El pasado mes de octubre, en el debate de política general celebrado en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció la voluntad de su gobierno de abordar con urgencia el fenómeno de los ataques vandálicos perpetrados por grafiteros en los trenes y las instalaciones ferroviarias que padecen diversos operadores del sector. Este pasado fin de semana era Renfe la que actualizaba los datos del coste –más de 6 millones de euros en los diez primeros meses del año– de eliminar los rastros de esta moda incívica que, además, causa numerosos retrasos y suspensiones de trenes. Ayer hizo lo propio Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), otra compañía que ve afectada la calidad del servicio por los asaltos de los gamberros. Las empresas han reforzado últimamente la seguridad para minimizar el riesgo de estas intrusiones que acaban perjudicando a miles de usuarios. Ahora hace falta que las administraciones acompañen estas medidas con otras de carácter preventivo y punitivo.
Vandalismo en los trenes
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