El lunes se abrió en la Audiencia Nacional el juicio contra la familia Pujol, encabezada por Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat durante 23 años, entre 1980 y 2003, un juicio que afecta también a sus siete hijos, entre otras personas. La causa se prolongará durante medio año y está previsto que el expresident declare en ella hacia el mes de abril.
La trascendencia de este juicio es manifiesta, tanto por la posición central de Jordi Pujol en la historia reciente de Catalunya y de España como por la gravedad de los delitos que se imputan a los encausados –asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, etcétera–. Además de la naturaleza familiar de la presunta trama y del alcance de las peticiones fiscales, que van de 8 a 29 años de cárcel.
Las dos primeras jornadas de este proceso se dedicaron, el lunes y ayer, a cuestiones preliminares. Pero no son menores dos decisiones tomadas por el jurado, en el sentido de no exonerar a Pujol y mantenerlo como acusado, pese a sus 95 años y a sus signos de deterioro cognitivo certificado por peritos forenses, y al tiempo eximirle de asistir a las sesiones en la Audiencia, incluso por vía telemática, y permitirle permanecer ausente hasta que llegue la hora de su declaración.
La larga instrucción de esta causa se ha demorado durante más de diez años
Sea cual sea el resultado final del juicio –obviamente lesivo para la reputación de los Pujol, ya dañada desde que en el 2014 el expresident admitió haber mantenido oculta en el extranjero una cuantiosa herencia paterna, y más aún según fueron aflorando los supuestos tejemanejes de sus hijos–, quizás sea oportuno, en estos compases iniciales del proceso, subrayar algunos aspectos de este que invitan a la reflexión.
El primero de ellos es la desmesurada duración de la instrucción de este caso, que tiene sus orígenes en el 2012. Fue entonces cuando la llamada policía patriótica decidió, a fin de limitar el vuelo que adquiría la operación independentista, empezar a exhumar episodios que pudieran desacreditar a sus líderes o a sus hipotéticos mentores. Fue también en ese año cuando una examante de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresident, declaró que le había visto llevar bolsas repletas con billetes de 500 euros de Catalunya a Andorra, lo que encaminó las investigaciones judiciales. Dos años después, en el 2014, y después de que Pujol desvelara la mencionada herencia paterna, el sindicato Manos Limpias le denunció, con lo que echó a rodar la bola de nieve judicial, engrosada paulatinamente hasta atrapar a los diversos miembros de la familia Pujol Ferrusola. Toda ella fue acusada de haber obtenido un “beneficio económico no justificado”, por entender la acusación que la herencia había sido muy incrementada con dinero de origen desconocido, acaso relacionado con la corrupción política, lo que llevó a imputar a dicha familia un delito de asociación ilícita, es decir, de organización criminal.
La instrucción ha sido compleja y sus peculiaridades obligaban a una labor minuciosa, con tal de evitar cualquier error que pudiera comprometer sus frutos. Aun así, el decenio largo transcurrido desde su inicio formal es, se mire como se mire, demasiado tiempo. Por una parte, tan larga demora puede causar indefensión. Por otra, parece que impedirá ahora, pasados los años, juzgar a un Jordi Pujol en pleno uso de sus facultades.
La justicia debe extremar su celo, tras una serie de fallos que han suscitado controversia
El segundo aspecto sobre el que cabe reflexionar está íntimamente ligado con el anterior y se resume en una pregunta: ¿debe seguirse el juicio contra una persona de edad tan avanzada como Jordi Pujol, que probablemente no está ya en condiciones de defenderse como es debido, o es más apropiado exonerarle a él y centrarse en adelante en la causa contra sus hijos?
La lentitud de la justicia es en nuestro país un viejo problema. Y los dilemas morales son recurrentes en el ejercicio judicial. Pero además de estos factores históricos, de compleja resolución, están también los factores coyunturales, que en ningún caso conviene olvidar, menos aún en el que aquí nos ocupa. Es un hecho incontestable que la política está judicializada, y es una percepción cada día más extendida que la justicia está politizada. No debiera ser así, por el bien de las instituciones. Pero así es. En estas circunstancias, y tras una serie de decisiones judiciales muy controvertidas, siendo la última de ellas la condena del fiscal general del Estado, la judicatura hará bien en extremar el celo y comportarse de modo exquisito, con el objeto de ir restaurando su prestigio. El caso Pujol, por su trascendencia, es una gran ocasión para ello.