A partir de mañana arranca en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de los últimos tiempos, el de Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalitat durante 23 años (1980-2003) y sus siete hijos, por los supuestos delitos de grupo criminal o asociación ilícita, delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental. Caso que pareció alumbrar una especie de proceso de los largos años de hegemonía pujolista y que se ha ido desdibujando en una instrucción compleja, interminable y sin novedades espectaculares. De entrada, las incógnitas sobre el desarrollo de esta vista se mantienen hasta su mismo arranque, pues el tribunal deberá decidir si el que fue líder del nacionalismo catalán y uno de los políticos más influyentes de España durante décadas está en condiciones de ser juzgado o, dada su avanzada edad y estado de salud, deberá ser excluido de la causa. Si, al final, el patriarca quedara excluido, el simbolismo de la causa se vería afectado.
Como ocurre habitualmente con la justicia española, el periodo transcurrido entre el inicio de la instrucción y la celebración de la vista es extremadamente dilatado, nada menos que 13 años, del 2012 a la actualidad. Y en su origen tienen un papel destacado elementos de orden político, pues en su apertura intervinieron de manera decisiva personajes involucrados en la llamada operación Catalunya o la policía patriótica, como el sobradamente conocido José Manuel Villarejo, excomisario de policía y uno de los personajes más habituales en juzgados y crónicas judiciales y sobre las llamadas cloacas del Estado, activadas como brigada de choque contra el procés . Con actuaciones cuestionables en España y en Andorra , algunas de las cuales dieron causa para el descubrimiento y filtración de los datos sobre las cuentas opacas de la familia Pujol. Respecto al primer aspecto, la dilación de la instrucción dará pie a las defensas de los enjuiciados a plantear la prescripción de muchos de los delitos que se les imputan. Sobre el segundo, el uso de recursos del Estado para desarrollar actividades ilegales, a pedir la nulidad de las actuaciones.
Era una tarea compleja instruir una causa que, si busca-
ba demostrar el tráfico de influencias y la corrupción políti-
ca, se inició casi una década después de la retirada del pa-
dre del clan de los Pujol de sus responsabilidades políticas.
Como es habitual, la justicia tarda; la vista llega trece años después del inicio de la causa
En el auto de procedimiento abreviado del magistrado de la Audiencia Nacional que instruyó la causa, se atribuye a la familia Pujol haber creado un grupo o asociación criminal que presenta carácter estructurado, permanente, jerarquizado y destinado a lucrarse ilegalmente o a la realización de hechos delictivos. Y concretamente señala que “existen indicios en este caso de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El juez descarta que ese patrimonio provenga de una herencia en Suiza, legada por Florenci Pujol a sus nietos, como argumentó su hijo, el expresident, en su declaración pública de julio del 2014. Este fue el detonante real de la causa que mañana se juzga, más que las primeras indagaciones sobre el mayor de sus vástagos, Jordi Pujol Ferrusola, a quien denunciaron una examante y un hombre de negocios famoso por sus condenas por delitos económicos.
El magistrado sostiene que los indicios delictivos apuntan a ingresos ilícitos
realizados por personas vinculadas
con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. El objetivo de esos pagos habría sido conseguir influencias de la familia Pujol Ferrusola favorables a las adjudicaciones de proyectos o a recalificaciones urbanísticas o adjudicación de concesiones.
El tribunal debe decidir el primer día si el expresident, el principal protagonista, puede ser juzgado
Ese dinero no pretendía solo influir en negocios concretos, también buscaba tejer vínculos más indirectos, crear un clima de relación con la familia Pujol que permitiera obtener influencias futuras en negocios que pudieran requerir un favorable dictamen o aprobación administrativa.
El magistrado atribuye el liderazgo de esa organización criminal o asociación ilícita al expresident Pujol, como cabeza de familia, para quien se piden nueve años de prisión. Mientras que considera a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, el ejecutor de la operativa y por ello eleva la petición de pena a 29 años.