Este miércoles 29 de octubre se cumplirá un año de la trágica dana que causó 229 muertos y decenas de miles de damnificados en Valencia. La cifra de fallecidos en aquella jornada, la mayor nunca registrada en una riada en la Comunidad Valenciana, es lo suficientemente grave para razonar que los valencianos no fueron alertados a tiempo de la riada que se les venía encima. A pesar de que desde las 7.36 de la mañana Aemet había lanzado un aviso rojo para esa geografía, y que desde días antes se había informado desde esta agencia que una enorme tempestad se aproximaba a esa zona, el órgano de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi, no lanzó su ES-Alert hasta las 20.11 horas de aquel día, cuando la mayoría de muertes ya se había producido y cuando casi 70 localidades estaban ya inundadas con miles de viviendas y comercios destrozados.
La jueza de Catarroja que instruye el caso, en coincidencia con lo que sienten las víctimas, sostiene que la tardanza en lanzar la alerta fue clave para que esas más de doscientas personas murieran atrapadas en plantas bajas, garajes o en la misma calle, arrastradas por la riada. Sobre esa hipótesis, la instructora está desarrollando una exhaustiva investigación en la que ya está imputada la que fuera consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Aunque aún quedan testimonios clave que deben comparecer ante la jueza, la instrucción está descubriendo varias cosas: que el Cecopi se convocó a las 17 horas, cuando desde las 12 ya se conocía la enormidad de la tragedia, pues se estaban rescatando personas en Utiel y otras poblaciones. Que el órgano de Emergencias fue, en pocas palabras, un caos, sin que hubiera una dirección clara en la toma de decisiones, que correspondía por ley a la Generalitat Valenciana, con continuas interrupciones y con la exasperante lentitud para alertar a la población, en este caso por la posible rotura de la presa de Forata. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, llegó a decir, como reconoció ante la jueza: “¡Enviad la alerta de una puta vez!”.
Carlos Mazón mantuvo su agenda y estuvo lejos de la toma de decisiones en los momentos más graves
Mientras todo eso sucedía, Carlos Mazón estuvo alejado del centro de decisiones y, como él mismo ha afirmado, en ningún momento dio orden alguna a Salomé Pradas, ni para convocar el Cecopi, ni para movilizar recursos y tampoco para que se lanzara la ES-Alert. El president valenciano no suspendió en ningún momento su agenda, que incluía una comida con una periodista valenciana, Maribel Vilaplana, llamada a declarar ante la jueza el próximo 3 de noviembre. Mazón estuvo desde las 15 horas en este ágape que finalizó sobre las 18.45, según desveló la periodista y él no ha desmentido; es decir, casi cuatro horas. Posteriormente, según su relato, acudió al Palau de la Generalitat y, desde allí, llegó al Cecopi a las 20.28 de la tarde, cuando la alerta ya se había lanzado.
No hay duda de que la principal preocupación del president valenciano es eludir cualquier responsabilidad penal, por lo que confirmar que estuvo alejado de cualquier decisión ejecutiva de Emergencias le puede ayudar en la instrucción. Pero no es menos cierto que su responsabilidad política queda gravemente dañada, pues traslada que el máximo representante de los valencianos no participó en la jornada más trágica vivida para ayudar en la gestión de recursos o, también, para liderar el ánimo de aquellos que en aquel momento intentaban encontrar soluciones ante la magnitud de la catástrofe.
La instructora valora que la tardanza en lanzar la alerta colaboró a la elevada cifra de muertos
Mazón ha defendido que estuvo en todo momento informado de lo que sucedía, lo que de ser cierto, agrava aún más su responsabilidad política, pues si sabía de la situación que vivían los ciudadanos que gobierna cuesta comprender que no empatizara de inmediato con la situación y abanderara, como president de la Generalitat Valenciana, la gestión de recursos más allá de las Emergencias, como exigir de inmediato la participación de todos los medios disponibles del Gobierno español. Tampoco se entiende que, a pesar de pedírselo Alberto Núñez Feijóo, no decretara el nivel de emergencia 3 mientras, durante días, decenas de miles de valencianos se sintieron, como ha señalado el empresario Juan Roig, “desamparados”.
Queda por último denunciar por incomprensible que la Generalitat valenciana y el Gobierno no hayan sido capaces de colaborar en todo este tiempo para acelerar la reconstrucción de las zonas devastadas. El Estado falló en reaccionar los primeros días, y sigue fallando en unir fuerzas en beneficio de los damnificados. Un amplio malestar existe en la sociedad valenciana, veremos cómo se traduce esto en un próximo combate electoral.