España es actualmente el país de la Unión Europea con mayor crecimiento económico y el que más empleo genera. Además, el Gobierno lleva años aplicando medidas para reducir la desigualdad -como el aumento del salario mínimo interprofesional en un 61% o la mejora de las pensiones mínimas-. Sin embargo, en la opinión pública persiste la sensación de que los avances macroeconómicos no se reflejan en la vida cotidiana y de que la mayoría de la población vive hoy peor que en 2018.
Un dato demuestra que en la realidad esto no es cierto: la renta disponible de los hogares españoles en términos reales -esto es, después de descontarles la inflación- es hoy un 11,4% superior a la de 2018. Más renta porque en los hogares hay 3 millones de personas más trabajando, con empleos de mayor calidad y mejores salarios al tiempo que las pensiones se han revalorizado con el IPC.
Mejorar el bienestar de las familias pasa por tres ejes: reducir el coste de la vivienda, avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza y mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales
A pesar de ello, está esa sensación de que vivimos peor, una idea que se explica tanto por razones subjetivas como objetivas. Las subjetivas las cuantifica el CIS. En el último barómetro solo el 33% de los ciudadanos creen que la economía va bien o muy bien, mientras que más del 65% dice que su situación personal va bien o muy bien. Un enorme diferencial que se dispara aún más entre los votantes de la derecha: más del 71% dice que a ellos les va bien, pero solo el 13% opinan que la situación económica es buena. La ideología política distorsiona la valoración. Pero también existen razones objetivas para el malestar. Cuatro fundamentalmente.
La primera es el insoportable incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, que golpea a las personas que están buscando una casa para vivir. Los propietarios, los rentistas, se han convertido en un agujero negro que se apropia de cualquier mejora en las rentas de las personas. Aquí un matiz. En España más del 75% de las familias son propietarias de su vivienda, de tal forma que el problema del acceso se concentra en el 16% que viven de alquiler. Son, por un lado, nuevas unidades familiares -jóvenes que se emancipan, emigrantes que llegan a nuestro país o nuevos hogares- y, por otro lado, personas que ya viven de alquiler pero que sus caseros los han expulsado para subir los precios o destinarlos a otros fines, como apartamentos turísticos.
“El insoportable incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, que golpea a las personas que están buscando una casa para vivir”
La segunda razón es el impacto de la crisis de inflación en el bienestar, crisis que sufrieron todos los países de la Unión Europea en 2022, como consecuencia de la invasión de Ucrania. Un elevado incremento de los precios que provocó una importante pérdida de poder adquisitivo, que se ha ido recuperando lentamente, pero que aún se mantiene en la memoria de la gente. Además, algunos precios como en la alimentación, por ejemplo, no han vuelto a bajar a los niveles previos porque las empresas han aprovechado la situación para incrementar sus márgenes de beneficio de forma abusiva.
La tercera razón tiene que ver con las cicatrices que la crisis financiera y las políticas de austeridad dejaron en la sociedad española.
Entre 2009 y 2014 se destruyeron millones de empleos, los salarios se devaluaron, las pensiones se congelaron y el crecimiento económico y de la renta de los hogares fue prácticamente nulo. A ello se sumaron los recortes en los servicios públicos y en la protección social, un golpe durísimo del que el país apenas comienza a recuperarse.
Todas las variables económicas han mejorado desde 2018, pero, en algunos casos, de forma insuficiente para compensar las heridas sufridas en la gran recesión, que aún no han cicatrizado completamente, al menos para la parte más débil de la sociedad. Un ejemplo, los salarios reales han crecido el 3,4%, desde 2019 pero entre 2009 y 2017 cayeron el 5%, de tal forma que la mejora actual apenas compensa el deterioro de los años de la austeridad.
La cuarta y última es el deterioro de los servicios públicos como consecuencia de los recortes presupuestarios de la austeridad. Las listas de espera sanitarias o la falta de plazas en muchas titulaciones de formación profesional ejemplifican este deterioro en servicios básicos para las familias, que en un número significativo se ven empujadas a acudir a la provisión privada de los mismos.
La conclusión que se deriva de este diagnóstico es evidente: mejorar el bienestar de las familias pasa por tres ejes. El primer eje consiste en adoptar de manera inmediata medidas valientes y eficaces para reducir el coste de la vivienda, especialmente el alquiler. Hay que intervenir el mercado de la vivienda y congelar los precios de los alquileres. El segundo pasa por avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza, destinando una parte de los beneficios empresariales a reforzar el poder adquisitivo de los salarios, fortaleciendo el papel de la representación laboral en la negociación colectiva. Y el tercer eje debe ser una significativa mejora de la calidad de los servicios públicos esenciales, con la sanidad como prioridad, porque lo que está pasando en Andalucía con los cribados no es más que la punta del iceberg del deterioro que sufre el servicio público más valorado por la ciudadanía.
Esta, y no otra, debería ser la agenda del gobierno de coalición.