Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante el telón de fondo de la imprescindible y largamente aplazada –más de diez años– reforma del modelo de financiación autonómica. Esta demora ha causado serios problemas a las comunidades, enfrentadas a un sostenido aumento del gasto que no puede atenderse debidamente con recursos insuficientes. Y se ha convertido, por tanto, en un elemento central de negociación entre el Gobierno y fuerzas catalanas como ERC, partido que en su día condicionó a la resolución de este asunto su apoyo a la investidura del president Illa, y que ayer reiteró que su prioridad es la consecución de un buen acuerdo, y no la celeridad con que este se alcance.
Había pocas esperanzas de que ayer se lograran avances detallados o tangibles hacia tal objetivo. De hecho, la propia ERC había recordado que las negociaciones no han permitido todavía ultimar un acuerdo. En su ausencia, el Ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, anunció ayer por la mañana que se iba a plantear a las comunidades una senda de estabilidad con un margen de déficit del 0,1% del PIB durante los tres próximos años. Tal medida ofrecería a los gobiernos autonómicos un extra presupuestario global de 5.485 millones de euros más, de los que unos 1.000 irían a Catalunya. Es probable que el Consejo de Ministros dé hoy su visto bueno a esta medida. Pero no lo es tanto que el Congreso de los Diputados, que debe convalidarla, haga lo propio, y menos después de que Junts escenificara su ruptura con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. En este sentido, no está de más recordar que ese porcentaje del 0,1% del PIB fue el mismo que el Gobierno propuso el año pasado y que, al llegar al Congreso, fue rechazado con los votos en contra del PP, Vox y Junts.
Hacienda propone una senda de estabilidad con más recursos y reforma del modelo en el 2026
Por la tarde, la ministra Montero anunció que en enero o febrero próximos presentará un modelo de reforma de la financiación autonómica que atendería simultáneamente la multilateralidad y la bilateralidad. Es decir, que permitiría recurrir a la primera para satisfacer la financiación de las competencias que son homogéneas en todos los territorios, y a la segunda para financiar las competencias propias y específicas de algunas comunidades, como son, por ejemplo en Catalunya, la seguridad o las prisiones. El anuncio fue bien recibido en la Generalitat, y mal en las comunidades que gobierna el PP, que, pese a desear también la reforma (en formato multilateral), reprocharon a la ministra falta de concreción.
El déficit que genera en las comunidades la infrafinanciación sistemática es una realidad sangrante y bien conocida, amén de un factor de desigualdad entre ellas. Esa desigualdad tiene distintas causas, empezando por los regímenes forales históricos del País Vasco y Navarra, reconocidos por la Constitución, y siguiendo por los desequilibrios entre las comunidades sujetas al régimen común, entre las que se cuenta Catalunya. La brecha de financiación por habitante entre el territorio peor tratado por el modelo de financiación y el mejor tratado ronda en la actualidad los mil euros. Comunidades como la valenciana, la murciana, la andaluza o la castellano-manchega figuran entre las peor dotadas. Y desde Catalunya se dialoga para mejorar en negociaciones bilaterales su propia financiación, lo que ya soliviantó meses atrás a los presidentes de las comunidades dirigidas por el PP. Ni siquiera la promesa gubernamental de que los progresos para Catalunya serían aplicables al resto de las autonomías serenó los ánimos.
El ministerio cree que es posible compatibilizar la negociación multilateral y la bilateral
Más allá de la dimensión política de este fenómeno, es preciso subrayar que la financiación digna de una comunidad, que no será posible sin la materialización de la reforma largamente esperada, dista mucho de ser un capricho: es una necesidad que beneficia a todas y cada una de las personas residentes en su territorio. Esa es la cuestión clave. Sin un financiamiento adecuado a las necesidades colectivas, se ven menoscabados los servicios que requieren los ciudadanos, ya sea en educación, en sanidad, en infraestructuras o en tantos otros ámbitos que condicionan decisivamente la existencia cotidiana, por no hablar del futuro. Lo cual no es de recibo, y menos tras el retraso acumulado.
Las medidas presentadas ayer son bienvenidas. Pero unas parecen paliativas y otras no se han detallado suficientemente. Es decir, no bastan para resolver un problema que seguirá afectándonos hasta que no se lleve a cabo la reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica.