Al menos Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez han coincidido en algo, tras la condena al fiscal general del Estado, lo que invita a un moderado optimismo. Ambos políticos consideran que nos encontramos ante un bochorno institucional y que estamos ante un hito de la vergüenza. El único problema es que llegan a esta conclusión tras dos análisis diametralmente opuestos.
Feijóo cree que el fiscal cometió un delito porque se prestó a ser el peón de la estrategia del Gobierno, al participar en una operación contra el Partido Popular y contra una presidenta del PP. De ahí el bochorno y la vergüenza. Y Sánchez considera que se ha condenado a un inocente sin que se haya presentado una sola prueba durante el juicio y resalta que lo que empezó siendo el caso contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos a la Hacienda pública, ha acabado convirtiéndose en la guillotina del fiscal general del Estado, Miguel Ángel Rodríguez mediante. El Gobierno ha estallado en privado contra el Tribunal Supremo y el presidente ha avisado en público que “habrá que defender la democracia de aquellos que creen tutelarla”.
Feijóo y Sánchez opinan que el momento es una vergüenza por razones diametralmente opuestas
La condena no ha sido por unanimidad. Dos magistradas progresistas, favorables a la inocencia del fiscal Álvaro García Ortiz, están acabando de redactar un voto discrepante. Al menos habrá que reconocerle al Tribunal Supremo que ha demostrado que la justicia puede ser rápida, pues en una semana hemos tenido la condena. Y también hay que decir en su favor que ha obrado con originalidad: nos han dicho el resultado del juicio, pero sin tener redactada la sentencia para saber en qué se basa la condena. E incluso han tenido el acierto de hacerla pública el 20-N, día en que murió Franco hace 50 años, por más que Javier Cercas nos diga que “no hay nada que celebrar.”
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Quien sí ha celebrado la sentencia es Alberto González Amador –con sus pillerías empezó todo–, que utilizará la sentencia para defenderse en su causa por fraude fiscal. Y además se embolsará 10.000 euros del fiscal por daños morales, que le ayudarán a pagar la hipoteca de su pisazo. ¿Y cómo queda la justicia en todo eso? Sigue pa’lante, que diría el gran oficiante de este aquelarre.