Más de 60.000 millones de gasto en defensa sin apenas debate político”. Así reza el titular de la información que abre hoy la sección Política de La Vanguardia , referido a la cantidad de dinero comprometida mediante decisiones del Consejo de Ministros. Es decir, sin contar con el debate y la aprobación del Parlamento. Esos 60.000 millones de euros constituyen una estimación conservadora y se refieren a partidas de gasto previstas hasta el año 2042.
La cuantía de tal inversión es llamativa, si bien se enmarca en la política de rearme europea y en sentido estricto no constituye una sorpresa: el pasado abril, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció ya el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa, que comportaba un incremento adicional de 10.450 millones. Según precisó entonces Sánchez, “sin subir impuestos, sin tocar un céntimo la inversión del Estado de bienestar y sin incurrir en mayor déficit público”.
La suma de esta cantidad adicional al presupuesto inicialmente previsto confirmaba la inversión española en defensa hasta los 25.000 millones y suponía un incremento del gasto que pasaba del 1,4% al 2% del PIB, consecuente con el compromiso adquirido ya por nuestro país en el año 2014, siendo presidente del gobierno el popular Mariano Rajoy. Ese 1,4% quedaba por encima del 0,9% vigente hace poco más de un decenio, precisamente en el 2014. Pero se situaba muy lejos del 5% del PIB en el capítulo de defensa requerido a España por el actual presidente estadounidense, Donald Trump.
El Gobierno invertirá alrededor de sesenta mil millones en la seguridad de España y Europa
En los últimos años, la coyuntura geoestratégica europea ha cambiado de modo radical. Han quedado atrás los tiempos en que el paraguas de la OTAN y la protección de Estados Unidos estaban asegurados, y en los que la Federación Rusa mantenía un perfil relativamente discreto, todavía bajo los efectos del shock que le causó la caída del imperio soviético. Ahora, el presidente Trump no parece dispuesto a mantener los tradicionales compromisos de su país con Europa. Y, desde el inicio de la invasión de Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, desarrolla una política muy agresiva que incluye reiteradas violaciones del espacio aéreo de los países del Este europeo y ciberataques que alcanzan a países de todo el Viejo Continente, entre ellos España, donde el año pasado se contabilizaron no menos de mil.
El debilitamiento de los vínculos transatlánticos y la belicosidad de Moscú han obligado a España a enfrentarse a una nueva realidad, en la que debe aumentar su contribución al compromiso europeo y, por supuesto, fortalecer sus propios sistemas de seguridad y su industria militar. Los capítulos de dicha inversión son varios: la mejora de condiciones laborales de la tropa; el desarrollo y adquisición de nuevas capacidades en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad; la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión –incluyendo en el lote fragatas, aeronaves, submarinos, drones de alta tecnología o satélites estratégicos–; el refuerzo de dispositivos en la gestión de emergencias, y la mejora de las condiciones de seguridad de nuestras misiones operativas en el extranjero, actualmente dotadas con unas 3.000 personas.
El Consejo de Ministros asume unas decisiones merecedoras de debate y acuerdo parlamentarios
Los requerimientos del nuevo escenario global son los que son y exigen más recursos para la defensa nacional y europea. Sobre eso cabe poca discusión, a no ser que España acepte sumirse en una progresiva indefensión. Otra cosa es que decisiones de este calado no cuenten con el aval del Congreso. Puede entenderse, visto el bloqueo parlamentario y la urgencia de las inversiones, que el Gobierno avance en el cumplimiento de tales compromisos vía Consejo de Ministros. Y más cuando la aprobación o no de los planes y presupuestos del Ejecutivo ya no parece centrarse tanto en su conveniencia para el conjunto del país como en el cálculo político cortoplacista y la erosión del rival como prioridad absoluta.
Pero, obviamente, sería muy deseable que estas actuaciones, ejemplo destacado de lo que solemos denominar como “de Estado”, contaran con el respaldo de la mayoría de los partidos. Quizás no siempre de aquellos que, aun estando comprometidos con el Gobierno, lo están también con un ideario de izquierdas o pacifista. Pero sí de todos los demás, y en particular de los de centroderecha o centroizquierda, que saben perfectamente que nuestras necesidades de defensa se han visto muy incrementadas en los últimos años.