La Unión Europea sigue endureciendo su política migratoria, en un contexto de auge de la derecha y la ultraderecha en la escena continental, también en todo Occidente. El lunes, los ministros del Interior de los países de la UE decidieron modificar a la baja las cuotas del mecanismo de solidaridad contenidas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se firmó en el 2024. Es decir, disminuir el número de migrantes llegados irregularmente a las costas mediterráneas que pueden ser reubicados en países del centro y norte europeos, para aliviar la presión que sufren los meridionales; y, por otra parte, rebajar las ayudas comunitarias a las que pueden aspirar estos últimos para hacer frente a las oleadas migratorias. Los ministros del Interior también acordaron avalar la creación de centros de deportación en terceros países.
Por decirlo en pocas palabras, podríamos decir que en las altas esferas comunitarias el espíritu de Angela Merkel ha sido sustituido por el de Giorgia Meloni. Si en el periodo 2015-2016, siendo aún canciller alemana Merkel, se produjo la avalancha migratoria derivada de la inestabilidad de países como Siria y Afganistán, y llegaron a Europa más de un millón de migrantes y refugiados, que en buena parte fueron acogidos por Alemania, ahora prevalece en los centros de decisión comunitarios el espíritu de la ultraderechista primera ministra italiana, que apuesta por la mano dura.
La votación del lunes propició una cómoda victoria de los partidarios de reducir los mecanismos de solidaridad de Europa con los inmigrantes y, también, de limitar la solidaridad con determinados países miembros. España, Italia, Grecia o Chipre, a cuyas costas arriban los mayores contingentes de inmigrantes, votaron en contra de estas restricciones, puesto que resultan insolidarias con su realidad y, dada la necesidad de mano de obra, presentan quizás cierto grado de incoherencia. La dimensión de dichos recortes es importante. Si la propuesta inicial era que a partir de junio del 2026 se pudieran reubicar 30.000 migrantes por año y que las ayudas pudieran ascender hasta los 600 millones de euros, tras la reducción a la que nos referimos, estas cifras podrán bajar a 21.000 migrantes y 420 millones de euros.
La UE endurece su gestión migratoria, dañando la solidaridad entre países y los valores fundacionales
Son, ciertamente, unas cantidades bajas. En especial si las comparamos con las cifras reales de llegadas de inmigrantes, que en los cuatro países citados suman unos 140.000 anuales, lo que con la nueva cuota podría significar que estos estados de la ribera mediterránea deberán quedarse con entre seis y siete migrantes por cada uno que sea destinado a otros países.
Esta restricción consolida, pues, los problemas que sufren los países meridionales debido a la inmigración irregular. Pero no es una sorpresa. Previamente, ya se propuso acelerar la velocidad de las deportaciones y se avaló la idea de que los países a los que se pretende reenviar migrantes irregulares pudieran organizar sus propios centros de deportación. Ahora, lo que fueron ideas manejadas en el seno de la Comisión Europea se convierten en normativa, pendiente tan solo de la preceptiva aprobación del Parlamento Europeo.
Se reducen el número de migrantes reubicados y las ayudas a países de arribada como España
Sin duda alguna, las políticas de Angela Merkel tuvieron consecuencias, entre ellas el inicio de su declive político y la posterior pérdida de la Cancillería el 2021, tras dieciséis años en el cargo. Por no hablar del crecimiento de la ultraderecha alemana. Pero más profundos efectos puede tener el giro antimigratorio de la UE que ahora se va afianzando. En primer lugar, y a corto plazo, para la UE, que, con el propósito de contener el avance de la derecha extrema, abraza sus postulados, en un movimiento contrario a su naturaleza y de incierto resultado, al tiempo que desatiende el principio de solidaridad entre estados miembros. En segundo lugar, para su ideario fundacional, que persigue la paz y el bienestar de sus ciudadanos, así como la defensa de la libertad y la seguridad que permitan, entre otros objetivos, regular el asilo y la inmigración, y luchar contra la delincuencia. Pero que también se fundamenta en el respecto a la dignidad y los derechos humanos, incluidos los de las minorías, en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de derecho.
Es obvio que la inmigración irregular constituye un problema, y que hay que establecer las políticas adecuadas para que lo que puede ser una oportunidad de progreso compartido no nos aboque a un retroceso colectivo. Por ello hay que abordar esta cuestión con un celo exquisito, alejado de posiciones extremas y sin conculcar el ideario que da sentido a la UE.