S irva el titular como homenaje a Jorge Martínez, el recién fallecido líder de los Ilegales que tan buenos ratos nos hizo pasar. La banda la grabó en 1982. Y es junto a Europa ha muerto uno de los muchos himnos que los asturianos nos han dejado en herencia. Suenan esos temas hoy como profecía. Los tiempos son de nuevo salvajes en lo geopolítico, y Europa, sin estar muerta, se encuentra en una situación más que complicada por su propia indolencia y por el giro estratégico de EE.UU.
Hay que gastar más, mucho más, en defensa y seguridad. El mensaje es hegemónico. La guerra ruso-ucraniana ha empujado esta narrativa sobre la base de los hechos. Y el trumpismo, plasmado ya por escrito en la estrategia de seguridad nacional estadounidense que acaba de imprimirse, no deja otra opción: los países europeos han de pagar de su propio bolsillo su escudo de seguridad. Cosa sabida. También lo es que el insistente discurso sobre la necesidad de “más Europa” casa mal con los intereses propios de cada nación comunitaria.
El sector de la defensa debe ser inatacable para ganarse el acompañamiento de la opinión pública
En este contexto, ha hecho fortuna la idea de que España necesita un campeón nacional de la industria de seguridad y defensa que actúe como tractor del sector y asegure la autonomía estratégica. Este papel el Gobierno lo ha adjudicado a Indra. El Estado como actor principal del mercado está de regreso a través de la SEPI y de las adjudicaciones. Conviene en este proceso estar atentos a una cuestión principal: que los intereses generales no sirvan de coartada para favorecer los particulares. Las inversiones en seguridad y defensa necesitan de una firme comprensión y acompañamiento de la opinión pública. Y para limitar el alcance destructivo de la demagogia, siempre presente en estas cuestiones, hay que actuar con una pulcritud de fondo, pero también de forma, que resulte inatacable.
Por eso es de especial relevancia el conflicto de interés que se vive en Indra. Su presidente, Ángel Escribano, empuja el proceso de absorción de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), de la que son propietarios él mismo y su hermano, Javier Escribano, este último también consejero de Indra. Los Escribano son también los segundos accionistas de Indra, por detrás de la SEPI. Así que en esta operación son a un tiempo compradores y vendedores. Están sentados a ambos lados de la mesa.
La cuestión ha tensionado enormemente el consejo de administración de Indra, en el que las dimisiones y las entradas y salidas –voluntarias o no– han sido una constante. La absorción debía ser una realidad ya en el 2025. Pero las opiniones reticentes dentro de la propia empresa y la disparidad de criterio entre facciones gubernamentales la han desplazado como mínimo hasta la primavera del 2026.
El último movimiento accionarial que se produjo en EM&E fue la recompra en el 2023 por parte de los hermanos Escribano de un paquete de acciones que estaban en posesión de un fondo omaní. En esa compraventa la compañía se valoró en 100 millones de euros. Ahora se manejan cifras que alcanzan hasta los 2.000 millones. Lo que significa que, en el escenario más oneroso, Indra estaría comprando la empresa de su presidente y de un miembro de su consejo por un importe 20 veces superior al que esta tenía hace tres años. Si no estamos ante un pelotazo, se le parece mucho.
Lee tambiénTirar el partido en Extremadura
Se insiste desde Indra en que se está haciendo todo lo que exige el buen gobierno corporativo en estas situaciones. Pero aunque así sea, la legítima sospecha es inevitable. Además, no es ningún secreto que el mundo corporativo tiene herramientas formalistas para pintar muy bien la mona cuando conviene.
Por mucho argumentario que se facilite al mercado, el fondo del asunto no cambiará. Indra, con el Estado como primer accionista, es lo que es por los contratos públicos que se le adjudican, exactamente igual que EM&E. Ambas operan en el cautivo mercado del presupuesto público. Pretender dibujar esta futura absorción como un negocio puro entre privados es irreal, pues en el fondo los mimbres son los de una operación tutelada por el Ejecutivo. De ahí que resulte de lo más conveniente guardar las formas. Pero no es lo que se está haciendo. Y no es este el mejor prólogo para ganar la confianza que debe acompañar al importante desembolso que va a producirse en seguridad y defensa en los próximos años. Gasto que deberá contar, sí o sí, con el apoyo firme y continuado en el tiempo de la sociedad española.