fracaso esta medida que hoy en día solo defienden numantinamente los autores de la misma, los comunes. Que este precepto restrictivo, que ahuyenta todo atisbo de participación del sector privado en la búsqueda de soluciones a la crisis de la vivienda, pide a gritos una profunda revisión es algo que comparten los dos principales grupos del Ayuntamiento de Barcelona, el PSC en el gobierno y Junts en la oposición. Por eso resulta del todo incomprensible e injustificable que, habiendo superado ya con creces el ecuador del mandato, hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo y deshacer un camino que se ha demostrado equivocado.